El viernes 21 de agosto el presidente Fernández sorprendió con el anuncio del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que declaró servicios públicos a la telefonía, internet y la televisión paga y congeló las tarifas de esas prestaciones hasta el próximo 31 de diciembre.
Las telecomunicaciones, al igual que el resto de los servicios públicos, fueron desarrolladas por inversión del Estado argentino durante años y privatizadas en los 90 por iniciativa y votación del mismo partido político que hoy gobierna.
El acceso a la tecnología, en este caso de información y comunicación, hace al desarrollo integral de la persona humana, lo que convierte a este servicio en un “derecho esencial” cuya accesibilidad y calidad debe ser garantizada por el Estado. En la actualidad millones de compatriotas no tienen garantizado ese derecho.
En los servicios públicos, la densidad de usuarios define costos y calidad de prestación, o sea que las localidades de menor población y/o más alejadas de los grandes aglomerados urbanos tienen costos de servicios más altos y/o de menor calidad. Ahí el Estado debe concurrir para garantizar el acceso en calidad y precio justo.
La infraestructura del servicio de Tics tiene rápido envejecimiento tecnológico, dada su velocidad de innovación y desarrollo, y debe estar integrada a escala global por lo que su servicio exige inversiones constantes a largo plazo para mantener los niveles de calidad. Para ello es necesaria la inversión privada que demanda un diseño normativo: seguro, sistémico, transparente y previsible. Ahí está la principal controversia con el DNU, dada la débil institucionalidad que lo envuelve, la que aumenta la incertidumbre y puede fulminar la posibilidad de inversión. Véase la caída del financiamiento internacional por USD 600 millones a una de las compañías prestadoras mayoristas a raíz de su dictado.
Modificar una ley por DNU debería ser la excepción. El Gobierno pretende convertirlo en la norma. Eso vulnera la república, empaña la transparencia, profundiza la inseguridad jurídica y aleja las inversiones que nuestra economía necesita para reorientarnos hacia el progreso con equidad. Los cambios de reglas deben hacerse de formas abiertas al debate y la opinión previa de todos los sectores involucrados, particularmente escuchando a los usuarios.
Los argentinos hemos experimentado, en esta etapa de recuperación democrática, diferentes estadíos en lo referido a la prestación de los servicios públicos con diferentes características de prestadores, calidad y precio. Tuvimos servicios públicos: estatales con accesibilidad amplia, precios bajos y deficiencias de calidad en los 80; privatizados en los 90 con regulaciones laxas y controles débiles que favorecieron concesionarias con alta rentabilidad, baja inversión y calidades diferenciadas por precio y lugar geográfico. El quiebre de la convertibilidad desmoronó el andamiaje privatizador y abrió paso al populismo tarifario manteniendo las concesiones privadas que derivaron en el colapso macroeconómico y de la calidad de las prestaciones en los 2000, del que, aún hoy, arrastramos sus consecuencias negativas. En telecomunicaciones, la ley 27.078 derogó el decreto ley de la dictadura, en 2014, y definió un escenario de competencia, habilitando la convergencia de redes y reforzando el rol del Estado como regulador. Lamentablemente dejó puntos claves librados a su reglamentación que inhabilitaron el consenso de la oposición.
Fue un paso adelante pero no resolvió la accesibilidad con calidad y precio justo a los servicios de las Tics. La cantidad de abonados con telefonía celular disminuyó, aumentando, dentro de ella los servicios prepagos (más caros y de mayor uso en los sectores de menores ingresos), y la conectividad a internet aumentó, ambos con las tecnologías disponibles, muchas en estado de desuso tecnológico, lo que afecta la calidad del servicio, principalmente en el interior del país.
La ley “Argentina Digital” define el Fondo Fiduciario del Servicio Universal (1% de todas las tarifas percibidas por las prestatarias) que, a hoy, acumula más de $12.000 millones) que deberían utilizarse de manera federal para un plan de inversión en infraestructura tecnológica que garantice calidad y precio justo en el acceso a los servicios Tics de todos los argentinos. Sin la conjunción inteligente del Estado y el mercado, establecida como política de Estado, no lograremos los objetivos de disponibilidad tecnológica en un marco de igualdad.
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