Por Emilio Zola
Especial
Para El Litoral
Aceptémoslo. Argentina es un país hermoso pero incorregible. Dadas las circunstancias, las opciones electorales se reducen a dos grandes facciones que proponen ideas diametralmente opuestas sobre cómo salir de un atolladero económico signado por el comportamiento del dólar.
Pero… ¿El dólar puede comportarse? ¿Es un ente capaz de desplegar por sí mismo actividades y movimientos? ¿Puede subir como se sube una escalera? En la Argentina pareciera que sí, porque nadie logra controlar las variaciones del tipo de cambio desde hace años y los últimos intentos del actual gobierno peronista no son más que un embrollo indescifrable.
Lo único claro es que las reservas se esfuman y que sin los mentados billetes norteamericanos ninguna economía con aspiraciones de crecimiento puede encaminarse hacia la expansión tan soñada por sucesivas generaciones de argentinos que, hartos ya de esperar un plan económico que imponga un giro virtuoso en la balanza comercial, se inclinan por la antipolítica en su significado más taxativo.
Solamente a través del hartazgo manifestado por millones de decepcionados que caminan por la vida con esa dolorosa sensación de nada, se explica el sorprendente ascenso de alternativas extremas cuya cantera de votos engorda a medida que se festejan haceres y decires filofascistas como aquellos aplausos que recibieron los barra-bravas de Talleres de Córdoba, luego de disipar a los tiros un piquete de desocupados en la ruta 11, a la altura de ese ex polo industrial que alguna vez fue Tacuarendí.
La sencillez de la teoría económica dicta soluciones prácticas como el dato irreductible de que las exportaciones deberían superar a las importaciones para que el sistema funcione sobre una base de rentabilidad que genere crédito en las cuentas públicas. En un país pródigo en gas, litio y commodities, las opciones estuvieron claras desde un principio, pero alguna vez la gestión encabezada por Cristina Fernández de Kirchner inició una guerra innecesaria con el campo y las cosas fueron de mal en peor.
La escasez de divisa estadounidense es un hecho a pesar de los esfuerzos que algunos exponentes del sector privado han consumado con éxito, como es el caso de Toyota, una captadora de dólares valiosísimos para el país, ya que exporta el 80 por ciento de las camionetas que se producen en la planta de Zárate. Hay más ejemplos similares, pero no son suficientes en razón de ese gran pozo sin fondo llamado déficit fiscal.
A falta de soluciones, ¿cuál es remiendo de coyuntura? El cada vez más desdibujado ministro Sergio Massa decidió multiplicar las cotizaciones informales para mantener una relación oficial ficticia entre el peso y el dólar, anclada a la ilusión de que la moneda nacional es, en teoría, sólida. Pero la realidad indica otra cosa: mientras el tipo de cambio institucional ronda los 160 pesos, a los consabidos “blue”, contado con “liqui”, MEP y “bolsa”, se sumaron el dólar soja, el dólar tecno, el dólar Qatar, el dólar Coldplay y vaya a saber cuántas otras subdivisiones más.
Encarecer la divisa extranjera para desalentar su consumo, evitar el atesoramiento de canutos en azucareras y colchones para preservar las reservas del Central hasta el extremo de coartar la libertad de comprar un pasaje a Brasil en cuotas, es parte del catálogo de improvisación con que el Gobierno de Alberto Fernández enfrenta el contexto sin hacer foco en los verdaderos motivos del desbarajuste.
La razón está clara: cuando la sábana es corta la plata no alcanza para todos. Es cierto que muchas empresas ganaron millones más de lo previsto en contexto de pandemia, como también es verdad que otros tantos actores económicos se desplomaron a raíz de la caída de actividades relacionadas con el ocio y el turismo, lo que profundizó la brecha entre las minorías más ricas y los segmentos más pobres.
¿Quién debería corregir el fiel de la balanza ante tan evidente asimetría? No son los empresarios, tampoco los gremios, ni los clérigos, ni los partidos políticos, ni las asociaciones civiles. Todos ellos pueden contribuir a través de determinadas reglas de juego, pero conforme los designios adoptados por la cabeza del sistema normativo que rige los destinos del país. Es decir el Estado, que no es otra cosa que el poder organizado bajo la forma de un gobierno republicano y representativo, en ejercicio de atribuciones constitucionales que consagran el principio de equidad como eje convivencial entre todos los habitantes del suelo patrio.
Como teoría, la idea de que el poder democratizado resuelva los problemas ocasionados por la desigualdad, es perfecta. Pero en los hechos se vuelve imperfecta por cuanto el Gobierno carece de autoridad política para tomar decisiones de fondo, pues adolece del cuero curtido que las conducciones avezadas exponen, cual coraza de amianto, frente a la reprimenda pública y a las presiones corporativas.
El flan que es el gobierno desde la fiesta clandestina de la primera dama, cuando el presidente Alberto Fernández terminó de dilapidar su credibilidad, pagó el costo político de una decisión que no fue, al anunciar el intento de expropiación de la aceitera Vicentín. Asustado por la pueblada reconquistense, retrocedió sobre sus pasos sin explicar qué pasó con aquella iniciativa, fundada en la descomunal deuda contraída por la compañía de origen santafesino, acusada de desviar cargamentos de soja a Paraguay para exportarlos sin pagar retenciones.
¿Qué hubiera pasado si expropiaba? Más allá de las posiciones dogmáticas en contra (legítimas por cierto), la gestión Fernández-Fernández pudo haber tenido el control de una exportadora de granos cuyos ingresos se hubieran traducido en dólares frescos para un Tesoro Nacional expoliado por dos vías: la incapacidad para aplicar una política recaudatoria que grave a los más beneficiados por el crecimiento registrado en los últimos dos años y la errática distribución de subsidios, planes sociales y otras asignaciones no reintegrables, una repartija de dinero público sin seguimiento, sin controles y sin más resultado que el mero sostenimiento (con sumas miserables) de la economía hogareña de miles de marginados que no viven, sino que sobreviven.
Sin autoridad política para cobrar impuestos, con una recaudación limada por la escalada inflacionaria y sin herramientas exportadoras como el (todavía ausente) gasoducto patagónico que permitiría mandar barcos llenos de gas licuado a los países europeos malogrados por la guerra Rusia-Ucrania, a la administración peronista no le quedó otro camino que recurrir al pulmotor de un manejo cortoplacista de la economía, con la consiguiente pérdida de confianza y un destino anunciado con olor a derrota electoral.
Si devaluar un dólar oficial atrasado como el que sostiene artificialmente el Banco Central implica encender una nueva mecha inflacionaria, pisar la cotización formal para instaurar una atrabiliaria diversificación de los dólares disponibles en el mercado local produce el mismo efecto en razón de que no inspira confianza, sino todo lo contrario.
El punto clave sigue siendo la nula autoridad política del Gobierno, inerme ante una verdad subyugante: nadie cree que vayan a lograrlo.
