Argentina vuelve a enfrentarse a una pregunta que excede la suerte parlamentaria de un decreto: ¿cuánto puede durar una transformación cuando sus reglas permanecen sujetas a disputas entre poderes, cambios judiciales y negociaciones políticas? El debate sobre el DNU 70/2023 vuelve a poner esa cuestión en el centro, porque la discusión ya no se limita a sus contenidos, sino a la estabilidad del marco jurídico que regula actividades económicas y sociales.
La oposición en Diputados convocó para el 15 de octubre una sesión especial en la que buscará rechazar el megadecreto. La iniciativa se produce después de que la Corte Suprema restableciera la vigencia del artículo 154, referido a la derogación de la Ley de Tierras Rurales y a los límites para la adquisición de tierras por extranjeros. El Senado había rechazado el DNU en marzo de 2024, pero Diputados nunca completó su tratamiento. Si la Cámara baja también lo rechaza, el decreto quedaría definitivamente sin efecto.
El problema institucional que emerge es significativo. El DNU fue una de las principales herramientas utilizadas por Javier Milei al comienzo de su gestión para modificar una extensa cantidad de normas. Su texto original contiene 366 artículos y alcanza cuestiones diversas. Por eso, una eventual caída no implicaría únicamente revisar el capítulo de tierras: afectaría el conjunto del decreto y abriría un nuevo proceso de adecuación normativa.
Entre las regulaciones que podrían volver a regir aparecen disposiciones vinculadas con alquileres, obras sociales, servicios de internet, abastecimiento, góndolas, empresas públicas y comercio exterior. El resultado sería un escenario jurídico diferente del que comenzó a construirse desde diciembre de 2023. No se trata solamente de una discusión política sobre Milei. Para empresas, trabajadores, consumidores, propietarios e instituciones, la pregunta central es qué norma estará vigente y durante cuánto tiempo.
La incertidumbre se vuelve especialmente relevante cuando las reformas dependen de instrumentos que pueden ser cuestionados posteriormente en el Congreso o ante la Justicia. Una política pública necesita reglas conocidas para poder ser aplicada, discutida y eventualmente corregida. Cuando una misma cuestión atraviesa un decreto presidencial, un rechazo parlamentario, una sentencia judicial y una nueva ofensiva legislativa, el ciudadano común queda frente a una sucesión de decisiones cuya estabilidad resulta difícil de anticipar.
El episodio también exhibe una debilidad del sistema de acuerdos. El oficialismo busca preservar una herramienta que considera central para su programa, mientras distintos bloques opositores intentan terminar con ella. La Corte, por su parte, dejó expresamente señalado que el Congreso conserva la facultad de ejercer el control político sobre los decretos. En ese cruce, cada poder actúa dentro de sus competencias, pero el resultado acumulado es una disputa todavía abierta sobre reglas que ya producen efectos.
La cuestión de fondo, entonces, no es solamente si el DNU sobrevive o cae. Es qué mecanismo utilizará la Argentina para transformar reformas profundas en normas estables, discutidas y previsibles. La velocidad puede ser útil para responder a una emergencia, pero la permanencia de cambios estructurales requiere acuerdos capaces de resistir alternancias políticas, decisiones judiciales y nuevas mayorías parlamentarias.
El 15 de octubre será, en ese sentido, una fecha relevante para observar cómo se resuelve una parte de esta disputa. Pero cualquiera sea el resultado, permanecerá una cuestión más amplia: la necesidad de reducir la distancia entre las decisiones de gobierno y la certeza jurídica que necesitan quienes viven, trabajan, invierten y desarrollan sus actividades en el país.
Sin esa previsibilidad, cada reforma queda expuesta a una nueva batalla y cada batalla puede modificar nuevamente las reglas. Argentina corre así el riesgo de convertir la incertidumbre en una característica permanente de su sistema normativo. Esa previsibilidad también es necesaria para que inversiones, contratos, empleo y decisiones familiares no dependan de interpretaciones cambiantes ni de una sucesión permanente de disputas institucionales.
