Las idas y venidas habituales del Gobierno en delicadas cuestiones podrían teñir de ambigüedad los resultados aparentemente satisfactorios de la reunión que el Presidente y la Mesa de Enlace de las entidades agropecuarias mantuvieron en la Casa Rosada. Privilegiemos, sin embargo, sin distraernos por una vez en antecedentes, la satisfacción con la cual los visitantes se refirieron al salir respecto del diálogo con Alberto Fernández.
El hecho de que se hayan encontrado de nuevo después de la entrevista de fines de diciembre de 2019 constituye, al menos, un síntoma de que el Gobierno pudiera estar predispuesto a hallar fórmulas de acuerdo en temas abiertos con el sector más dinámico de la economía argentina. Un aumento de las retenciones o la reinstauración del cepo que traba exportaciones esenciales para el Estado carente de crédito externo y con reservas de divisas prácticamente agotadas no sería solución razonable para nadie.
Por veteranía política, el Presidente está experimentado en lo que significan las auténticas representaciones gremiales de una actividad y lo que se deriva por la picardía de ignorarlas o sustituirlas por otras de cartón pintado. El miércoles habló, por fin, con los dirigentes de las cuatro entidades -la Sociedad Rural, CRA, Coninagro y la Federación Agraria- que asumen orgánicamente la tarea de expresarse en nombre de los productores. No todos se sienten, entre estos, representados por esas entidades, como el grupo de autoconvocados que ha demostrado desde la crisis de 2008 contar con un número apreciable de adeptos.
Son los que piden más energía frente a las políticas muchas veces avasallantes del Estado, pero que olvidan la importancia de la institucionalidad en todos los órdenes y lo que vale la atinada paciencia, no exenta de firmeza y convicciones, que corresponde al comportamiento natural de quienes reflejan al frente de entidades de larga data la sensibilidad de una vasta franja de la ciudadanía. Algún revoltoso ha dicho estos días que el ruralismo solo es el 7 por ciento de la población. Olvidó decir que en el mundo civilizado se ha reducido considerablemente el número de quienes habitan en el campo; en los Estados Unidos, en vez del 7 es el 3 por ciento. Han cambiado por todos lados los hábitos culturales y fortalecido la atracción de las urbes. En el caso particular de la Argentina, a esto se ha sumado el deterioro pasmoso de la infraestructura rural y la inseguridad física creciente por debilidad y desidia del Estado frente al crimen, que atemoriza más en los lugares aislados y distantes para un auxilio inmediato.
Pero peor que el olvido es el desconocimiento o la mala fe. Si se quiere dar cátedra sobre el campo ha habido tiempo más que suficiente -dos años- para notificarse de que, según los últimos datos fehacientes, los de 2018, el total de las cadenas agroalimentarias generaban 3.710.876 puestos de trabajo. Esas cadenas se extienden desde los insumos y las maquinarias agrícolas hasta la producción, industrialización y comercialización de carnes, lácteos, cereales, oleaginosas, bioetanol y biodiésel, más la forestación y rubros específicos de las economías regionales.
En el clima cordial en que, según todas las referencias, transcurrió la reunión con el Presidente, los visitantes refutaron el criterio de que el aumento de precios de los alimentos -preocupación compartida por las partes- sea consecuencia de un supuesto acoplamiento de los precios nacionales con los internacionales. Lo había expuesto así Cecilia Todesca, vicejefa de Gabinete.
Mejor sería que quienes abuchean al campo se preguntaran cómo reaccionarían si el Estado se quedara con sus rentas en los términos en que lo hace, de acuerdo con un estudio de Fundación Agropecuaria para el Desarrollo sobre datos de diciembre de 2020, el 64% en el caso de la soja, 49,7% en maíz, 55,2% en trigo y 49% en girasol (...)
(...) En suma, el hecho de que el Presidente haya dialogado con la Mesa de Enlace en circunstancias de tensión es para celebrarlo, pero no basta. En las sesiones ulteriores de trabajo compartido, que cabría presidir al secretario de Agricultura y Ganadería, deberán lograrse consensos que aseguren el trato justo y equitativo con un sector del país que realiza contribuciones como que el más al interés general de los argentinos.
