Una premisa básica de la política indica que nadie muere. En esa arena, a no ser por una pausa o el retiro voluntario, nada puede matar a una figura.
Y ya es así para Cristina Kirchner, aunque haya asegurado que su nombre no aparecerá en ninguna boleta electoral el año próximo. Algunos comenzaron a preocuparse. Muchos otros con los que habla habitualmente la prensa descreen del supuesto renunciamiento. Sea como fuere, hay algo a lo que la vicepresidenta ha decidido no dimitir: el manejo de las “cajas” de la política con dinero del presupuesto nacional.
Los fondos públicos que controla el kirchnerismo son los más abultados del Estado nacional. No solo eso: esa facción domina hoy el 70 % de las dependencias donde se giran esos dineros, situación que también habla muy claramente del módico poder que ese sector le asigna al Presidente para decidir y gestionar.
Como si eso no alcanzase, varios de los organismos en manos de La Cámpora, recibirán para 2023 el doble o casi el doble del presupuesto que tuvieron este año y a pesar de los recortes, quitas de subsidios y demás anuncios rimbombantes del ministro de Economía, Sergio Massa. Queda claro que los ajustes no rigen para todas las áreas del Estado por igual y, peor aún, pareciera que solo rigen para los ciudadanos de a pie, para las empresas pequeñas, medianas y grandes; las industrias, y, muy especialmente, para áreas del Estado claves como la educación y la salud, que sufrieron fuertes recortes presupuestarios y los seguirán padeciendo.
Lo corroboran los números. Por ejemplo, la Anses, que controla la kirchnerista Fernanda Raverta, tendrá un presupuesto de casi 13 billones de pesos (93 % de aumento); el Pami, que dirige la camporista Luana Volnovich, recibirá también casi el doble de ingresos respecto de 2022, mientras que Enarsa, empresa decisiva en la política energética del país, manejada por el kirchnerista Agustín Gerez, recibirá transferencias del Tesoro por $925.019 millones, un 133 % más para 2023.
Los datos surgen de estadísticas oficiales y de informes elaborados por sectores de la oposición. Uno de ellos, realizado por el diputado Rodrigo de Loredo (Evolución Radical-Córdoba), pone la lupa en ese 30 % de los fondos públicos que no maneja directamente el kirchnerismo. Según el legislador, solo el 10% queda para ser gestionado directamente por Alberto Fernández, ya que el 20 % restante está controlado por Sergio Massa, de quien ya se conoce su versatilidad para aliarse momentáneamente con cualquiera de ambos contendientes de la fórmula presidencial. Todo indica que hoy su principal interlocutor —interlocutora, en este caso— es quien ocupa el despacho más jerárquico del Senado de la Nación y quien no se sonroja jugando a ser opositora de su propio Gobierno.
Está claro que no hay decisiones de gobierno que no sean aprobadas por la vicepresidenta, aunque, en los hechos, trate de desentenderse de lo actuado. Para la historia sigue siendo insólito.
Si el “relato” va por un lado —tratando de imponer una verdad única— los hechos se encargan por sí solos de poner negro sobre blanco. Por caso, la Anses tendrá para 2023, un presupuesto de 12,9 billones de pesos, casi el doble de lo que recibió este año. El Pami recibirá transferencias del Tesoro por 329.739 millones de pesos, un 82 % más que en 2022. Ojalá sea para mejorar la situación sanitaria de los casi cinco millones de jubilados que desatiende y no para seguir fortaleciendo su enorme “caja política” ante el riesgo de que el voto ciudadano los desplace del poder.
Seguir otorgando fondos con destino a arcas que demuestran ineficiencia en lugar de achicar los gastos improductivos ha sido y sigue siendo la impronta básica de las últimas gestiones del oficialismo.
La verdadera proscripción es la de millones de ciudadanos que seguirán sin poder satisfacer sus necesidades básicas.
