Si los jueces solo deben hablar por sus sentencias y coincidiéramos en que una Justicia lenta no es justicia, el caso de la magistrada Ana María Figueroa navega flagrantemente por fuera de esos cánones.
La opinión de la presidenta de la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país después de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es la que resta para definir si se reabre la causa Hotesur-Los Sauces, cerrada sin juicio hace un año y medio, y en la que están imputados Cristina Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia, entre otros acusados, por lavado de dinero mediante retornos de Lázaro Báez y Cristóbal López, en pago por los fondos que los empresarios conseguían para realizar obras.
La abogada Silvina Martínez denunció a Figueroa ante el Consejo de la Magistratura, por “actos de manifiesta arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones”. En su opinión, Figueroa persigue “que las elecciones de 2023 transcurran sin un nuevo juicio oral con la vicepresidenta como acusada”.
Los otros dos jueces de la Cámara de Casación que componen la sala que debe definir en ese expediente son Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, quienes ya tendrían decidido su voto. Se trata de una causa demorada frente a la que tanto la vicepresidenta como su entorno familiar y político vienen pugnando desde hace tiempo para que todo quede en la nada.
Otro punto es que Figueroa –a quien el kirchnerismo en el Senado ya adelantó que apoyará para que siga en su cargo hasta los 80 años– dijo a fines del año pasado, y ratificó el miércoles último ante la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta, su opinión de que existe un “ensañamiento” contra Cristina Kirchner y que, muchas veces, le llegan “causas armadas” vinculadas a conflictos de la política.
“Mi opinión sobre el ensañamiento tiene que ver exclusivamente con que no hubo ningún otro caso en el país, en la historia, en que a una persona la citen a ocho declaraciones indagatorias el mismo día”, sostuvo ante los senadores. Resulta tan improcedente como inquietante que una jueza emita opiniones personales sobre un acusado cuya situación tiene en estudio. De los magistrados se esperan definiciones técnicas sobre asuntos de su estricta competencia y no que se conduelan públicamente de los imputados o que lancen opiniones sobre la supuesta procedencia de algunas causas.
La magistrada debería jubilarse en agosto próximo, cuando cumpla 75 años. La Constitución nacional prevé la posibilidad de que los jueces puedan seguir en el cargo mediante un nuevo nombramiento por cinco años más llegados a esa edad y que, incluso, el Senado se lo renueve indefinidamente mediante el mismo trámite parlamentario que comienza en el momento en el que el presidente de la Nación le eleva el correspondiente pedido al Congreso. Naturalmente, nada hay para objetar del texto constitucional. Los mayores reparos son los que pusieron de manifiesto frente a la magistrada los senadores de la oposición durante la reciente reunión de la Comisión de Acuerdos, donde la camarista concurrió a defender su pliego. No solo le reprocharon con contundencia sus lazos con el kirchnerismo, sino que le exigieron definiciones.
La vicepresidenta de la Comisión, Guadalupe Tagliaferri (Pro-Capital), quiso saber si la demora en emitir su veredicto en la causa Hotesur guardaba alguna vinculación con el pedido de extensión de su magistratura.
Tras recordar que el oficialismo viene negándose a conceder la permanencia en el cargo de los jueces que llegan a la edad jubilatoria, Julio Martínez (Cambiemos Fuerza Cívica Riojana) le preguntó a Figueroa: “¿Por qué cree que el kirchnerismo está a favor de su continuidad? ¿Será por la posición que tuvo en su momento con la ley del arrepentido, considerándola inconstitucional? ¿Será porque está en la causa Hotesur y Los Sauces? ¿Será también porque criticó al recordado juez Bonadío por las citaciones a Cristina Kirchner o porque denunció aprietes de la mesa judicial macrista que ahora tiene el beneplácito del oficialismo para acompañar su continuidad?”.
La jueza reivindicó su imparcialidad, tildó de “mentira absoluta” que demore la definición sobre la causa Hotesur.
Ver como ponen jueces amigos en puestos claves de modo de asegurarse impunidad, solo impulsa a insistir en la imperiosa necesidad de reclamar mejores cuadros institucionales.
