Por Jorge Eduardo Simonetti
jorgesimonetti.com
Especial para El Litoral
“El anuncio de juicio político contra todos los integrantes de la Corte, junto con declaraciones iniciales de que no se acataría un fallo del más alto tribunal, constituye un gravísimo ataque a la separación de poderes.”
Tamara Taraciuk Broner,
directora de Human Rights Watch
En su Informe Mundial de 2023, de 712 páginas, la organización de derechos humanos Human Rights Watch, una de las dos occidentales junto con Amnistía Internacional que investiga abusos en todo el mundo, tuvo un capítulo especial para la Argentina.
El anuncio de que no se acatará el fallo de la Corte y el juicio político a sus integrantes, “constituye un gravísimo ataque al estado de derecho”. Son palabras de un acreditado órgano de competencia universal.
La concepción autoritaria del poder no es nueva en la Argentina. Además de los gobiernos de facto, está instalada hace más de más de setenta años, por intermedio de un movimiento político que logró, a veces más, a veces menos, establecer regímenes gubernamentales refractarios al estado de derecho.
El peronismo, de él estamos hablando, supo incorporar a los beneficios del progreso a grandes sectores tradicionalmente postergados. Pero, a cambio, exigió absoluta fidelidad con sus líderes, sin importar las formas.
Al hacer de la dádiva una manera de dominación e incorporar al imaginario político la idea del líder como único intérprete de la voluntad popular, no faltó demasiado para instalar un pensamiento hegemónico y una praxis autoritaria.
De tal modo, el país ingresó en una larga decadencia institucional. No fueron sólo los hombres de armas los que fracturaron el estado de derecho, los políticos que se referenciaban en el movimiento del general de la ancha sonrisa, hicieron lo necesario para obrar de similar manera en una frágil democracia.
No fue magia, fue el arraigo totalitario de una concepción hegemónica del pensamiento y autoritaria del poder. Todo lo que se oponga al líder, debe ser derribado, así se traten de leyes, instituciones, poderes del estado y ciudadanos.
De eso se trata el juicio a la Corte, de someter a la república, de arrodillar al Poder Judicial ante el púlpito del poder político, de rechazar su sagrada misión del control de constitucionalidad de las normas y de los actos de otros poderes del estado.
No es nuevo para el peronismo, es su marca en el orillo: el líder, y no el Poder Judicial, es el intérprete último del espíritu de justicia. Ya lo dijo el propio Perón en su mensaje de asunción ante el Congreso: “Pongo el espíritu de la Justicia por encima del Poder Judicial. La Justicia, además de independiente, debe ser eficaz. Pero no puede ser eficaz si sus conceptos no marchan al compás del sentimiento público”.
Lo que siguió fue casi cantado. En 1947 fue destituida la integración de la Corte, concluyendo así con una etapa de estabilidad que venía desde 1863. El fallo condenatorio fue pronunciado por un senado peronista (28 sobre 30 senadores).
Para el Gobierno, ¿quién es el o la intérprete del sentimiento público de justicia hoy en la Argentina? Seguramente no Fernández, sí Cristina, nunca el Poder Judicial.
Pero la vicepresidenta, además de tener la prototípica personalidad de los liderazgos autoritarios y, consecuentemente, perseguir una concentración del poder repugnante a nuestro sistema, tiene un interés particular, nada escondido, pequeño como su familia, grande como los cuantiosos bienes que le achacan como sustraídos del erario: salvarse de una condena judicial.
De allí es que su cruzada es la suma de un peronismo autoritario más su propósito de impunidad. Para ello tiene una cohorte de gobernadores, intendentes, legisladores, ministros y presidente dispuestos a hacerle el trabajo sucio.
Además de autoritarios, los ejecutores de la maniobra son bastante torpes y dejan los dedos marcados en su trayectoria. No por casualidad sino por ineptitud, fundamentan al pedido a los integrantes del alto tribunal, en una motivación que, conforme la jurisprudencia inveterada y pacífica, no puede ser causal de ello: el contenido de los fallos.
Como antecedente vale recordar algunos muy frescos. Esta Corte ha fallado en 2019 en el mismo sentido ahora cuestionado (coparticipación Caba), invalidando dos decretos del presidente Macri a instancias de 16 provincias gobernadas por el peronismo.
Se fijaron en esos fallos, dos estándares: 1) la coparticipación tiene naturaleza convencional y no puede ser alterada unilateralmente, y 2) los recursos de las provincias son intangibles, no pueden ser reducidos. Es, ni más ni menos, lo que hizo con Caba, repetir sus propios antecedentes de fallos anteriores que beneficiaron al peronismo.
Pero, a decir verdad, tampoco les interesa a los acusadores ser prolijos. No es la coparticipación, no es el federalismo, no es la justicia, es Cristina y su pavor por ir presa.
Saben que no tienen los números para acusar ni destituir y el objeto principal de su maniobra es el montaje de un espectáculo mediático que someta a los cortesanos al escarnio público.
En la Comisión de Juicio Político tendremos que escuchar la cantinela de gobernadores como Capitanich, Insfrán, Quintela, Zamora, Kicillof, Alicia Kirchner, las posiciones pseudo jurídicas de abogados del palo como Zaffaroni, Gil Domínguez y el español Baltazar Garzón, los sesgados mensajes de los organismos de derechos humanos de propiedad del gobierno como Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, Hijos, Cels y tantos otros.
Pero, ¿por qué todos somos la Corte en este juicio político? Porque esta Corte es el obstáculo principal para que el populismo argentino no pase a la siguiente etapa, la de Venezuela, Nicaragua, Cuba.
Los fallos que viene produciendo el más alto tribunal del país e intérprete último de la constitución, marcan un camino que comienza a reivindicar la credibilidad social en la justicia. No porque falle a favor de uno u otro, sino porque decide por el respeto del estado de derecho, a la división de poderes, en contra del hegemonismo político y de la concentración autoritaria.
Algunos hitos marcaron a fuego el devenir cortesano: la inconstitucionalidad de las leyes cristinistas de democratización de la justicia, que pretendía someter la elección de los jueces a los aparatos partidarios dominantes, la integración del Consejo de la Magistratura con predominio político, el manejo inconsulto de los ingresos provinciales y tantos otros en el mismo sentido. No se trata de defender a Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti, de lo que se trata es de decidir si queremos vivir bajo el autoritarismo y la corrupción, si deseamos seguir el camino de Venezuela, Nicaragua, Cuba, si renunciamos al estado de derecho que debe proteger a todos, o defendemos al único poder que hoy está poniendo las cosas en su lugar.
Y esperemos que la oposición no participe del corrupto “plan canje” que parece querer el Gobierno: no destituir a los cuatro jueces, a cambio de aumentar el número de integrantes a 15.
Por ello, hoy todos debemos ser la Corte y actuar en consecuencia. Los hombres del derecho, a los que vuelvo a convocar, tienen la principal responsabilidad y no pueden permanecer callados e inactivos.
