Gravedad y gravidez

Por Emilio Zola

Especial Para El Litoral

En lo que podría parangonarse con la culminación de un período de gravidez, Alberto Fernández alcanzó los nueve meses de gestión golpeado por una grave caída de su índice de popularidad. Suena parecido, pero gravedad nada tiene que ver con la ansiada y a la vez inexistente gravidez de las reservas federales, sino con la implacable ley física que, traspolada al mundo de la política, convierte a los funcionarios más encumbrados en manzanas de Newton cuando los errores evitables se combinan con un contexto global inmarcesible.

Por estas horas, el jefe de Estado afronta esa regla de la historiografía nacional, según la cual todo presidente experimenta un proceso de corrosión que mella su autoridad en forma proporcional a la intensidad de los temblores institucionales, financieros y sociales acaecidos durante su mandato, actualmente trepanado por una obsesión dolarizante que impulsa a la argentinidad con capacidad de ahorro a despojarse de sus pesos. Entretanto, el 45 por ciento empobrecido sufre la condena de “Cafetín de Buenos Aires”: en un azul de frío, con la ñata contra el vidrio, ven discurrir el acelerado deterioro de su calidad de vida.

Así están las cosas en la Argentina de este 2020 inimaginado, con todos los proyectos trastocados por una pandemia que alteró el ritmo de vida de la humanidad, al tiempo que demostró las consecuencias de un sistema cuyas desigualdades fueron certificadas con el contraste de la muerte, pues no hay respiradores para todos y no hay hospitales para todos; ni siquiera hay tumbas para todos.

Alberto y su heterotónico Frente de Todos, tan útil para ganar pero no tanto para gobernar, tuvo sin embargo aciertos que en tren de balances prolongan sus chances de recuperar la credibilidad perdida. Veamos dos: 

Un freno a la pandemia

En marzo del 2020 el Gobierno nacional adoptó medidas eficaces que frenaron el ritmo de la pandemia de coronavirus. Entre esas acciones se destacó la cuarentena cerrada que, aunque perjudicó a la actividad comercial y productiva, ralentizó por al menos tres meses la curva de contagios que en otros países del mundo se cobraba miles de vidas y ponía en crisis a los centros sanitarios. 

En ese tiempo, tanto el país como las provincias pudieron equipar los sistemas de salud de cada jurisdicción con respiradores y otros dispositivos indispensables para enfrentar una escalada brusca de covid-19 que pudiera desbordar la capacidad de atención de los hospitales. Ese objetivo contó con un alto nivel de consenso social por lo menos en los primeros meses de las restricciones, aunque en la actualidad todas las disposiciones se hayan tornado más difusas y son acatadas más desde la voluntad que desde la obediencia.

Reprogramación de la deuda

Desde que asumió, el 10 de diciembre del 2019, Alberto se puso como meta central de su gestión destrabar los múltiples inconvenientes económicos provocados por una deuda externa sin precedentes, tomada por la Argentina en la era macrista con el objetivo de motivar inversiones productivas que finalmente no se concretaron. Si bien la gran mayoría de los ciudadanos desconoce las razones técnicas por las cuales el endeudamiento afecta negativamente el funcionamiento de los procesos económicos internos e incluso domésticos, la gente entendió que para estar mejor era indispensable que nuestro país lograra negociar con sus acreedores nuevos plazos para prorrogar el pago de tales obligaciones. 

Este objetivo se cumplió a principios de agosto del 2020 gracias a un acuerdo que benefició al país con una reducción de 37.000 millones de dólares en concepto de intereses y un plazo de gracia que se extiende hasta 2024. Se supone que al finalizar la pandemia esta reprogramación le permitirá a la Argentina ser considerada por los inversores para instalar emprendimientos productivos que posibiliten una mayor competitividad en el mercado exportador, con ingreso de divisas ya no por la vía del endeudamiento sino gracias a la comercialización de commodities.

