Mercosur, ¿un proceso de integración?

Marcelo Pucciariello

Lic. en Comunicación Social

Adrian Ojeda

Lic. en Relaciones Internacionales

El Mercosur es resultado de un proceso integracionista que empezó a gestarse en la década de 1960, cuando en América Latina surgen ideas en torno a la búsqueda de autonomía para diseñar las políticas exteriores del continente. La experiencia tuvo su auge entre finales de 1970 y principios de 1980, y presentó a la integración como eje para lograr ambiciosos objetivos.

El contexto sirve para comprender cuándo, por qué y para qué se ideó el Mercosur, aunque su formalización se daría recién en 1991: el 26 de marzo, más precisamente, con la firma del Tratado de Asunción por parte de los presidentes Carlos Menem, de Argentina; Fernando Collor de Mello, de Brasil; Andrés Rodríguez, de Paraguay; y Luis Lacalle Herrera, de Uruguay. No obstante, 30 años después, es posible determinar que su desarrollo nunca terminó de concretarse y, en muchos casos, quedó subsumido a cumbres formales y meras declaraciones.

Su creación y aplicación en la vida socioeconómica de sus países miembros ha sido, y sigue siendo, pasadas tres décadas, un tema complejo. Los profundos avances en tecnología, ciencia, infraestructura, comunicaciones y geopolítica, de hecho, no hacen más que sumar, diariamente, nuevos desafíos a todo el bloque. Esto, por supuesto, crea oportunidades pero también profundiza las asimetrías y, en consecuencia, los problemas.

Uno de los objetivos fundacionales del Tratado de Asunción es la integración de la economía de las naciones firmantes para ser más competitivas en  el mercado internacional, abordando el desarrollo económico con justicia social para mejorar la calidad de vida de los habitantes.

Aquí hay un primer elemento para analizar: ¿Mejoró el poder adquisitivo de la sociedad y, consecuentemente, la calidad de vida medida en términos de PBI per cápita? Según datos del Banco Mundial 1 , al 2019 -último relevamiento realizado- los cuatro países firmantes del Tratado de Asunción lo han hecho, aunque en términos completamente diferentes: Uruguay creció un 358% -de 3578 a 16.375 U$D-; Paraguay, un 236% -de 1611 a 5415 U$D-; Brasil, aumentó un 120% -de 3975 a 8751 U$D- y finalmente Argentina lo hizo en un 72% -de 5735 a 9890 U$D-. Lo que cabe preguntarse, entonces, es si esto se logró como consecuencia del Mercosur o a pesar de, ya que el diferencial del índice de crecimiento entre los extremos -Uruguay y Argentina- es muy pronunciado: 286%. Bien vale indagar, además, si la estabilidad institucional uruguaya favoreció esta mejora, así como la política macroeconómica lo hizo con el Paraguay y su tamaño e incidencia colaboraron con los brasileños.

En lo que respecta al Índice de Desarrollo Humano -IDH- medido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) hay, también, datos interesantes. Nuevamente, haciendo la comparación 1991/2019 2 se observa un cambio, aunque en este caso en sentido contrario: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay empeoraron sus números. El IDH, que mide el nivel de vida digna, larga, saludable y estimulante que tiene una sociedad, demuestra que los países fundadores del Mercosur han cedido posiciones en la tabla frente a, por ejemplo, los tigres asiáticos: Corea del Sur, Hong Kong, Singapur y Tailandia han venido experimentado un marcado proceso de industrialización y tecnificación con altas tasas de crecimiento y desarrollo cuando, en 1991, la

ubicación en la tabla era relativamente cercana. En promedio, mientras en 1991 los tigres ocupaban el puesto Nº43 en el IDH, el Mercosur estaba en el Nº63 -20 lugares de diferencia-, frente a los puestos 29 y 72 de 28 años después -¡43, más del doble!-.

