No hay ninguna novedad en decir que las Paso no han cumplido en el país el propósito para el que fueron pensadas. La enorme mayoría de las candidaturas que se presentaron para competir en elecciones primarias abiertas y simultáneas desde 2009, año de sanción de la ley que las creó, fueron producto de la elección a dedo de los líderes de los partidos o alianzas y no el resultado de la competencia directa en las urnas que permitiera a los ciudadanos, entre un abanico de posibilidades, elegir aquella que consideraban mejor. Por esa misma razón, habiendo estado casi predeterminada la mayoría de las fórmulas y listas de postulantes a cargos electivos, las Paso solo sirvieron como una gran encuesta previa a las elecciones generales, con costos altísimos e injustificables.
Su eliminación o reemplazo debe ser producto de un amplio consenso y no, como ha venido sucediendo en los últimos años, de las eventuales urgencias políticas de quienes vislumbran que no resultarán favorecidos en una inminente contienda electoral y, por tanto, reclaman su suspensión o directamente su eliminación.
En esta ocasión, entre quienes piden cancelar las previstas para este año, están los que sostienen que no podrá garantizarse la seguridad sanitaria en medio de la pandemia. Es un argumento falaz: muchos países han celebrado ya comicios generales sin que esa realidad se haya convertido en un impedimento o derivado en una multiplicación de contagios. Las excusas, más bien, transitan por otros carriles menos sanitarios. Es sabido la existencia de profundas diferencias respecto de las Paso dentro del propio partido gobernante. Mientras la mayoría de los mandatarios provinciales y varios legisladores del oficialismo reclamaron su suspensión al presidente Alberto Fernández, otro sector liderado por la agrupación La Cámpora rechaza de plano esa posibilidad.
En cuanto a los gobernadores, el cálculo es más que pragmático: temen especialmente perder escaños en el Congreso de la Nación entre uno y otro llamado electoral, calculan que con la anulación de esos comicios se evitaría la polarización extrema que suele perjudicar las ambiciones de muchos oficialismos provinciales y quieren evitar que resulten ventajosas para la oposición, ya que suelen ordenarle su oferta electoral. La Cámpora, en tanto, defiende las primarias en la confianza de que podrían permitirle ampliar su número de bancas y fortalecer así el proyecto político que viene consolidando en varios distritos y, especialmente, dentro del Gobierno nacional, donde cada funcionario que cae es reemplazado por un camporista. Y hay otro motivo de peso en el sector amadrinado por Cristina Kirchner para rechazar la suspensión: las Paso fueron creadas como una panacea electoral a instancias de Néstor Kirchner durante su presidencia. Derogarla sería ir en contra de aquel precepto.
Lo cierto es que, a pedido de una decena de gobernadores, el presidente Alberto Fernández habilitó el debate para suspender las Paso, dentro del temario de sesiones extraordinarias del Congreso. Si bien en un principio el jefe del Estado se mostraba públicamente en favor de la derogación, hoy se exhibe prescindente en esa arremetida y ha derivado en gobernadores y legisladores la obtención de la mayoría necesaria para lograr tal objetivo.
El hecho de que haya incluido el tema en extraordinarias habla ciertamente de algún apuro por resolver la cuestión, pero el presidente es consciente de que los votos no están garantizados para forzar hoy una modificación de ese tipo. Una vez más, el jefe del Estado parece ofrecer a cada sector lo que quiere escuchar. Como hemos dicho en otras ocasiones, pretender aplicar reformas electorales de apuro y para que rijan dentro de un mismo período gubernamental es vulnerar la imprescindible seguridad jurídica. La previsibilidad y el conocimiento informado de los electores son elementos que permiten reafirmar esa máxima en cada proceso electoral. En este delicado terreno, el Gobierno vuelve a mostrar cuáles son sus auténticas prioridades. El cambio de las reglas no debe ser manipulado en beneficio de una parte de la dirigencia política y en contra del derecho de los ciudadanos.
