Por Alberto Medina Méndez
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@amedinamendez
La política contemporánea ha caído en desgracia y de eso ya no hay dudas. El desprestigio de esta actividad ha crecido vertiginosamente en el mundo durante las últimas décadas, pero el fenómeno ha tomado dimensiones demasiado preocupantes, particularmente en estas latitudes.
En ese contexto de irrefrenable impotencia cívica, muchos tienden a criticarlo todo, sin discriminar instancias ni detenerse en el imprescindible análisis que ayudaría a entender lo que realmente sucede para intentar ajustar las clavijas, allí donde vale la pena hacerlo y tiene sentido actuar.
En ese delirio, años atrás, buena parte del país cayó en la trampa, creyendo que los congresistas eran absolutamente prescindibles, y que al final del día daba lo mismo tener un cuerpo legislativo que eventualmente dos.
La lógica de aquel razonamiento era que dada la elocuente impericia de los protagonistas de esos grupos colegiados y ante la evidencia de los pésimos resultados la idea de reducir el tamaño de esa organización pública no traería aparejada ninguna desventaja relevante. De hecho, muchos de los partidarios de esta forma de ver la cuestión, proponían adicionalmente quitar bancas y constituir así un congreso no solo unicameral, sino además con escasos representantes.
Los más osados inclusive redoblaron la apuesta promoviendo la eliminación de los parlamentos. Un presidente podía cumplir perfectamente, para ellos, el rol de redactar las leyes y ejecutarlas sin tener que soportar a esos “inútiles parásitos” que casi no trabajan y viven repletos de privilegios.
Suele pasar que las verdades a medias ocultan una parte de la realidad, a veces deliberadamente, y terminan convirtiéndose en alevosas mentiras.
Que algunas afirmaciones encajen perfectamente en la percepción cotidiana no alcanza para tomar decisiones que podrían empeorar el escenario actual.
Es innegable que subyace un reclamo absolutamente atendible y muy legítimo relacionado al comportamiento de los legisladores, al elevado costo del funcionamiento institucional, y especialmente a la dinámica del día a día que ese tipo de políticos lleva adelante, a veces con enorme imprudencia.
Todos los planteos que se le hacen al sistema tienen bastante asidero. El problema de fondo es que la eliminación del parlamento, la reducción de integrantes o la supresión de una de las cámaras, lejos de resolver el asunto sólo lo agrava aumentando los riesgos para la sociedad civil.
La prueba más contundente es que las provincias que se hicieron eco de las demandas de aquel tiempo no solo no mejoraron nada, sino que han empeorado su presente sin haber exhibido una sola ventaja de aquella inapropiada determinación.
El costo total de la legislatura, única o doble, no es sensiblemente diferente casi en ningún caso. La cuantía de las remuneraciones, la horda de asesores y toda esa “carga” que se observa fácilmente, tampoco es muy distinta. Ni hablar de la calidad de la legislación o el talento de los integrantes de los cuerpos. Nada es suficientemente beneficioso. La anulación de una cámara no ha podido demostrar nada contundentemente positivo.
Aquellos que promueven que el número de legisladores debería ser inferior, esos que se resisten a incrementar la cantidad de miembros del parlamento o su coyuntural actualización, solo alimentan a las corporaciones que ya están instaladas impidiendo la llegada de esas minorías que no tienen voz.
Es paradójico que los que suelen hablar de diversidad, pluralismo y democracia se preocupen tanto por movilizar políticas que solo silencian a los que piensan de otro modo patrocinando normas que limiten la chance de ingresar a los estamentos donde efectivamente se toman decisiones.
La virtud de la bicameralidad radica en garantizar los balances, evitar la concentración de poder en los líderes de turno, en las mayorías circunstanciales, en situaciones insólitas que en una votación aislada pueden cambiarlo todo respondiendo a los meros caprichos del momento. Tal vez sea esta una buena ocasión de sincerarse y asumir la autocrítica.
El nivel intelectual de los legisladores, sus cuestionables rutinas de trabajo, la producción de proyectos trascendentes y sus eventuales despropósitos son hijos de un desinterés ciudadano que tiene responsables a la vista.
Si esa sensación de bronca fuera canalizada adecuadamente, la gente estaría dedicada a reformar de cuajo a la política, no para estas cuestiones inconducentes, sino para revisar a fondo lo que importa, es decir el sistema electoral que es tramposo y opaco, la efectiva representatividad de quienes asumen una banca y la conexión directa entre los votantes y sus elegidos.
Una comunidad abúlica, apática apegada al pensamiento mágico sueña con decisiones que producen resultados repentinos y fabulosos. Esa suerte de adolescencia para comprender lo que ocurre, quizás explique en parte las derivaciones ineficientes de este debate. Claro que es más fácil imaginar que de un plumazo se pueden conseguir logros extraordinarios sin esfuerzo alguno.
Lástima que eso no se corresponde con el mundo real. Si se quiere un sistema político mejor, la gente tendrá que entender que debe involucrarse de otro modo, no solo integrándose a los partidos, sino fundamentalmente ocupando su posición como ciudadano, allí donde sea posible.