En este sentido, ¿cuál es el factor que favoreció a los orientales? ¿El nivel de apertura económica? ¿La articulación público-privada? ¿La eficiencia del Estado? ¿La responsabilidad del empresariado? ¿Su seguridad jurídica? ¿Su régimen impositivo? Sea cual fuere la respuesta, el tema reviste interés: en 1980, por caso, los asiáticos eran eminentemente agricultores y con sociedades poco propensas al consumo, cuando en América Latina había no una economía más vibrante pero sí una sociedad cohesionada, con aspiraciones y consumos que permitían prever un futuro mejor. No obstante, no fue así.

No podemos desconocer las asimetrías estructurales tanto desde lo económico como lo social que existen entre los países miembros, lo que no solo limita potenciales beneficios sino que dificulta las probabilidades de que los Estados asuman un compromiso regional a favor de la resolución de problemas comunes.

Por otra parte, debemos destacar que una de las mayores debilidades del bloque es su sistema intergubernamental que, en términos generales constituye un condicionante para tomar decisiones ya que restringe la participación efectiva de actores de relevancia, como los gobiernos provinciales/estaduales o municipales/locales, además de otros actores de la sociedad, como las cámaras empresarias, los sindicatos, las universidades y las organizaciones no gubernamentales. En este sentido, los miembros del Mercosur prefieren una estructura institucional relajada con el objetivo de que no se establezca una integración burocrática -es decir, burocracias que se encuentren alejadas de los niveles de toma de decisiones nacionales y se tornen difícilmente

controlables-. Queda muy claro: hay un temor latente en la delegación de poder, por lo que los gobiernos optan por concentrar ellos mismos estas atribuciones y enmarcarlas dentro de sus políticas intergubernamentales.

¿Entonces?

A 30 años de su creación, el Mercosur se encuentra signado por un nuevo momento crítico: la pandemia del COVID-19. Acoplada a los problemas preexistentes, evidencia la falta de un criterio unificado para enfrentarla: hubo escaso trabajo conjunto en las ciudades de frontera, los pasos

internacionales y, más recientemente, nulo en la adquisición de vacunas, el bien más escaso y demandado del momento. Para combatir al coronavirus, las políticas sociosanitarias de los países han sido unilaterales y aisladas, aún sabiendo que la región sigue siendo la más desigual del mundo y, de acuerdo a estudios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe -CEPAL-, experimentará una de los mayores impactos económicos.

De seguir esta inercia, el proceso de integración del Mercosur tiene fecha de caducidad; más aún si consideramos que la pandemia dejará -ya está viéndose-, profundas crisis que, dependiendo de los contextos de cada país, podrían desembocar en conflictos políticos -en Paraguay ya se está

viendo. ¿Y Brasil, ante la situación límite que atraviesa? ¿Y Argentina, en caso de querer retornar a una cuarentena restrictiva?- Es probable, por tanto, que a la par que aumente la conflictividad en la región surja una diplomacia light para ocuparse de los asuntos más burocráticos que tiene el bloque regional.

También debemos decir que la crisis del COVID-19 puede representar una buena oportunidad para superar la improvisación como herramienta “de solución” a problemas estructurales que, a su vez, permite poner el foco en la construcción de una identidad regional homogénea, moderna, con una agenda de futuro que centre sus estrategias en el abordaje integral de políticas regionales comunes, con impacto real en la vida de cada ciudadano.

Por el momento histórico que atraviesa la humanidad, pero también por cuestiones políticas, sociales y culturales, el Mercosur debería trabajar en estrategias que lo lleven a consolidarse, más que como un bloque económico, como espacio garante de estabilidad política, seguridad jurídica y posibilidades de cooperación internacional que atraigan inversiones, generen empleo, hagan más competitiva la economía y, como consecuencia, se mejore la calidad de vida.

Si el trabajo no se emprende ahora, a 30 años de la firma del Tratado de Asunción, con lo simbólico que esto representa y la oportunidad que el mundo ofrece, quizá debamos acostumbrarnos a que el Mercosur sólo será una cumbre cada seis meses que se agota en una foto de presidentes mirando a cámara, sonrientes.