La proximidad de un nuevo período electoral vuelve a poner en discusión la utilidad de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), creadas para seleccionar candidatos a cargos nacionales. La controversia excede una cuestión operativa: plantea interrogantes sobre el papel de los partidos, los derechos de sus afiliados y la intervención del Estado en la vida interna de las organizaciones políticas.
El exsenador de la Nación Eduardo Menem aportó esa visión a través de una columna publicada en las últimas horas en el diario Clarín, en la que cuestionó los fundamentos y los resultados del sistema vigente. Su planteo recupera una discusión institucional que merece ser examinada más allá de las posiciones coyunturales de quienes impulsan su eliminación o defienden su continuidad.
Las PASO fueron establecidas en 2009 mediante la ley 26.571, cuyo título aludía a la democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral. Sin embargo, transcurridos varios ciclos electorales, corresponde preguntarse hasta qué punto esos objetivos se cumplieron y si los beneficios obtenidos justifican los costos económicos, administrativos y políticos del mecanismo.
Uno de los principales cuestionamientos se relaciona con la autonomía de los partidos. El artículo 38 de la Constitución Nacional, incorporado en la reforma de 1994, reconoce a estas organizaciones como instituciones fundamentales del sistema democrático y les atribuye competencia para postular candidatos a cargos electivos. Desde esa perspectiva, la selección de postulantes constituye una función central de la actividad partidaria.
La instauración de primarias abiertas modificó ese esquema al permitir que ciudadanos sin afiliación participen en la definición de las candidaturas de una agrupación. Para sus críticos, esta modalidad reduce la capacidad de decisión de quienes mantienen una pertenencia política formal y participan de la estructura partidaria. La objeción adquiere relevancia cuando las preferencias de electores ajenos a una organización pueden incidir en la competencia entre sus dirigentes.
También existe una discusión sobre los incentivos que genera el sistema. La posibilidad de intervenir en la interna de otra fuerza puede ampliar la participación, pero también suscita dudas acerca de la correspondencia entre las preferencias de quienes votan y las de los afiliados que integran la organización. El problema no consiste en presumir intenciones indebidas en los electores, sino en determinar qué mecanismo representa mejor la voluntad partidaria y evita distorsiones en la selección de candidatos.
A esa controversia se suma el carácter obligatorio de las primarias. La ciudadanía debe concurrir a una instancia electoral adicional, incluso cuando las agrupaciones presentan listas únicas y no existe una competencia efectiva que resolver. En esos casos, el procedimiento pierde parte de su justificación práctica, mientras el Estado afronta gastos de organización, logística, personal y fiscalización.
La presentación de candidaturas únicas en distintas elecciones expuso, además, una limitación del modelo: la obligación de celebrar primarias no garantiza que existan disputas internas reales. Cuando no hay alternativas, el mecanismo puede convertirse en una instancia formal cuyo rendimiento democrático resulta discutible frente a lo recursos que demanda.
No obstante, eliminar las PASO tampoco resolvería automáticamente los problemas de representación. Sin reglas transparentes, controles adecuados y procedimientos internos competitivos, la selección de candidatos podría quedar concentrada en las conducciones partidarias. La discusión, por lo tanto, requiere considerar tanto los costos del sistema actual como las garantías necesarias para evitar decisiones cerradas y escasamente participativas.
El debate debería centrarse en cómo fortalecer a los partidos sin convertir la intervención estatal en una sustitución de sus responsabilidades, y cómo asegurar que la ciudadanía participe de manera efectiva sin multiplicar innecesariamente las instancias electorales. La revisión de las PASO ofrece una oportunidad para evaluar resultados, costos y alternativas. La legitimidad democrática no depende solamente de la cantidad de veces que se vota, sino también de la transparencia de los procedimientos y de la capacidad de las instituciones para representar las preferencias de la sociedad.
