El escándalo por sobreprecios que involucró al ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, a principios del año pasado, tuvo su nuevo capítulo judicial a partir del pedido del fiscal Guillermo Marijuan al juez Sebastián Casanello para que dicte el sobreseimiento de Arroyo y de otros imputados.
En la denuncia se los acusaba de haber autorizado sobreprecios en compras directas de alimentos durante la primera etapa de la pandemia de coronavirus.
Marijuan descartó la “existencia del delito” y pidió sobreseer a Arroyo y a otros 15 denunciados, entre los que se encuentran funcionarios de ese ministerio y titulares de las empresas alimenticias, de acuerdo al texto.
“De un análisis de las contrataciones por emergencia objeto de investigación y el resultado de las diligencias adoptadas durante la instrucción del sumario, esta parte no advierte la comisión de conducta ilícita alguna por parte de los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y los responsables de las empresas jurídicas intervinientes”, concluyó el fiscal.
Respecto a los presuntos sobreprecios, fue tajante al afirmar que “tampoco existe elemento alguno que permita sospechar la existencia de un acuerdo previo de precios por parte de los oferentes, tal como se sospechara en la denuncia”.
Y aclara: “En la mayoría de las contrataciones denunciadas, los valores de los oferentes resultaron semejantes a aquellos precios testigos fijados por la Sigen”.
(JML)
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