Cuando ha transcurrido un año desde las últimas Paso, aún resuena en la memoria aquel eslogan de campaña que utilizó el Frente de Todos para conquistar a los votantes: “Vamos a volver para ser mejores”.
El tiempo de gobierno transcurrido nos mueve a reconsiderar aquella arenga a la luz de la grave afectación a la calidad institucional y la independencia del Poder Judicial tendiente a lograr la impunidad ante hechos de corrupción. Sumado a los ataques a la libertad de prensa y de expresión, la descalificación a quien piensa diferente, el estado de la economía en general -con pronóstico reservado para cuando pase la pandemia-, todo conduce a una lamentable profundización de la grieta. Las formas respetuosas y los llamados a la unidad de los argentinos del discurso inaugural son un telón desteñido, ocho meses después.
La reforma judicial se instala incluso como pantalla de todos los pequeños movimientos que en el terreno de la Justicia se vienen empujando. Tal el caso del traslado de magistrados a cargo de juzgar casos de corrupción durante los sucesivos gobiernos del matrimonio Kirchner, con el obvio propósito de desmantelar los juicios en marcha para confirmar la pretendida “absolución de la historia” enarbolada por la entonces vicepresidenta electa durante una audiencia judicial. Como era de esperar, el Gobierno se encamina a consolidar su estrategia en todas aquellas áreas caras a sus inclinaciones ideológicas. En medio del endurecimiento del cepo cambiario, el Banco Central dictó normas que crean un privilegio irritante para un grupo reducido, como ya denunciáramos desde estas columnas. Se autorizó así a las llamadas “víctimas del terrorismo de Estado” que residan en el exterior a acceder al mercado de cambios para comprar dólares al tipo oficial sin el recargo del impuesto Pais por el monto de lo que reciben en concepto de indemnización.
La hipocresía es doble. Por un lado se compensa con dinero de los contribuyentes a numerosas “víctimas” que no fueron sino terroristas que atacaron violentamente blancos civiles y militares, incluso durante el gobierno constitucional de Isabel Perón. Por otro, se los exime de la limitación que rige para los demás ciudadanos autorizados a comprar solo 200 dólares por mes, con un recargo del 30 %.
En la misma línea se inscribe un proyecto de ley para declarar imprescriptibles en forma retroactiva los reclamos indemnizatorios contra empresas por presuntas violaciones a los derechos humanos durante el último gobierno de facto, con el objeto de revertir la jurisprudencia de la Corte, que no extendió esa imprescriptibilidad a las acciones civiles. Se trata de casos en los que la empresa es acusada de colaborar con las fuerzas policiales o militares en la detención de empleados sospechados de actividades terroristas, situaciones que ya hemos visto cómo quedan a merced de una Justicia amañada y renuente a investigar debidamente. El objetivo es obvio: despejar el camino hacia una nueva veta de negocios, en especial para ciertos abogados y gestores, ávidos de hacerse de sumas millonarias a costa de las principales empresas.
La hipocresía política no tiene límites. Asistimos a ataques incendiarios contra la Gendarmería, responsabilizándola por la desaparición de Santiago Maldonado, pese a que quedó rotundamente probado que murió ahogado. Los mismos sectores que dicen defender los derechos humanos, al igual que el Gobierno, se han desentendido de la desaparición de Facundo Astudillo Castro en la provincia de Buenos Aires, no obstante las fuertes sospechas de responsabilidad que recaen sobre policías distritales.
Días atrás murió de un infarto Sergio Nardelli, presidente de la empresa Vicentin, en el centro de las miradas cuando el Gobierno quiso intervenirla con fines expropiatorios. El propio presidente reconoció su error al haber pensado que cosecharía aplausos con su decisión. Si en lugar de un estresado empresario quien hubiera fallecido hubiera sido un militante político de izquierda, muy posiblemente estaríamos asistiendo a manifestaciones de protesta argumentando que murió producto de torturas psicológicas derivadas de la presión estatal.
Redoblar la apuesta es ir por todo. Nunca nos engañaron. A menos que alguno crea que estaban dispuestos a enderezar un rumbo marcado por los intereses personales de unos pocos para alinearse detrás del de la Nación. Ciertos afanes de superación no tienen límites. Hay que marcárselos.
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