El impacto político-electoral de la foto de Olivos comenzará a cuantificarse en cuatro domingos, cuando se conozcan los resultados de las primarias. La imagen, de acuerdo con los primeros sondeos de opinión, tendría algún efecto negativo (en especial en los indecisos) pero no para convertirse en un factor determinante del sentido del voto en las Paso y, menos aún, en las elecciones de noviembre.
De cualquier forma, en tiempos donde existen pocos activos a los que apelar para reformar el rumbo económico, la pérdida de reputación y credibilidad en la palabra presidencial puede dificultar todavía más el camino de salida. Nada es permanente, por cierto, y en política es casi siempre posible cambiar para enmendar un error, pero la reconstrucción de la confianza lleva tiempo. Tiempo del que no dispone la fragilidad macroeconómica sintetizada en la alta inflación y el estancamiento por una larga década.
Una palabra presidencial devaluada dificulta que el escenario postelectoral comience a resolver los desequilibrios de manera ordenada. En concreto, bajar la inflación con consistencia requiere de un plan de estabilización y crecimiento que debe construirse a partir de consensos desde la política y con los diferentes sectores empresarios, sindicales y los movimientos sociales. Lograr sustentos y mayorías demanda diálogos y acuerdos básicos coordinados que sólo se pueden convocar desde la figura presidencial para, desde allí, permear hacia los distintos actores.
No hay experiencia de reformas económicas profundas como las que necesita la economía argentina que no esté basada en reglas e instituciones que las sustenten, muchas de ellas formales (leyes, decretos, regulaciones) y otras plasmadas en un amplio apoyo social. El Plan Austral de 1985 y la convertibilidad de 1991 fueron arreglos macroeconómicos, más allá de sus diferencias conceptuales y los costos generados, que ordenaron las expectativas privadas y resolvieron, en un caso más que en otro, la crisis inflacionaria. En ambos casos, los presidentes de entonces (Alfonsín y Menem) se pusieron al frente y la sociedad se encolumnó detrás.
Sin embargo, una inflación de 40-50% anual no es el mismo animal. En los 80 la inflación mensual podía alcanzar ese porcentaje. La hiperinflación se percibía inminente, los salarios y la actividad se pulverizaban y la política buscaba salidas, desesperadas muchas veces, para evitar el abismo.
En cambio, una herencia del 25% de inflación en el último año de Cristina Kirchner, del 54% en el de Mauricio Macri y del 46% proyectado para 2021, curiosamente, no parecen encender las alarmas en las dirigencias, a pesar de que los ingresos formales perdieron 25 puntos y los de los vulnerables, 35. En la última década el producto por habitante cayó 16 puntos en dólares constantes y la pobreza pasó de 25% a 42% de los argentinos. ¿Qué explica esta adaptación forzosa de la sociedad a una erosión lenta, suavizada apenas imperfectamente por aumentos nominales que, en promedio, no compensan la inflación?
La posibilidad de un reacomodamiento desordenado de los precios relativos desde diciembre (léase, una devaluación guiada por los mercados) depende, en gran medida, de cómo el Gobierno decida transitar estos tres meses hasta las elecciones. Pero también del mismo resultado y de cómo reaccionen Gobierno y oposición. Un triunfo acotado del oficialismo, que mantenga una especie de “empate tenso” en el equilibrio de fuerzas, podría abrir la puerta para un relanzamiento de la agenda tibiamente negociadora de los primeros meses de gestión, en la prepandemia, que incluya votar en el Congreso el acuerdo con el FMI en el primer trimestre de 2022 como hoja de ruta. Cuánto de la retórica incendiaria de estos meses prevalecería en la discusión parlamentaria bajo ese escenario es difícil saberlo, pero sería de un gobierno inteligente volver sobre sus pasos para tender ciertos puentes.
Una renovada retórica del “vamos por todo”, ante la necesidad de acordar con el Fondo planteada hace poco por la propia vicepresidenta, parece impracticable políticamente.
Tarde o temprano, como la ley de gravedad, la inflación va a requerir políticas profundas y consistentes. Más allá de los diagnósticos e instrumentos que pueda aportar la economía, construir confianza entre los que toman decisiones políticas y de inversión es clave para lograr los consensos básicos. La palabra presidencial es el activo esencial de esa construcción. Si el recelo, la desconfianza mutua, la antinomia amigo-enemigo prevalecen, solo estar a metros del abismo social podría torcer el rumbo. Hacerlo antes, ahora, es evitar nuevos pobres y excluidos.
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