Ciego ante el descalabro fiscal que no atina a revertir y a la asfixiante presión tributaria a la que somete a los ciudadanos, el Gobierno nacional continúa creando organismos para que los ocupen personas a quienes supone que “les debe” un cargo público. Desde luego, los políticos pagan esa imaginaria obligación con recursos quitados por la fuerza a los contribuyentes y sin asumir ninguna consecuencia personal por la medida.
Mediante un decreto, el presidente Alberto Fernández creó en la órbita del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto el cargo de “representante especial para la política feminista”. Cubrió ese puesto, con rango de secretaría de Estado y de embajador plenipotenciario, a María Cristina Perceval, que antes se había desempeñado en el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, carísima estructura que obviamente ya se dedica a lo que su nombre expresa y cuya contribución a mejorarles la vida a las personas no se percibe.
Como todo fundamento del decreto aparece una parrafada que resume el compromiso del país al haber suscripto convenciones internacionales sobre los derechos de las mujeres y otras minorías, algo cierto pero que no justifica la descabellada medida. Si a cada propósito o valor al que el país adhiere se le responde con la creación de un ministerio, dirección, subsecretaría o lo que fuera, con los costos burocráticos que eso implica, deberíamos multiplicar al infinito el ya de por sí elefantiásico Estado. Una aberración que solo se sustenta en la necesidad de premiar con cargos a allegados políticos.
El decreto, por lo burdo, no tiene desperdicio. Basta prestar atención a los verbos utilizados en la descripción del cargo creado para comprobar el esfuerzo literario que el redactor debió hacer a la hora de dotar de alguna misión a esta pintoresca oficina. Su titular tendrá a cargo “asistir” al canciller en temas vinculados con la política exterior feminista, “comunicar” a los otros países lo que haga la Argentina en ese campo, “coordinar” las acciones que se lleven a cabo sobre el tema en los demás organismos del Estado, “establecer espacios de intercambio y trabajo conjunto” con el ministerio que ya existe para atender la misma cuestión y, a modo de infaltable comodín, “articular y elaborar acciones y medidas tendientes a propiciar la paridad de género”. Semejante modelo de organización parece un ejemplo de caricatura del principio conocido como ley de Parkinson (por el economista británico Cyril N. Parkinson), en el sentido de que, dado cierto tipo de estructura organizativa, las personas se crean trabajo recíprocamente, de modo que, cuantos más empleados se agregan, menos produce el conjunto.
La decisión presidencial recuerda la irónica respuesta de Jorge Luis Borges cuando le preguntaron por qué no hacía “literatura comprometida”. Dijo que esa expresión tenía para él tanto sentido como “equitación protestante”. Más allá de la particular posición del escritor al respecto (no hay nada malo en comprometerse políticamente a través de la literatura, y grandes autores lo han hecho), análogamente es claro que deben tenerse en cuenta los derechos de las mujeres, tanto como de los hombres, en todo cuanto haga un gobierno, pero enarbolar la “política exterior feminista” parece otro sarcasmo borgiano. Con el mismo criterio deberían crearse más organismos para la política agropecuaria, la administración de justicia o la defensa feministas.
Se trata de otro ejemplo de obscenidad en el afán por retener cargos públicos o de inventarlos si no existen.
El tamaño del Estado es un problema sobre el cual los candidatos de todos los partidos deberán sentar con claridad posición en este año electoral.
