La decisión administrativa firmada por el ministro de Economía, Sergio Massa, destinada a congelar el empleo en empresas públicas para completar la medida que había anunciado su antecesora, Silvina Batakis, al suspender el ingreso de personal a la ya de por sí numerosa planta estatal, deberá ser seguida muy de cerca. Se tendrá que verificar si no se está ante un nuevo anuncio falaz con el solo objetivo de hacer creer que se calman las aguas cuando, de manera solapada, el abuso sigue agitándolas.
Estamos tan acostumbrados al “hecha la ley, hecha la trampa”, que aquella medida de Batakis tuvo más de efectista que de verdadero comienzo de saneamiento del empleo público. Mientras la efímera ministra disponía el congelamiento de ingresos en el Estado hasta diciembre de 2023, en el Boletín Oficial se publicaban numerosos llamados a concurso para cubrir, entre otros, 606 cargos en el Ministerio de Desarrollo Social, 173 en el de Turismo, 497 en la Secretaría de Empleo Público de la Jefatura de Gabinete, 87 en el Conicet y 381 en Economía, y para pasar a planta permanente 43 en el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, 153 en Cultura y 120 en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
En absurda defensa de semejante contrasentido, el Gobierno destacó el hecho de que esos ingresos se concretaran mediante concursos, pero no aclaró que eran exclusivos para quienes trabajaban para el Estado en condiciones precarias, es decir que, en definitiva, ya estaban cobrando desde hacía mucho tiempo sus haberes con dineros públicos. Mal podría hablarse entonces de “transparentar el empleo estatal” mediante pruebas de oposición y antecedentes cuando nadie de fuera del sistema está habilitado para competir.
Que se quiera hacer pasar al gato como si fuera una liebre es, además de un dicho popular, una vieja práctica de los gobiernos populistas. Sin ir más lejos, el Presidente ha venido hablando de una recuperación del empleo privado tras la enorme afectación que produjo la pandemia en ese sector. Sin embargo, en los hechos, lo que ha crecido es la precarización del empleo privado registrado, de la mano del aumento del número de monotributistas, lo que, junto a la caída del salario real, lleva a concluir que el balance cualitativo es deficitario, contrariamente a lo que ocurre con el empleo público, para el que las autoridades dictan un parate cuando no se habían perdido puestos de trabajo, sino todo lo contrario.
Aunque diversos estudios de reconocidas consultoras publican periódicamente radiografías del empleo público, saber a ciencia cierta cuál es la cifra total sigue siendo un misterio.
El dato verificable surge de los que tienen relación de dependencia directa, que pasaron de ser 2,1 millones de empleados en 2000 a 3,8 millones en la actualidad, incluyendo trabajadores estatales municipales, provinciales y nacionales. Es decir, la planta de empleados públicos aumentó 78 % en los últimos 22 años. Si se ausculta con precisión cuándo fue que creció más, ello ocurrió desde que el kirchnerismo asumió el poder, en 2003. Para esa época, la administración pública tenía 240.553 empleados, más 18.971 de otros entes del sector estatal.
Cuando Cristina Kirchner terminó su segunda presidencia, en diciembre de 2015, la planta había trepado a 381.424 empleados y en los entes se contabilizaban 22.837. Hay que aclarar que esa cuenta no incluye trabajadores de empresas como Correo Argentino, Arsat, Enarsa, AySA y Yacimientos Carboníferos Río Turbio, que, en total, sumaban alrededor de 24.000.
Tan curioso como provocativo resulta que a esas cifras se haya llegado estando vigentes distintas reglamentaciones referidas al congelamiento de ese tipo de ingresos laborales. Tampoco está de más recordar que muchas de esas trampas a la normativa se canalizaron, por ejemplo, a través de convenios con universidades estatales para triangular los ingresos, mediante contratos tan extravagantes como extemporáneos, con facturaciones estrafalarias e improcedentes.
Habrá que estar muy atentos entonces a esas rendiciones de cuentas que presenten los organismos y a las medidas que se adopten en caso de incumplimientos o tergiversaciones para que esta vez la ley no tenga trampas, agujeros negros por donde se filtren las imaginativas fórmulas que han encontrado las distintas administraciones para falsear la realidad incrementando descaradamente el déficit fiscal.
