Desde que asumió Javier Milei y concentró su esfuerzo en lograr déficit cero para eliminar la inflación y recuperar la moneda, fue criticado por no prestar atención a la llamada “economía real”, privilegiando la estabilidad fiscal sobre el desarrollo productivo. Bien contrapuesto a Bernardo Grinspun, primer ministro de Economía de Raúl Alfonsín, quien hacía alarde de preferir la reactivación a costa de mayor inflación. No logró lo primero y lo agobió lo segundo.
El Estado tiene un rol importante que cumplir en el crecimiento de un país, sin dejar todo en manos del mercado. Además de establecer un marco institucional, proveer bienes y servicios públicos y desarrollar infraestructura, son necesarias políticas activas (la dichosa “colaboración público-privada”) para reconvertir sectores rezagados (automotriz, textiles); apoyar ventajas competitivas (litio, biotecnología) e impulsar servicios que absorben mano de obra y favorecen el trabajo con inclusión.
Existen en el mundo distintos modelos de intervenciones públicas, algunas exitosas, como las de Corea del Sur, Singapur o China, y otras que no lograron igual dinamismo, como las de Italia, Francia o España. Pero el caso argentino es distinto a los que se analizan en claustros universitarios. Esos países funcionan como tales, unos a punta de fusil y otros con disensos democráticos, con engranajes ajustados y causalidades predecibles. En los primeros, los premios y castigos se alinean sobre la base de rígidos principios de orden, mérito, esfuerzo y veneración de lo público. En los segundos, aunque esos valores son reconocidos en los discursos, flaquean por sus hechuras latinas.
Como lo definió el filósofo Carlos Nino, el nuestro funciona al margen de la ley, en una “anomia boba” donde cada cual subsiste como puede a costa del conjunto, empobreciéndose todos. El capital social se diluyó durante 80 años de crisis, ocho “defaults”, inflación extravagante y desaparición de la moneda. Esos fenómenos provocaron la fuga de capitales; la destrucción del ahorro; la expulsión a la informalidad y la expansión de la pobreza.
Para que los planes de cualquier gobierno cumplan sus objetivos, es indispensable un mínimo de cohesión social, una pizca de confianza y “servidores públicos” que no confundan el interés general con el propio. En la Argentina han existido decenas de planes de desarrollo, regímenes de fomento y programas de estímulo, pero todos han sido oportunidades de negocios y nunca verdaderos acicates para la inversión de fondos particulares. La gestión de partidas presupuestarias, créditos blandos, barreras de entrada, exenciones fiscales, avales oficiales, reintegros y desgravaciones impositivas siempre ha estado dirigida por la política partidaria, generando plusvalías cuantiosas para funcionarios, gestores y empresarios a costa del erario.
Es el mercado más oscuro y dañino, pues condiciona decisiones estatales que deforman la estructura productiva condenando a una nación por generaciones.
No debe olvidarse que, cuando el Estado abre y cierra compuertas de dinero, se arma de inmediato un bazar paralelo de comisiones, retornos y gratificaciones. Gracias a la tecnología, hemos visto el caso de los seguros que involucra al expresidente Alberto Fernández y, gracias a los cuadernos, los enjuagues en el mundo de la construcción. Así funciona el mercado de lo público, con bolsos y sobres, pagos a prestanombres, uso de departamentos y tarjetas azules para autos de alta gama, entonando el himno con una mano en el corazón, otra en la billetera e invocando a la patria, que es el otro.
Con la excepción del período 1991-1999, cuando se estabilizó la economía y se lograron fuertes inversiones externas en infraestructura y energía con marcos regulatorios creíbles, la Argentina decayó con prisa y sin pausa. Tres pruebas contundentes evidencian el fracaso sistemático de tantos esfuerzos trienales, quinquenales o decenales. Los argentinos residentes han acumulado casi medio PBI en el exterior o bajo los colchones, sin deseo alguno de ingresar esos fondos, con planes o sin ellos; los casos de corrupción revelan los montos fabulosos transados en los bazares de las decisiones públicas y, finalmente, la endeblez de la estructura productiva, incapaz de generar divisas y dar empleo genuino por culpa de tantos incentivos perversos.
El Gobierno se ha enfrentado con una Argentina destruida, sin moneda, sin capitales, sin reservas y sin competitividad, plagada de enclaves y derechos adquiridos, de sindicalistas mafiosos y de dueños del gasto público. Con la Ley Bases, la de “hojarasca” y desregulaciones varias, debe ahora limpiar el terreno para reconstruir los cimientos de la sociedad.
