Con la presentación al Congreso del entendimiento en el nivel de staff técnico se abren semanas frenéticas de trámite parlamentario hasta la elevación al Board del FMI del acuerdo de refinanciamiento. El nuevo programa se corresponde con la modalidad de Extended Fund Facility (EFF), y su desarrollo se podría dividir en dos etapas. En la primera, con una duración de 2,5 años, se implementa el programa y se garantiza el cumplimiento de los compromisos macroeconómicos. En la segunda etapa, con una extensión de 4,5 a 10 años (desde el momento en que se efectúa cada desembolso) se erogan los pagos por la totalidad del crédito asumido.
Con todo, y en el mejor escenario, nuestro país sale definitivamente del FMI en el año 2034. Claro está que eso implicará desafíos mayúsculos sobre la economía argentina. Si bien el nuevo programa despeja totalmente el muro de vencimientos que nuestro país afrontaba en estos próximos tres años, no es menos cierto que los pagos seguirán siendo significativos desde 2026. La salida del laberinto es aprovechar el “período ventana” de los próximos 4 años para robustecer la macro. Cumpliendo estos lineamientos Argentina va a dar un salto de calidad en su posición financiera, y va a quedar cerca de recuperar acceso (hoy vedado) al mercado voluntario de crédito.
El nuevo programa incluye exigencias explícitas sobre la política fiscal y su financiamiento. Construye un sendero gradual hacia el orden de las cuentas públicas, empezando con una reducción más suave del déficit hasta el 2023 y consolidando una baja más agresiva en el último año de compromisos auditables. Tanto el presidente como el ministro de Economía se encargaron de aclarar que esto no implicaba un ajuste, entendido como una retracción del Estado en sus aplicaciones de gasto. Más aún, el texto del proyecto de ley especifica un “moderado aumento” del gasto, aunque en los memorandos presentados no se establece un compromiso abierto para ingresos ni gastos, si no sobre el saldo fiscal primario.
Una incertidumbre en la previa a la presentación del Proyecto de Ley tenía que ver con el timing desembolsos/pagos para los tres primeros años, en los cuales se debe afrontar la totalidad de vencimientos del Stand By 2018. Una duda válida tenía que ver con un eventual “calce perfecto” en cada vencimiento, que dejaría a nuestro país muy expuesto a la voluntad política del FMI en caso de desvíos contingentes respecto de los parámetros acordados. En concreto, si cada pago entre 2022 y 2024 se cursaba estrictamente con los dólares que nos enviaban en cada revisión, podrían generarse suspicacias en los momentos más “críticos” en materia política, como las futuras elecciones presidenciales del 2023.
Finalmente el flujo de desembolsos va a ser más generoso. El envío inicial quedó en 7.000 DEG, equivalentes a USD 9.700 millones a la tasa de conversión actual. Esto permitirá generar un piso de dólares que se irá consumiendo los posteriores períodos, aunque no parece que la correa tire fuerte durante los diez trimestres de la etapa de cumplimiento del programa. En ningún período los DEG alcanzarán para menos de dos trimestres hacia delante.
El nuevo programa no es bueno. No es fácil de cumplir. No garantiza concesiones que repliquen la excepcionalidad del préstamo otorgado a la administración anterior.
Lo dicho no quita que este sea un programa diseñado por Argentina, que minimiza la imposición de políticas que resten soberanía a nuestro Estado-Nación.
Hacia delante vendrán años complicados; nadie puede pensar que el cumplimiento de este programa está allanado solo por medio de la voluntad de hacer las cosas bien. Argentina tiene desafíos que exceden las decisiones internas, y la vulnerabilidad respecto del contexto global crece cuando la macro local sigue en terapia intensiva.
Todo esto en un marco socioeconómico aciago, con niveles de pobreza a superiores a los prepandemia y salarios que solo repuntaron un 1,6 % promedio en el 2021.
No hay soluciones mágicas y este acuerdo con el FMI no es audaz. No garantiza acelerar la recuperación y posiblemente buena parte de la población en 2023 sienta que su economía sigue mal, aunque se alcancen tres años de crecimiento del PBI. El nuevo programa prioriza la prudencia y la sostenibilidad macro. Responde solo a una ética de la responsabilidad y deja a Argentina con vida sin precipitar al abismo.
* Director Consultora Sarandí.
