Argentina se mostró ante el mundo en alianza con Venezuela y China, a partir de sus posturas en la Organización de Naciones Unidas (ONU) de no sancionar ni investigar las violaciones a los derechos humanos en sendos países.
Así, un país señero en materia de derechos humanos como Argentina, no solo perdió la oportunidad de revalidar su carácter ante el concierto internacional, sino también se apegó a regímenes severamente cuestionados.
Brian Schapira es el director de Relaciones Institucionales de Cadal, una fundación que promueve los derechos humanos y la solidaridad democrática internacional.
En un artículo firmado ayer en el diario Clarin, sostuvo con enorme claridad que la postura argentina es el significante de la palabra “indiferencia”.
Según dijo, “el jueves 6 y el viernes 7 de octubre han sido días oscuros para nuestra democracia, pues quedarán marcados por la complicidad del gobierno argentino con las dictaduras imperantes en Venezuela y China. Otra vez, el gobierno de Alberto Fernández fue indiferente con incontables víctimas de graves violaciones a los derechos humanos”.
En ambos casos, en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, un organismo compuesto por 47 países elegidos por su Asamblea General en el cual se debaten estas cuestiones, la Argentina -con el agravante de ser quien preside este Consejo, y para lo cual no escatimó esfuerzos diplomáticos- se abstuvo de apoyar dos muy importantes resoluciones.
En el caso de Venezuela, se trataba de votar la continuidad de la Misión de Determinación de los Hechos para evaluar violaciones de los derechos humanos cometidas en ese país desde 2014. La creación de esta Misión en septiembre de 2019 - impuesta por tres expertos independientes, actualmente una de ellas es la respetada experta argentina en la materia, Patricia Tappatá Valdez- contó con el impulso y liderazgo del anterior gobierno argentino dentro del ya extinto Grupo de Lima.
Su mandato fue renovado en septiembre de 2020 y la resolución que afortunadamente se aprobó este viernes 7 de octubre, decidió su continuidad por otros dos años, así como también la prosecución del trabajo del Alto Comisionado para los Derechos Humanos para que continúe su vigilancia en dicho país y para que presente informes en futuras sesiones.
Los informes presentados por los expertos de la misión en estos tres años han dado cuenta de situaciones gravísimas que además se han puesto en conocimiento de la Corte Penal Internacional, donde tramita una investigación sobre los jerarcas bolivarianos.
Solo por mencionar algunas de las situaciones abordadas, el último informe refiere a las torturas a cargo del Servicio de Inteligencia “Sebin” contra políticos de la oposición, periodistas, manifestantes y defensores de los derechos humanos- principalmente en el centro de detención “El Helicoide”, en Caracas (lo que se va sabiendo de este lugar remite casi automáticamente a una “Esma” venezolana).
Francisco Cox, miembro de la misión, sostuvo: “Los crímenes de lesa humanidad, cometidos a través de los organismos de inteligencia del Estado, orquestadas por personas en los niveles más altos de autoridad, han tenido lugar en un clima de casi total impunidad. La comunidad internacional debe hacer todo lo posible para que se garanticen los derechos de las víctimas a la justicia y a la reparación”.
La vergonzosa abstención argentina viene a terminar de arruinar la hasta ahora postura zigzagueante y contradictoria del gobierno, que mantenía cierta mínima dignidad en el foro de la ONU (donde apoyó en 2020 la primer renovación de la misión) mientras se sostenían posturas cómplices con este régimen y el nicaragüense en la OEA. (...) “Respecto al voto de abstención en la Resolución sobre China, la propuesta que no logró aprobarse consistía apenas en permitir que en las próximas sesiones del Consejo, se debata acerca de un informe”.
Y en el cierre, destaca: “(...) han sido cómplices de dos regímenes violadores sistemáticos de derechos humanos”.
