La obtención de información confidencial o secreta, en franco desprec io por la intimidad de las personas, ha sido una constante tentación política en la Argentina, producto de la confusión entre Estado y gobierno y del uso de los recursos estatales para satisfacer oscuros intereses particulares. El espionaje sobre adversarios políticos, jueces, periodistas, empresarios, sindicalistas y hasta dirigentes y funcionarios de la propia fracción oficialista ha sido parte de un sistema ilegal tendiente a controlar, condicionar y extorsionar.
Conocida es la voracidad de determinados sectores, transversales a todos los partidos para acceder a partes de inteligencia que confeccionan sus funcionarios de confianza. Esa enfermiza tendencia se refleja en el armado de causas, la vocación por generar “carpetazos” y “apretar a los jueces” que dan cuenta de ese afán por husmear en la vida privada de no pocos hombres públicos.
Recientemente, una investigación del fiscal Gerardo Pollicita reveló la existencia de 1196 informes de espionaje ilegal, que datarían desde 2009 hasta nuestros días, obtenidos a través de una red que comandaría el policía retirado y exagente inorgánico de los servicios de inteligencia Ariel Zanchetta, actualmente detenido, a quien la Justicia le secuestró numerosos dispositivos celulares. La Justicia dio con él cuando investigaba a un hacker misionero, Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, acusado de pinchar teléfonos de jueces y camaristas a cargo de causas judiciales que involucran a Cristina Kirchner y del exministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro.
Si bien la Justicia habría accedido hasta ahora al contenido de apenas el 10 por ciento de esos informes ilegales, existen pruebas de que parte de ellos fueron pedidos, recibidos y financiados con pagos de pauta publicitaria oficial del gobierno bonaerense y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), gestionados por el funcionario de La Cámpora Fabián “Conu” Rodríguez, actual subdirector del citado organismo recaudador, para Zanchetta. Otro dirigente de gran cercanía a Cristina y Máximo Kirchner, como el diputado nacional Rodolfo Tailhade –exdirector de Contrainteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)–, era el receptor de informes provistos por Zanchetta. Entre estos, se encontrarían aquellos con información sensible acerca de los dirigentes opositores Luis Juez y Elisa Carrió, además de los chats robados a D’Alessandro, donde aparecerían conversaciones entre este y Silvio Robles, secretario privado del juez de la Corte Suprema Horacio Rosatti.
Se trata de información obtenida ilegalmente que a Tailhade le sirvió para atacar a los miembros de la Corte en la Comisión de Juicio Político de Diputados. Este legislador cristinista es reconocido por su estilo pendenciero y patoteril, y por su condición de denunciante serial al servicio de operaciones contra jueces.
Tanto Conu Rodríguez como Tailhade estarían cerca de ser llamados a prestar declaración indagatoria por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien ahora tiene la oportunidad de demostrar que no es un magistrado funcional al kirchnerismo, como lo ha sido cuando reveló su escaso compromiso para develar qué hacían en la casa de Cristina Kirchner las carpetas con informes sobre actividades públicas y privadas de importantes empresarios y políticos opositores, secuestradas oportunamente por el juez Claudio Bonadio, ya fallecido.
Es de esperar que se investigue y se condene a los responsables de esta red de inteligencia ilegal financiada por el propio Estado, que echa por tierra con la promesa oportunamente formulada por el presidente Alberto Fernández de que en su gobierno no habría espías persiguiendo a nadie ni sótanos de la democracia. Lamentablemente, las cloacas de la política siguen a la vista de todos y al servicio de quienes manejan los hilos del poder político.
