El porqué del recálculo de Alberto Fernández ante Pfizer

Por Fernando Laborda

Publicado en La Nación

La decisión del presidente Alberto Fernández de buscar una salida que permita destrabar el conflicto que impide el arribo de las vacunas contra el coronavirus de los laboratorios estadounidenses es una respuesta a un desgastante proceso que solo estaba minando aceleradamente la confianza en el gobierno nacional ante los problemas derivados de la insuficiente cantidad de dosis que están llegando al país.

Tan fuerte presión de la sociedad y los dardos de la oposición han podido más. Un gobierno en modo electoral no puede darse el lujo de seguir viendo declinar la imagen de su gestión y perder apoyo por aferrarse a caprichos que se explican por cuestiones ideológicas antes que por la defensa de los intereses soberanos del país.

Los sondeos de opinión pública, además de una franca caída de la imagen positiva del presidente de la Nación, dan cuenta de un ostensible nivel de insatisfacción de la sociedad con la política sanitaria de las autoridades nacionales.

En tal sentido, la última encuesta de Giacobbe & Asociados, concluida el 18 de junio entre 2500 personas consultadas, indica que, para el 59,1% de la población, el factor determinante del elevado número de casos y muertes por Covid-19 son las decisiones políticas del Gobierno. El 37,3% lo atribuye a la poca responsabilidad de la gente y solo el 3,1%, a los poderes internacionales que administran las vacunas.

Anoche, luego de una jornada donde el oficialismo fue objeto de severas críticas por su rechazo en la Cámara de Diputados a un proyecto para modificar la ley de vacunas y posibilitar la llegada de dosis de laboratorios norteamericanos como Pfizer, trascendió que el presidente Alberto Fernández se disponía a firmar un decreto de necesidad y urgencia tendiente a superar los escollos legales que dificultaban un acuerdo con los proveedores de vacunas de los Estados Unidos.

De confirmarse, el giro del Gobierno no solo obligará a no pocos representantes del oficialismo a olvidarse de la despectiva letra de la canción de Ignacio Copani contra quienes abogaban por la llegada de las vacunas de Pfizer. También dejará la sensación de que las autoridades nacionales han recalculado o reculado frente al clamor de un vasto sector de la sociedad que exige vacunas, sin importar su procedencia, para hacer frente a una pandemia cuya solución no pasa por sumar cada vez más restricciones a la circulación, sino por la necesidad de profundizar la vacunación y los testeos.

Si bien desde el Gobierno se aclaró que en ningún momento se cortó el diálogo con el citado laboratorio estadounidense con miras a un acuerdo para la provisión de vacunas como el que esa compañía ya tiene con más de un centenar de países, todo indica que la presión social tras el fracaso de la sesión legislativa impulsada por diputados de Juntos por el Cambio para modificar la ley de vacunas y garantizar el suministro de dosis a los niños y adolescentes con comorbilidades fue, en definitiva, el desencadenante del cambio del Gobierno.

El principal bloque opositor había impulsado el jueves, en la Cámara de Diputados, un apartamiento del reglamento para que se trataran tres proyectos: uno para quitar la palabra “negligencia” de la ley de vacunas y así destrabar un acuerdo con laboratorios estadounidenses; otro para posibilitar el arribo al país de vacunas destinadas a menores con comorbilidades, y un tercero tendiente a que el Gobierno informe sobre la lentitud del plan de vacunación, en vistas de que hasta ayer se registraban alrededor de cuatro millones de dosis contra el coronavirus que fueron distribuidas y nunca aplicadas a la población.

El rechazo del oficialismo a considerar esas iniciativas provocó una ola de cuestionamientos, extendidos en medios de comunicación y redes sociales. Particular indignación mereció esa negativa ante la situación de niños y adolescentes con enfermedades, que hoy se encuentran desprotegidos frente al covid. La diputada radical Claudia Najul, una de las autoras del mencionado proyecto para favorecer a los menores de edad, explicó que se trata de “chicos que hace un año y medio están totalmente encerrados, encapsulados, separados de sus hermanos y abuelos, y que no ven la calle ni la escuela”, al tiempo que “hay padres que perdieron sus trabajos porque no van a trabajar por miedo a traer el virus a la casa”. La vacuna de Pfizer es por el momento la única habilitada internacionalmente para menores de 18 años.

Rápidamente, en redes sociales se viralizó el hashtag #ConLosChicosNo, sumando presión contra el Gobierno.

El titular de la Comisión de Salud de la Cámara Baja y representante del Frente de Todos, Pablo Yedlin, fundamentó el rechazo por parte del oficialismo al tratamiento del proyecto para modificar la ley de vacunas, señalando que el Gobierno aún estaba negociando con Pfizer.

El principal punto de discordia que ha impedido un acuerdo con ese laboratorio para la provisión de vacunas contra el coronavirus es el articulo 4° de la ley 27.573, según el cual el Gobierno puede incorporar en los contratos “cláusulas que establezcan condiciones de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias relacionadas con y en favor de quienes participen de la investigación, desarrollo, fabricación, provisión y suministro de las vacunas, con excepción de aquellas originadas en maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligencia por parte de los sujetos aludidos”.

La palabra “negligencia”, introducida en ese artículo a requerimiento de la diputada kirchnerista Cecilia Moreau, trabó el contrato con Pfizer, que en julio de 2020, había ofrecido entregar 13,2 millones de vacunas en varios tramos que, hasta hoy, hubiesen garantizado la distribución de unos ocho millones de vacunas en la Argentina, según explicó semanas atrás el gerente de Pfizer en la Argentina, Nicolás Vaquer.

La falta de acuerdo con el laboratorio norteamericano trabó también hasta ahora la llegada a la Argentina de vacunas que el gobierno de los Estados Unidos dispuso donar en América Latina. Así, nuestro país quedó fuera de esa distribución, que hubiera permitido vacunar sin costo a unos 100.000 niños de 12 a 18 años con comorbilidades, y que sí benefició a países de la región como Uruguay, con 500.000 dosis donadas; Paraguay, con 1 millón de dosis; Perú y Colombia, con 2 millones cada uno, y México, con 1,3 millones.

Si la solución, como parece verse ahora, podía alcanzarse con un decreto de necesidad y urgencia, cabe preguntarse por qué no se hizo antes. ¿Acaso era necesario esperar a que tuviéramos casi 100.000 muertos?