Pero, siempre hay un pero

En el mismo calibre de sus logros, el desgaste prematuro de la maquinaria gubernamental era una consecuencia esperable, dada la inercia actitudinal de un presidente pendular que dice cosas que no hace y hace cosas que no dice. Allí, en ese movimiento desconcertante que por momentos lo cristiniza y en otras oportunidades lo unge con la moderación tan celebrada por los votantes independientes, se activan las cuchillas que van licuando su imagen. Vamos con dos ejemplos:

Fallida expropiación de 

Vicentin

El Presidente intentó en abril del 2020 avanzar con el proceso de expropiación de una de las industrias más importantes del país: la aceitera santafesina Vicentin. Se trata del sexto exportador de alimentos de la Argentina y el decreto presidencial que dispuso la intervención de la empresa nunca se pudo aplicar por completo debido a la fuerte resistencia social que despertó la medida. La posición mayoritaria de la ciudadanía tuvo que ver con el hecho de que en nuestro país existe un fuerte apego por el derecho a la propiedad privada y también una profunda valoración de los emprendimientos que nacieron a partir del esfuerzo familiar de los pioneros, como es el caso de Vicentin, que surgió hace 80 años en Reconquista. 

Aunque las razones que explicó en su momento el Gobierno para intentar la expropiación tenían una motivación atendible (millonaria e impagable deuda con el Banco Nación) la medida aplicada mereció una enérgica reprobación al punto de motivar marchas multitudinarias en defensa de la empresa. Finalmente el Gobierno debió meter violín en bolsa y derogó el decreto expropiador.

Recorte de coparticipación a Caba

A mediados de septiembre Alberto redujo unilateralmente y sin previo aviso la coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para ceder esos fondos, calculados en 30.000 millones de pesos anuales, a la provincia de Buenos Aires. El motivo de esta decisión fue una protesta iniciada por la Policía bonaerense en reclamo de aumento de sueldos y mayores equipamientos. 

El Gobierno Nacional actuó bajo la presión de una sublevación policial que llegó a rodear la Residencia Presidencial de Olivos, lo que impulsó a políticos de distintos partidos oficialistas y opositores a respaldar la autoridad presidencial en defensa del sistema democrático. Sin embargo, la solución que eligió el Poder Ejecutivo Nacional (el recorte de recursos a otro distrito del país) recibió fuertes críticas de distintos sectores sociales y políticos no tanto por la medida en sí misma sino por los métodos elegidos: la decisión se aplicó por decreto, sin que el jefe de Gobierno de Caba pudiera dar sus razones para defender los recursos que le estaban quitando. 

El argumento de la Nación para reducir coparticipación a una jurisdicción con el fin de dárselos a otra fue que la primera es “rica” y la segunda es “pobre”, pero ninguno de los dos extremos son asertivos, sino relativos. Lo cierto es que el decreto sentó un precedente funesto para las demás provincias, a menos que la Corte Suprema falle a favor del reclamo presentado por el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta.

Conclusión

Definir cuál medida de gobierno sacia la demanda social o, por el contrario, defrauda la expectativa de los ciudadanos, es sumamente complejo en una Argentina configurada en modo “grieta”. Se han perdido los matices, las mesuras y las equidistancias, en un hábitat enrarecido por la confrontación que el propio Gobierno profundizó con sus últimos movimientos, entre los cuales se cuenta el desplazamiento de jueces desde el Senado y la anunciada marcha de “las personas de bien” en la pospandemia. La política, entendida como el arte de la construcción de consensos para avanzar hacia el bien común, brilla por su ausencia mientras el Banco Central paraliza la noria de la economía con el cepo del cepo del cepo. Y como resultado, la metafórica gravidez de estos nueve meses albertianos, en vez de gestar un proceso de reconciliación, engendró un teratoma del desencuentro, cabalmente interpretado por el bochornoso burlesque del “dipumamífero”.