Entre 2003 y 2015, nuestro país ha duplicado su nivel de gasto público, lo que a su vez fue llevando a la creación de impuestos distorsivos, a consumirnos nuestras reservas y, una vez terminadas, exprimimos el crédito interno y externo hasta agotarlo. Finalmente, hemos terminado utilizando la emisión monetaria para seguir financiando el gasto público monstruoso que hemos creado.
La inflación exuberante que hoy nos agobia es el resultado final de este proceso decadente y autodestructivo y no habrá alquimia monetaria o cambiaria que la resuelva, hasta tanto no enfrentemos el problema original: el tamaño del Estado. Más gasto implica más impuestos, más distorsiones, más deuda, más inflación, más crisis, menos crecimiento, menos inversión, menos empleo, más pobreza.
La magnitud alcanzada por el gasto público es de proporciones insostenibles para las espaldas del país y constituye un caso asombroso para los estándares de la mayor parte de las democracias consolidadas. Entre 1980 y 2004, el gasto consolidado promedió el 23,3% del PBI, para lentamente comenzar a aumentar y llegar a su pico más elevado -cuándo no- en 2015, en el último año del gobierno de Cristina Kirchner, con el 42%. Con gran esfuerzo, entre 2017 y 2019, se inició un proceso de reducción que lo llevó hasta el 36% en 2019, al cerrarse la presidencia de Mauricio Macri. Nuevamente, habrá que comenzar a reducirlo, en una tarea en la que al final del camino hay que converger a un nivel cercano al 30% del PBI si pretendemos eliminar los impuestos que más distorsionan la actividad económica y, a su vez, alcanzar un superávit fiscal que estabilice la economía y comience a eliminar la inflación.
Es decir que, para crecer, la Argentina no solo debe ordenar sus cuentas fiscales, sino que necesita converger a un nivel de gasto público que pueda ser financiado con impuestos razonables y que sea consistente con su nivel de desarrollo.
En la comparación regional con América Latina, nuestro país exhibe un nivel de gasto del 40% versus un mucho más razonable 22%.
El aumento del gasto público se ha concentrado en jubilaciones, subsidios, empleo estatal, planes sociales y en el déficit de las empresas públicas.
Asimismo, las reglas para otorgar pensiones de fallecimiento deben adecuarse a prácticas internacionales en cuanto a cantidad de beneficiarios y grado de los beneficios. Deben revisarse, además, las pensiones por invalidez otorgadas de manera fraudulenta. Una reforma previsional de este tipo podría bajar el gasto público en cerca de cinco puntos del PBI luego de diez años de vigencia.
Todos los consumidores de servicios públicos deben pagar la tarifa plena por la energía, sin subsidios, salvo los beneficiarios de la tarifa social, adecuadamente administrada por el gobierno nacional en los rubros gas y electricidad, dado que será el que aporte los fondos para solventar esos subsidios.
La incorporación creciente de usuarios a la tarifa plena tiene que estar acompañada de la eliminación gradual de las subcategorías domiciliarias a fin de llegar finalmente a una única categoría residencial, con un cargo fijo y otro variable, simplificación que favorecería a los usuarios y a las compañías.
El costo anual del déficit operativo de las empresas públicas totaliza el 1% del PBI. Se debe condicionar la entrega de fondos a esas empresas al cumplimiento de reglas de buena gestión, como la presentación de un plan de reestructuración y eliminación del déficit en un plazo determinado, cuyo eventual incumplimiento genere la suspensión de los subsidios.
El peso de la masa salarial del empleo público consolidado se sitúa en 10% del PBI. Se ha duplicado respecto del porcentaje que esta erogación representaba en los años 90.
Los trabajadores públicos representan cerca del 20% de los ocupados en la Argentina. Casi 3,5 millones de personas.
De esa manera, el peso del empleo público supera el promedio observado en América Latina y se sitúa solo por debajo de Venezuela en la región.
La cantidad de empleados públicos creció entre 2001 y 2014 casi un 70%. En el gobierno nacional fue del 17%.
Es hora de poner manos a la obra y reducir el elefantiásico gasto público antes de que sea demasiado tarde.
El país no puede esperar más.
