Si se pudieran traspolar dos puntos de análisis de la realidad como la economía y la justicia, podríamos decir que la inflación viaja a un ritmo muy superior al que calcula el Gobierno de Javier Milei si se tomara en cuenta la despatrimonialización del Estado argentino que ha provocado a lo largo de los años la corrupción.
Dentro de la herencia recibida por la nueva gestión de gobierno debe incluirse el agravamiento de los hechos sospechosos.
En el último informe elaborado por Transparencia Internacional, la Argentina es calificada, o más bien descalificada, con solo 35 puntos sobre 100. En nuestra región están mucho mejor conceptuados Uruguay, con 74, y Chile, con 67 puntos. En 2015, en el final de la presidencia de Cristina Kirchner, la calificación de la Argentina fue de 32 puntos. Luego mejoró durante la gestión de Mauricio Macri, subiendo a 45 puntos en 2019, para volver a caer desde entonces.
Estos valores confirman que la gran degradación ocurrió bajo la conducción del matrimonio Kirchner. Su impronta fue clarísima, no solo por las evaluaciones internacionales, sino además por las evidencias conocidas públicamente, hayan o no recibido aún condena judicial definitiva. La corrupción en la obra pública alcanzó en esos años dimensiones dantescas, y no solo fue luego identificada y comprobada por la Justicia, sino también reconocida por los empresarios involucrados. Su reaparición en la gestión de Alberto Fernández reconoce la misma matriz kirchnerista, reimpulsada por una acentuación del intervencionismo estatal.
El control de precios y el cepo cambiario, plagado de autorizaciones y escaseces, extendieron la ocurrencia de coimas y “reintegros”. Muchas veces el poder de coerción de los funcionarios estuvo apoyado en decisiones que implicaban la paralización o la supervivencia de una empresa.
Comprobada la relación histórica de la corrupción con el kirchnerismo, no pueden dejar de observarse dos aspectos preocupantes. Por un lado, que la corrupción involucra siempre dos actores y que una parte del empresariado local participó en los hechos. Por otro lado, que la sociedad argentina ha mostrado por momentos una marcada indiferencia ante el fenómeno. Puede incluso afirmarse que la falta de una amplia condena social derivó en una Justicia condescendiente y a veces asociada a la corrupción. Esta es la derivación que puede afectar más sensiblemente la seguridad jurídica requerida por inversores y ahorristas. Este es uno de los frentes en que deberá trabajar el gobierno de Javier Milei, con el apoyo de una ciudadanía que debe entender que la corrupción no solo degrada principios de vida, sino que afecta materialmente a todos y, en particular, a los que menos tienen.
Entre los relevantes propósitos del nuevo presidente está el de dejar atrás una Argentina fuertemente corporativa y avanzar hacia una sociedad abierta y competitiva con libertad para trabajar, producir y comerciar. Esto incluye la apertura económica hacia el exterior, la libertad sindical y la derogación de una infinidad de regulaciones. La facilidad con que la dirigencia empresarial y sindical han aceptado la corrupción no está desvinculada del hábito corporativo de capturar al Estado en favor propio.
El daño que ocasiona la corrupción excede holgadamente el valor nominal de los fondos mal habidos. La decisión de un funcionario movida por una coima no solo carga sobre los contribuyentes los fondos derivados al cohecho, sino que lleva a decisiones muchas veces inconvenientes o incluso perjudiciales para la comunidad. Por muchos años habrá sobrecostos o deficiencias de calidad. Además, los países afectados por la corrupción se vuelven inaceptables para la inversión por parte de empresas internacionales o fondos sujetos a leyes que se aplican estrictamente.
El costo acumulado por efecto de decisiones inadecuadas y por desistimiento de inversiones tal vez sea nada más y nada menos la diferencia entre una Argentina próspera y la que tenemos hoy.
