La nueva Argentina tiene por delante el desafío de cubrir con Justicia donde el populismo dejó al descubierto las instituciones. Sin ello, las ideas de libertad serán una leyenda.
En su discurso de asunción, el presidente Javier Milei afirmó: “A todos aquellos dirigentes políticos, sindicales y empresariales que quieran sumarse a la nueva Argentina los recibimos con los brazos abiertos. Así, no importa de dónde vengan, no importa qué hayan hecho antes, lo único que importa es hacia dónde quieren ir”.
Sin embargo, en un país donde también según sus palabras “ningún gobierno ha recibido una herencia peor”, el Presidente debería poner límites a su convocatoria, al menos para asegurarse de no estar invitando a los que con su gigantesca corrupción saquearon al Estado argentino, dejándolo en las condiciones en que se encuentra hoy.
La Argentina ha asumido compromisos internacionales de luchar contra la corrupción y el lavado de activos, y debe aplicar sanciones efectivas, proporcionales y disuasivas a quienes hayan cometido dichos delitos, recuperando el producto de estos en favor del Estado.
No hay dudas de que la responsabilidad principal de contribuir a la búsqueda de la verdad y asegurar que se haga justicia corresponde al Ministerio Público y al Poder Judicial. Sin embargo, el Poder Ejecutivo también tiene un importante rol que cumplir.
En primer lugar, evitando transmitir mensajes equívocos que lleven confusión sobre su compromiso con la lucha contra la corrupción y el lavado de activos y su expectativa de que los funcionarios y empresarios que se hayan visto involucrados en tales conductas sean sancionados. El “quien las hace las paga” no puede dejar afuera a los delincuentes de cuello blanco.
En segundo lugar, dejando actuar a los organismos de control especializados para que de forma autónoma e independiente utilicen todas las herramientas a su disposición con el fin de colaborar, investigar, aportar pruebas y querellar penalmente en las causas penales de corrupción y lavado de activos.
En tal sentido, preocupan las recientes declaraciones del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, sobre su intención de quitar a la Oficina Anticorrupción (OA) y a la Unidad de Información Financiera (UIF) la potestad de querellar, bajo el pretexto de evitar así una actuación de estas con fines políticos.
La OA y la UIF son organismos de control del Estado, que actúan en defensa de bienes jurídicos de relevancia fundamental para la estabilidad de la República, como lo son la administración pública y el orden económico financiero, agraviados por la corrupción y el lavado de activos, respectivamente. Cuando estos cuerpos querellan conforme a la ley y sus procedimientos, lo hacen de manera autónoma e independiente; es decir, sin la interferencia indebida del gobierno de turno, porque su responsabilidad es actuar contra quienes se sospeche que hayan cometido delitos de corrupción.
Las falsas evocaciones al lawfare apuntaron siempre a consagrar la impunidad de los corruptos y lavadores, poniendo en jaque la fortaleza de nuestra democracia y principios básicos de su sano funcionamiento, como la libertad de prensa, la autonomía y la capacidad de actuación de los organismos de control, y la independencia del Poder Judicial.
Asimismo, cabe destacar que hay dinero asegurado a la espera de los juicios complejos por corrupción y lavado de activos que puede ser decomisado con las condenas y utilizado para paliar la crisis económica que afecta a todos los argentinos. Las querellas de los organismos especializados son claves en el logro de dicho cometido, ya que otorgan importante apoyatura técnica y complementan el rol de los fiscales en la valoración correcta de la prueba aportada.
En momentos en que se implementa un fuerte ajuste en materia fiscal, es necesario que el Gobierno no abandone su promesa de hacer recaer el peso de sus medidas sobre esa parte corrupta de la clase política que el Presidente califica acertadamente de “casta”. También es importante recordar que sin integridad no hay verdadera libertad, y que las nobles ideas de la libertad podrían pagar un altísimo precio si no se logra afianzar la Justicia.
