A nadie le resulta ajeno que un país debe tener su petrolera de bandera, resulta estratégico, es de manual. Pero cómo tenerla debe ser tan o más importante.
YPF de petrolera exitosa pasó a ser una petrolera mal administrada hasta que se convirtió en una empresa saqueada.
Nació bajo los auspicios de Hipólito Yrigoyen y Marcelo T. de Alvear, fruto de algo tan ausente como necesario en la actualidad: una política de Estado. Su primer presidente fue Enrique Mosconi, también una rareza en nuestros días por su doble condición de militar e ingeniero. Empezó en Comodoro Rivadavia con el primer descubrimiento, siguió por Salta en Madrejones y Campo Durand; luego por Mendoza, y continuó su avance tan exitoso como federal, porque allí donde estuvo YPF se fundó un pueblo, hubo progreso y civilización. Todo lo contrario a lo que se hace hoy, cuando se tergiversan conceptos y fines, entre pueblos pseudoaborígenes y erróneos argumentos ambientales.
Los desbarajustes empezaron con el primer desguace que implicó la separación de Gas del Estado. En ese punto era la empresa más grande del país, tenía flota de mar, gasoducto, oleoducto y petroquímica. Con ese movimiento devino en caja inagotable para fines políticos. Sobrevino su privatización, con una implementación escandalosa y discutible, en algo que encontraba un antecedente directo en la discusión conceptual entre las miradas de Arturo Frondizi y Arturo Illia.
La etapa de mala administración tiene esencialmente que ver con el hecho de haber estado atravesada siempre –y mal– por la política con minúsculas. Ya privatizada, se listó en la bolsa de Nueva York, lo que le dio otro perfil.
Se cometieron grandes errores, como un intento de proyección internacional, con compras de sociedades con pasivos ambientales, que hoy tienen como consecuencia un juicio billonario contra nuestro país por contaminación en Delaware.
El tercer ciclo de la saga es reciente y se inauguró con un acto que simbólicamente lo dice todo: a raíz de su privatización, las provincias petroleras recibieron el equivalente de sus regalías. Las de Santa Cruz fueron a dar a una cuenta donde desaparecieron.
Al día de hoy no se sabe dónde están o qué fue de esos dineros. Gobernaba entonces la provincia Néstor Kirchner y empezaba el último ciclo de la vida de YPF. El más patético.
Se inició con el ingreso de un grupo ignoto en el sector, con el argumento de su especialidad en “mercados regulados”. Todo un anticipo del capitalismo prebendario que se instauró en la Argentina, como sistema de equilibrios inestables del que saca ventaja un grupo de beneficiados sin otra credencial que una amistad o interés espurio común. Con YPF se inauguró el nuevo esquema.
Una familia, con un pasado empresarial ligado a Néstor Kirchner y un crecimiento polémico, se hizo dueña de la mayor empresa argentina. Lo más insólito: con un modelo de financiamiento que les permitió no pagar un céntimo. Se trató de un préstamo garantizado con dividendos de la propia YPF. Más que garantizado, propiamente financiado, porque el préstamo se pagaba con esos dividendos. Compra apalancada, le dicen.
El problema es que las consecuencias del artilugio financiero pegaron en la línea de flotación de la economía nacional.
Por un lado, YPF dejó de invertir en exploración, acción fundamental en cualquier petrolera, porque a fin de cuentas su valor está en las reservas. Por el otro, afectó la balanza de pagos del país, porque cada cuota que se pagaba significaba el egreso neto de divisas. Un negocio ruinoso para YPF y para la Argentina, principal accionista de la empresa.
Sí, se beneficiaron unos pocos, propósito final del régimen del capitalismo de amigos.
El viernes pasado la jueza Loreta Preska, la misma que heredó todos los casos por los defaults de deuda argentinos perpetrados sucesivamente en 2001, 2004 y 2008, ratificó que Nueva York es una de las principales plazas para la resolución de conflictos de empresas internacionales, donde las estatizaciones son vistas como una excepción, y las mal hechas, más aún.
La magistrada dejó expuesta la mala praxis del Gobierno kirchnerista: por el traspaso fraudulento es responsable el Estado, actuó mal, incumpliendo sus obligaciones bajo el estatuto de YPF.
Queda todavía una instancia de apelación por lo menos, y que se defina el monto de la condena a la Argentina, pero ya es bueno ir sacando conclusiones y aprendizajes.
