Con mucho esfuerzo, una mayoría favorable al Gobierno logró darle media sanción a la Ley Bases en el Senado, durante una sesión en la que sobrevoló la nostalgia del aplauso de pie celebrando el default y primó el peso de una inercia populista que desguazó la norma en el recinto e intentó frenarla con violencia en la calle.
La Argentina no tiene salida sin los cambios estructurales impedidos desde tiempo inmemorial por los intereses corporativos que la controlan.
Es indispensable reducir el gasto público, bajar la presión fiscal, eliminar privilegios sindicales, regímenes especiales y mercados cautivos para achicar costos y ganar competitividad. Solo así se podrá elevar el nivel de vida de la población, sin la fantasía del “Estado presente”, verdadera fábrica de pobres. Las devaluaciones han sido subterfugios populistas para convalidar una estructura productiva no viable pero rentable para sus beneficiarios.
El programa económico de Javier Milei se encuentra ahora afectado por cambios en la reforma jubilatoria además de los recortes a la Ley Bases. El kirchnerismo tiene por objetivo repetir lo ocurrido con De la Rúa sin preocuparse por las consecuencias, en tanto el resto de la oposición se centró en obtener ventajas sectoriales o locales, como si sus beneficiarios no fuesen argentinos y pudiesen salvarse si el Titanic se hundiese.
Se señala la “hiperrecesión” que provoca el ajuste en curso, sin que se aclare cómo podría evitarse sin emitir moneda en un contexto de enorme fragilidad. En el corto plazo, la única forma de reactivar es a través del ingreso de dólares para poder eliminar el cepo, impulsar las exportaciones y alentar las inversiones.
Ello requiere confianza en que la Argentina no será, nuevamente, una trampa para incautos.
Pueden llenarse páginas y páginas criticando los malos modales del Presidente, sus daños autoinfligidos, sus inútiles agravios a legisladores, periodistas y mandatarios extranjeros, sus errores de gestión y sus sorprendentes contramarchas. Pero esas críticas no cambiarán ni su estilo ni sus modales.
Aunque parezca difícil, se debe separar la paja del trigo. Una cosa es criticar su estilo y sus equivocaciones y otra, bloquear las transformaciones indispensables para no naufragar.
El Presidente tiene una triple legitimidad para lograr del Congreso de la Nación las herramientas necesarias para gobernar. La primera es que la mayoría de la población lo votó, con sus “guarangadas” incluidas, para que aplique el programa que anunció en campaña. La segunda es que también los mercados votaron. El “riesgo país” bajó fuertemente al asumir Milei, subió con las trabas en el trámite parlamentario y volvió a descender en las últimas horas, luego de la aprobación por el Senado. Esa caída es fundamental para el ingreso de los capitales indispensables para reactivar la obra pública, mejorar las jubilaciones, fortalecer los ingresos y proteger a los más débiles. Y la tercera, es que el consenso de economistas identifica al exceso de gasto público como principal problema de la Argentina.
Eso otorga a Milei legitimidad académica en cuanto al rumbo por seguir. Habrá discrepancias con respecto a los medios, pero no sobre los fines. Otras alternativas ya quedaron afuera el pasado 10 de diciembre. Salvo el kirchnerismo y la izquierda, nadie propone continuar emitiendo y subsidiando.
Lo ocurrido en el Senado de la Nación y en las inmediaciones del Congreso anticipa la reacción que tendrán los intereses sectoriales cuando se intente suprimir sus privilegios y reducir un Estado dominado por grupos de poder.
Es un desafío mayor al que enfrentó la generación del 80, pues, esta vez, no se trata de organizar, educar y cultivar venciendo las adversidades del analfabetismo y el desierto.
Se trata en la actualidad de luchar contra creencias e intereses arraigados que impiden a la Argentina prosperar en “unión y libertad”, como fue el mandato de quienes fundaron la Patria.
