Hay una costumbre argentina que parece resistirse a desaparecer. Cada vez que una elección se vuelve incómoda y las encuestas dejan de transmitir holgura, reaparece una receta tan conocida como nefasta, que consiste en poner más dinero en el bolsillo de la gente con la esperanza de que ese alivio se traduzca después en acompañamiento electoral.
La fórmula cambia de nombre según quién la proponga. Algunos hablan de recomponer ingresos, otros de recuperar consumo, muchos sugieren bonos extraordinarios y no faltan quienes reclaman una señal concreta hacia jubilados, asalariados o sectores medios. Muta el envoltorio, pero el razonamiento de fondo es prácticamente el mismo y el rezo dice “antes de votar, hay que repartir”.
"El verdadero cambio cultural, en todo caso, consiste en abandonar la idea de que cada dificultad política debe resolverse con una decisión presupuestaria. Gobernar también implica aceptar que no todas las circunstancias pueden anestesiarse con recursos públicos sin consecuencias posteriores."
Lo curioso es que esa demanda ya no proviene solamente de la dirigencia política más populista. También se escucha en ámbitos empresariales, consultoras, despachos profesionales y conversaciones de alto vuelo. Personas que durante años reclamaron disciplina fiscal, menor emisión, reducción del déficit y reglas previsibles ahora parecen descubrir las virtudes de una expansión transitoria de las erogaciones públicas si eso contribuye a atravesar con menos sobresaltos una elección.
La contradicción merece ser señalada. El actual programa económico convirtió al equilibrio fiscal en uno de sus principales anclajes. El acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional mantiene para 2026 un objetivo de superávit primario del 1,4% del PBI y sostiene al control del gasto como una pieza central del esquema. Alterar deliberadamente esa lógica por razones electorales implicaría introducir una excepción precisamente en aquello que se pretende transformar en regla.
No se trata de desconocer que existen hogares con restricciones ni de minimizar las dificultades que todavía atraviesan ciertos sectores de la sociedad. Ese debate es legítimo pero creer que una elección complicada habilita a modificar los fundamentos de una política económica para generar una sensación transitoria de bienestar. Argentina ya conoce ese libreto.
"Por eso resulta llamativa esta nostalgia por el “Plan Platita”. Durante décadas la Argentina utilizó al Estado para amortiguar problemas inmediatos, postergar correcciones y fabricar consensos transitorios. Muchas veces consiguió apenas desplazar el costo hacia adelante, acumulando desequilibrios que luego exigieron ajustes más severos. Si el programa actual pretende diferenciarse de esa tradición, no puede depender de que las encuestas sean favorables. Su lógica debería perseverar precisamente cuando aparece la tentación de abandonarla."
Después de las PASO de 2023, el gobierno de Alberto Fernández impulsó una extensa batería de medidas para transferir recursos, estimular el consumo y mejorar ingresos antes de las legislativas. Aquella estrategia terminó siendo bautizada como “Plan Platita”. Hubo bonos, programas, ampliaciones presupuestarias y anuncios dirigidos a distintos segmentos sociales. El objetivo político que atravesó la discusión pública de aquellos días era intentar revertir en noviembre el resultado adverso de los primeros comicios.
La experiencia, sin embargo, debería alcanzar para relativizar la supuesta eficacia de ese mecanismo. El oficialismo de aquella época consiguió mejorar performance en algunos distritos, pero no logró retener el poder en la segunda vuelta. Gastar más no produjo automáticamente votos suficientes para ganar. Esa comprobación debería bastar para discutir la idea, demasiado instalada, de que el comportamiento electoral puede administrarse desde una ventanilla estatal.
Los ciudadanos son bastante más complejos que esa caricatura. No funcionan como una ecuación lineal en la que una transferencia extraordinaria desemboca inevitablemente en determinada decisión dentro del cuarto oscuro. Evalúan sensaciones y expectativas, inflación, empleo, seguridad, liderazgo, confianza, credibilidad, experiencias personales y percepción de futuro. Pretender condensar semejante entramado en un bono depositado algunas semanas antes de votar supone subestimar al elector.
Existe, además, un problema adicional. Una concesión de este tipo rara vez permanece aislada. Cuando el poder político demuestra que está dispuesto a flexibilizar sus propias determinaciones frente a una dificultad electoral, cada sector aprende rápidamente cuál es el incentivo correcto que consiste en presionar. Si una encuesta adversa alcanza para habilitar excepciones, la próxima demanda encontrará un argumento semejante.
"Tal vez el desafío electoral no consiste en encontrar una versión más sofisticada del viejo recurso de repartir dinero, sino en explicar mejor el rumbo, acelerar las reformas que permitan crecer y convencer sin recurrir a atajos fiscales. Porque si para ganar una elección hay que volver a las prácticas que se prometió dejar atrás, quizá el problema no esté en la falta de dinero para distribuir, sino en la dificultad para mantenerse en las convicciones cuando llega la hora de ponerlas a prueba, y eso no es un tema que se pueda endilgar al gobierno, sino en todo caso a los temerosos votantes que siguen creyendo en viejos paradigmas."
La credibilidad económica se construye justamente en sentido contrario. Una regla se vuelve confiable cuando sobrevive al momento en que resulta incómoda. Cumplir una meta fiscal cuando todo marcha bien es sencillo. Sostenerla cuando aparecen reclamos, elecciones, tensiones sociales o presiones corporativas es lo que convierte una decisión coyuntural en una política consistente.
El verdadero cambio cultural, en todo caso, consiste en abandonar la idea de que cada dificultad política debe resolverse con una decisión presupuestaria. Gobernar también implica aceptar que no todas las circunstancias pueden anestesiarse con recursos públicos sin consecuencias posteriores.
Por eso resulta llamativa esta nostalgia por el “Plan Platita”. Durante décadas la Argentina utilizó al Estado para amortiguar problemas inmediatos, postergar correcciones y fabricar consensos transitorios. Muchas veces consiguió apenas desplazar el costo hacia adelante, acumulando desequilibrios que luego exigieron ajustes más severos.
Si el programa actual pretende diferenciarse de esa tradición, no puede depender de que las encuestas sean favorables. Su lógica debería perseverar precisamente cuando aparece la tentación de abandonarla.
Tal vez el desafío electoral no consiste en encontrar una versión más sofisticada del viejo recurso de repartir dinero, sino en explicar mejor el rumbo, acelerar las reformas que permitan crecer y convencer sin recurrir a atajos fiscales. Porque si para ganar una elección hay que volver a las prácticas que se prometió dejar atrás, quizá el problema no esté en la falta de dinero para distribuir, sino en la dificultad para mantenerse en las convicciones cuando llega la hora de ponerlas a prueba, y eso no es un tema que se pueda endilgar al gobierno, sino en todo caso a los temerosos votantes que siguen creyendo en viejos paradigmas.
