A esta altura de los acontecimientos en el devenir de la realidad nacional, sin dudas, el juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación deviene en la peor de las estrategias de campañas del oficialismo gobernante.
La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados ha decidido retomar hacia fines del corriente mes el tan absurdo como infundado juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
La acusación llevada adelante por el Poder Legislativo contra los miembros del más alto tribunal del país se encuentra motivada, según argumentan los diputados, en el mal desempeño y la comisión de delitos como consecuencia de haber determinado la Corte, entre otras cuestiones, la inconstitucionalidad de la ley del Consejo de la Magistratura y haber fallado en favor de la ciudad de Buenos Aires en sus reclamos sobre coparticipación federal de impuestos y sobre el dictado de clases presenciales durante la pandemia.
Como se puede apreciar, el Poder Legislativo se encuentra enjuiciando a los miembros de la Corte por el contenido de sus sentencias, utilizando el juicio político como herramienta de censura, persecución e intromisión en el Poder Judicial.
La Corte es un tribunal con jurisdicción constitucional y de garantías constitucionales, que decide en instancia definitiva e irrevisable la interpretación de la Ley Fundamental para resolver cuando haya sido violada y cuando no. Y fue precisamente en el ejercicio pleno de sus facultades que dictó las sentencias que ahora sirven de inexplicable fundamento en el forzado pedido de juicio político.
Pretender que esos jueces sean enjuiciados por el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales no solo entraña una contradicción en sí misma, sino que afecta la independencia del Poder Judicial. Resulta, por lo tanto, una conducta intolerable desde todo punto de vista y, particularmente, contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos, que expresamente dispone que “no podrá exigirse responsabilidad en ningún tiempo a los jueces de la Corte ni a los miembros de la Comisión por votos y opiniones emitidos en el ejercicio de sus funciones”.
Más allá de las referencias a los fallos dictados como fundamento del ataque contra la Corte, cabe preguntarse también ¿cuál es el objeto del juicio?; ¿se encuentra delimitada la acusación?; ¿quién controla la legalidad del proceso y la pertinencia en la producción de las pruebas?
Si el objeto de investigación no se encuentra precisamente determinado: ¿los testigos deberán responder todo tipo de preguntas o alguna de ellas podrán ser cuestionadas por impertinentes por no guardar razón con el objeto investigado?; ¿podrán los jueces de la Corte ejercer con plenitud sus derechos a ser oídos, producir prueba en su descargo y hacer valer todos los medios conducentes a su defensa?; ¿las pruebas obtenidas por medios ilegales podrán erigirse como prueba de cargo?
Estos y otros muchos interrogantes comienzan a surgir a partir de la manera arbitraria en que la Comisión de Juicio Político viene desarrollando el amañado proceso acusatorio. Esta “excursión de pesca” fue ya advertida por los diputados de la oposición representados en ese cuerpo y se aprecia especialmente en reiteradas decisiones de disponer otras medidas laxas de prueba, acudiendo al concepto de “prueba dinámica”, inaplicable al proceso penal, es decir, dictadas por la Comisión con posterioridad a la iniciación del juicio político.
En esa línea de disponer permanentemente nuevas pruebas se modifican las causas y los procedimientos de la presentación inicial, de un modo claramente arbitrario, máxime cuando ello ocurre porque los testimonios ofrecidos inicialmente no responden a los acusadores como estos pretenderían que ocurriese.
De los testimonios vertidos en sesiones de la Comisión, la mayoría acusadora pretende extraer alguna respuesta para dar origen a la disposición de nuevas pruebas. Con esa burda maniobra, persigue seguir ampliando permanentemente los procedimientos contra los jueces, de modo de dilatar de forma indefinida las conclusiones y evitar someterlas al análisis del plenario de la Cámara baja, donde difícilmente el oficialismo consiga la mayoría calificada.
