En momentos en que los argentinos nos sentimos conmovidos por el impacto de la criminalidad y de la violencia narco, asistimos a toda clase de justificaciones coyunturales y al ensayo de respuestas como el envío de efectivos de las fuerzas de seguridad –también militares– a Rosario, mientras se anuncia que se aceleraría la postergada cobertura de vacantes en los juzgados existentes y la creación de otros nuevos.
Hace tiempo que el narcotráfico dejó de ser una hipótesis en nuestra tierra para pasar a ser una realidad cruda y cierta que no se limita a la ciudad cuna de nuestra bandera o a la disputada Hidrovía, sino que también dice presente en la frontera norte y en muchos enclaves del conurbano profundo con búnkeres instalados en demasiados barrios para inseguridad de los vecinos. Tenemos a la vista los resultados de una ausencia de políticas firmes, claras y sostenidas. Del mismo modo, son conocidos los mecanismos por los cuales el narco se ocupa de cooptar a dirigentes políticos, al igual que a miembros de las fuerzas de seguridad y del Poder Judicial.
Desde 2010, la Cámara Nacional Electoral, a través de sentencias y acordadas, viene advirtiendo a los poderes públicos nacionales y provinciales sobre la necesidad de llevar el control del financiamiento de la política en todos los niveles de gobierno. El conocimiento de lo acontecido en otros países ha demostrado a nuestro superior tribunal electoral que el narcotráfico suele penetrar territorialmente desde la periferia hacia el centro, comenzando por disputar elecciones de concejales e intendentes en distritos alejados, como lo demuestra la cruda realidad de México, donde la muerte y el narcocrimen son una dolorosa realidad.
Por eso no ha sido extemporánea la recomendación que la Cámara hizo a los partidos políticos nacionales el 14 de marzo. En ocasión de reunir al Consejo Consultivo partidario con motivo del cronograma electoral en curso, avezados magistrados como Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera pidieron a las agrupaciones partidarias que, al momento de presentar sus rendiciones de cuentas anuales, brinden el detalle de los gastos realizados en los niveles provinciales y municipales, advirtiendo que el tribunal los controlará y auditará.
El control del financiamiento partidario fue impulsado por la propia Cámara en el fallo “Partido Nacionalista Constitucional” de 2002, en el cual se enfatizó una política de transparencia ante la “apariencia de corrupción” que conlleva la históricamente turbia relación entre dinero y política. Desde entonces, la Ley 26.500 de control de financiamiento partidario y sus modificaciones fueron mejorando un sistema en permanente evolución que los alemanes llaman “la legislación interminable”.
Para esa tarea, los 24 jueces federales con competencia electoral y la Cámara cuentan con la colaboración de un Cuerpo de Peritos Contadores, registrándose miles de sanciones por incumplimientos en las rendiciones anuales y de campaña.
Sin embargo, es de lamentar que ese notable avance de la legislación y de la Justicia Federal Electoral no haya tenido correlato en los sistemas electorales provinciales. En efecto, muchas provincias carecen de todo tipo de normativa sobre la materia mientras que en otras se registran sistemas de control meramente formales que no aplican sanciones. El problema radica en que son las jurisdicciones locales las más permeables al flagelo del narcotráfico.
Una acordada de 2014 se ocupó particularmente de los problemas derivados de la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado. Propuso el intercambio de información para prevenir, detectar y sancionar el uso de fondos de origen ilícito, estrechando la colaboración con la Afip, la UIF y las provincias a través de convenios que también se extiendan a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) cuando se detecten aportes de personas políticamente expuestas o situaciones especiales por considerar. La legislación se hizo cargo de algunas recomendaciones, pero otras continúan pendientes, particularmente en lo referido al vacío legal existente en las provincias.
Nada empaña ni violenta al federalismo que se realicen acuerdos de cooperación, de colaboración o de adhesión entre la Justicia Federal Electoral y los poderes locales a los efectos de enfrentar a un enemigo tan poderoso y furtivo que requiere del máximo expertise.
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