Narcotráfico: las Fuerzas Armadas no deben intervenir

Por Martín Balza*

Publicado en Clarin

La situación delictiva que vive la ciudad de Rosario ha originado comprensible repercusión mediática, política e ideológica. No soy un especialista en el tema, pero trataré de resumir lo que he recogido de vivencias y contactos con expertos internacionales, sobre un flagelo que azota a la humanidad desde principios del siglo pasado: el narcotráfico.

Actualmente, y particularmente en Latinoamérica, está relacionado con otros delitos transnacionales como el tráfico ilícito de armas, el tráfico de personas, el lavado de activos, el terrorismo y el crimen organizado. Todos, en mayor o en menor medida, ligados entre sí y a la corrupción.

El tráfico de drogas ilegales (narcotráfico) en el mundo mueve más de quinientos mil millones de dólares anuales, y en algunos países de Latinoamérica- según un reporte del Global Financial Integrity- el dinero sucio podría alcanzar hasta el 3 % de sus respectivos PBI. Ya no es solo un delito sino también una forma de vida y, reitero, se percibe claramente el financiamiento al terrorismo y al crimen organizado, que podría producir el debilitamiento de las instituciones democráticas.

A las amenazas estructurales citadas se las debe combatir, no solo con el rigor de la ley local y el fortalecimiento del derecho y la cooperación internacional, sino también atacando el hambre, la pobreza extrema, la creciente desigualdad y la exclusión social de amplios sectores de la población, que afectan la estabilidad y la democracia, erosionando la cohesión social y vulnerando la seguridad de los Estados.

El presupuesto que la mayoría de los Estados asignan para abordarlo, privilegia combatir la oferta y el menudeo con un 85/90 % y un magro 10/15 % a la prevención; los resultados no son positivos y las capturas se concentran en los eslabones más débiles, mientras los más fuertes trascienden fronteras generando un “efecto globo”, y se trasladan de acuerdo a las facilidades que encuentran en distintos países o regiones.

Esa es una de las causas que un reconocido experto en el tema, el ex presidente de Brasil, Fernando H. Cardoso, hace casi dos décadas me manifestó: “En el mundo, la lucha contra el narcotráfico se va perdiendo (…) Muchos países carecen de políticas con un diagnóstico medular que, entre otros aspectos, oriente privilegiar un equilibrio entre el presupuesto asignado a la represión y a la prevención”.

Aprecio que entre ellos está nuestro país. Al respecto, me remito a Shakespeare: “Lo he oído y lo creo en parte”, como dice Horatio en Hamlet. Hay coincidencia internacional en que la lucha debe ampliarse a otros factores como la educación, la salud pública, la política migratoria, la cooperación internacional, tareas de inteligencia y contra inteligencia, y con funcionarios competentes y jueces comprometidos con los delitos que declaramos combatir.

De lo contrario, el narcotráfico fácilmente llegará a la política infiltrado en mafias corruptas que, mediante hábiles “gambitos”, podría llegar a afectar a los gobiernos de turno, y la Argentina no sería la excepción. En Sudamérica está el productor más grande de cocaína del mundo, Colombia, que según las Naciones Unidas ha incrementado sensiblemente sus áreas sembradas de coca a 204.000 hectáreas y la producción de clorhidrato de cocaína de máxima pureza a 1400 toneladas métricas. El mayor centro de consumo son los Estados Unidos. También en la región está el mayor productor de marihuana: Paraguay.

Recurrentemente, en la Argentina, surgen opiniones encontradas sobre el empleo de medios adecuados para la lucha contra el narcotráfico, a pesar de la clara vigencia de la Ley de Defensa Nacional (23554/1988) y la Ley de Seguridad Interior (24059/ 1991). Incomprensiblemente, un inconstitucional Decreto del Poder Ejecutivo Nacional (727/2006) modificó parcialmente a la primera de ellas, agregando a continuación de: “…para enfrentar las agresiones de origen externo”, lo siguiente: “…producidas por fuerzas armadas pertenecientes a otros países”.

Clara autolimitación en el empleo legal de la fuerza disuasoria, desconociendo el conflictivo contexto internacional, la existencia de ejércitos privados, y privilegiando superadas ideologías.

Recientemente, el presidente de la República reforzó las fuerzas que en la ciudad de Rosario combaten el narcotráfico y, según trascendidos, incluyó efectivos del orden de cien miembros del arma de Ingenieros del Ejército, pero sin precisar explícitamente las “reglas de empeñamiento” a observar. Importante decisión, obviamente motivada en una seria apreciación de situación en la que participaron las máximas autoridades de la provincia de Santa Fe, los ministerios de Defensa y de Seguridad, y del Ejército.

En tal sentido, me consta que los países que dispusieron de sus fuerzas armadas (FFAA) en esa lucha, los resultados han sido negativos, letales, desmoralizadores, y afectaron la esencia y la profesionalidad de las mismas.

Aprecio que en nuestro país, actualmente, es prematuro, innecesario, inconducente y desmoralizador, emplear a las FFAA en operaciones ajenas a su esencia y propias de las Fuerzas de Seguridad y Policiales. La misión- y también el despliegue, estructura, instrucción, adiestramiento, material y armamento- del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, es preservar mediante una disuasión creíble, conocidos escenarios vitales, terrestres y marítimos, joyas de materias primas y actualmente desprotegidos.

*Ex Jefe del Ejército Argentino. Veterano de la Guerra de Malvinas y ex Embajador en Colombia y Costa Rica