La quinta Marcha Federal Universitaria, realizada este jueves frente al Congreso de la Nación, volvió a poner en primer plano una discusión que excede los intereses de docentes y estudiantes: el lugar que ocupa la educación pública en el proyecto de país. Sin embargo, la jornada quedó atravesada por una escena que no debería naturalizarse en democracia: la violencia entre manifestantes y fuerzas de seguridad, con la intervención policial mediante gases lacrimógenos, camiones hidrantes y balas de goma.
El reclamo tenía un fundamento concreto. La comunidad universitaria exigió que el Gobierno nacional cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso, en un contexto de deterioro presupuestario y pérdida del poder adquisitivo de los salarios. No se trataba solamente de defender una institución histórica, sino de reclamar el respeto por una norma sancionada mediante los procedimientos establecidos por la Constitución.
Cuando una ley entra en conflicto con las decisiones del Poder Ejecutivo, las diferencias deben resolverse por los canales institucionales. La discusión sobre los recursos disponibles, las prioridades presupuestarias y las posibilidades económicas del Estado es legítima. Lo que no contribuye a resolverla es prolongar la incertidumbre sobre la aplicación de una norma y trasladar el conflicto a una confrontación permanente entre el Gobierno y la comunidad educativa.
La magnitud de la movilización mostró, además, que la preocupación universitaria no pertenece exclusivamente a un sector. Estudiantes, docentes, trabajadores no docentes, autoridades académicas y ciudadanos que reconocen en la universidad pública una herramienta de movilidad social confluyeron en una convocatoria de alcance nacional. Reducir esa expresión colectiva a una maniobra partidaria impide comprender la dimensión institucional y social del problema.
Pero la legitimidad del reclamo no convierte cualquier conducta en aceptable. Los episodios de violencia registrados durante la jornada, incluidos los ataques contra efectivos policiales y los daños a bienes públicos, deben analizarse y determinarse individualmente. La protesta no habilita agresiones ni delitos. Tampoco corresponde atribuir a toda una multitud la conducta de grupos que protagonizaron enfrentamientos.
La misma exigencia debe aplicarse al Estado. Las fuerzas de seguridad tienen la responsabilidad de preservar el orden público, proteger a las personas y actuar dentro de la ley. Esa función no les concede una autorización ilimitada para utilizar la fuerza. Cada intervención debe ser necesaria, proporcional y sometida a control. La existencia de agresiones contra los agentes no elimina la obligación de examinar si los medios empleados para responder fueron adecuados.
La represión introduce, además, una consecuencia política que no puede ignorarse: desplaza el centro de la discusión. En lugar de debatir sobre salarios, becas, presupuestos y funcionamiento de las universidades, la atención pública termina concentrada en los enfrentamientos, las detenciones y las imágenes de los operativos. La violencia se convierte así en una mancha sobre una movilización cuyo argumento principal merece ser discutido con seriedad.
El Gobierno tiene derecho a defender su política económica y explicar sus objeciones presupuestarias. También debe asumir que gobernar implica respetar las instituciones, responder por las decisiones adoptadas y cumplir las obligaciones legales vigentes. La austeridad puede ser una orientación económica, pero no reemplaza la legalidad ni resuelve por sí misma las consecuencias que sus medidas producen sobre el sistema educativo.
Del mismo modo, las organizaciones convocantes tienen la responsabilidad de sostener el carácter pacífico de sus protestas y evitar que los actos violentos desfiguren sus objetivos. La convivencia democrática requiere límites para todos, no privilegios según la posición política de cada protagonista.
La quinta marcha deja, por lo tanto, dos cuestiones inseparables: la necesidad de resolver el conflicto por el financiamiento universitario y la obligación de impedir que la confrontación sustituya al diálogo institucional. La educación pública no necesita episodios de violencia para justificar su importancia. Necesita recursos, reglas claras y decisiones verificables.
Una democracia se fortalece cuando la ciudadanía puede reclamar sin temor y cuando el Estado responde con legalidad, no mediante el uso desproporcionado de la fuerza. Si la violencia termina ocupando el lugar de la discusión sobre la ley, pierden la universidad, las instituciones y la sociedad que espera respuestas.
