La objeción más reiterada contra las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) es su costo. Se sostiene que no resulta razonable movilizar todo el aparato electoral para que los partidos políticos seleccionen a sus candidatos y que esos recursos podrían destinarse a atender otras necesidades del Estado.
Este argumento lo escuchamos especialmente entre quienes detentan el poder en la Nación y también en nuestra Provincia que, según las palabras de sus máximos referentes, ya han tomado partido de cara a las elecciones nacionales.
El argumento, costo de las PASO, merece ser considerado. Los recursos públicos son limitados y todo sistema electoral debe procurar ser eficiente. Pero, para que el argumento sea consistente, el costo de las Primarias no puede analizarse aisladamente del costo total de nuestro sistema electoral.
En provincias como Corrientes resulta particularmente necesario hacerlo.
Por decisiones políticas, las elecciones provinciales se realizan en una fecha diferente de las nacionales. Esto obliga al ciudadano a concurrir nuevamente a votar y al Estado a organizar procesos electorales diferentes, con todo lo que ello significa en materia de establecimientos, autoridades de mesa, seguridad, logística, escrutinio y campañas electorales.
Por lo tanto, si el objetivo verdadero es reducir el gasto electoral, la discusión debería comprender al sistema en su conjunto y no concentrarse exclusivamente en las elecciones primarias. Por ejemplo, la particularidad correntina que merece ser revisada: el sistema de adhesión de boletas.
En la práctica política provincial, las adhesiones pueden provocar que una misma candidatura aparezca asociada a diferentes boletas. Esta cuestión generó incluso controversias judiciales durante el proceso electoral de 2025, en las que se discutieron expresamente sus efectos sobre la claridad de la oferta electoral y la voluntad del elector.
Todo ello merece una reflexión democrática que va mucho más allá de su costo económico. Cuando un ciudadano ingresa al cuarto oscuro debería poder identificar con facilidad cuáles son las distintas propuestas políticas entre las que puede elegir. La multiplicación de boletas que contienen o adhieren a una misma candidatura puede producir exactamente el efecto contrario: una abundancia visual de opciones que no necesariamente representa una diversidad equivalente de propuestas. Muchas boletas no significan necesariamente muchas alternativas.
Una misma candidatura reproducida a través de diferentes combinaciones puede ocupar una presencia desproporcionada dentro del cuarto oscuro, dificultar la comprensión de la oferta electoral y volver innecesariamente complejo un acto que debería caracterizarse por su sencillez y transparencia.
Por eso resulta contradictorio cuestionar las PASO exclusivamente por razones económicas mientras se conservan prácticas electorales que multiplican boletas, estructuras partidarias y costos de impresión y fiscalización sin que esa multiplicación implique necesariamente una mayor diversidad política.
Por supuesto que las PASO son perfectibles. Podemos discutir su costo y sus maneras de financiarlas. Podemos discutir si corresponde realizarlas cuando existe una sola lista, revisar sus mecanismos, sus pisos electorales y numerosos aspectos de su funcionamiento. Pero antes de eliminarlas deberíamos responder una pregunta mucho más importante: ¿quién debe elegir a los candidatos?
Si realmente queremos discutir el costo de las elecciones, hagámoslo integralmente.
Discutamos el costo de las PASO, pero también el costo del desdoblamiento electoral, la multiplicación de boletas, las adhesiones, el financiamiento de las campañas. En fin, discutamos si resulta razonable conservar mecanismos electorales complejos cuando existen instrumentos más simples y transparentes para expresar la voluntad popular.
La democracia tiene un costo. Naturalmente que lo tiene. Organizar elecciones libres, garantizar autoridades de mesa, disponer establecimientos, controlar los comicios y asegurar que todas las fuerzas puedan competir demanda recursos públicos.
La pregunta correcta no es cuánto cuesta votar, sino qué obtenemos democráticamente a cambio de ese costo. Una elección primaria en la que millones de ciudadanos pueden intervenir para determinar quiénes serán los candidatos tiene una finalidad institucional concreta: distribuir poder político mediante el voto. También integra el país federal.
El gasto electoral que no amplíe la participación es cuestionable, como lo es si no mejora la representación, también merece ser revisado cuando no facilita la expresión de la voluntad ciudadana. Por ello la discusión sobre una elección, en el caso particular las PASO no debería reducirse a una cuestión presupuestaria.
Merece un párrafo aparte el reparto de mercaderías, bienes o dádivas en vísperas de una elección porque afecta el sentido democrático del acto electoral, introduce una relación material de dependencia o condicionamiento allí donde debe existir una decisión política libre. La voluntad popular debe formarse a partir de propuestas, ideas y valoración de las distintas alternativas, y no mediante la obtención de beneficios particulares vinculados temporalmente al proceso electoral. Estas prácticas resultan especialmente graves cuando se dirigen a personas en situación de necesidad, porque transforman una desigualdad social en una herramienta de influencia política. La asistencia social constituye un derecho y una responsabilidad permanente del Estado, en todo tiempo y no debe confundirse con una concesión circunstancial asociada a una elección. La democracia exige ciudadanos libres, no electores condicionados por la necesidad.
Si queremos un sistema electoral menos costoso, mirémoslo integralmente hagámoslo más sencillo, más transparente, no utilicemos la vulnerabilidad social en una herramienta de captación electoral, hagamos que cada alternativa pueda ser claramente identificada. Y si el argumento es reducir elecciones innecesarias, revisemos integralmente el calendario electoral.
Pero no presentemos como ahorro democrático aquello que termina quitándole al ciudadano una de las pocas oportunidades que posee para intervenir directamente en la selección de quienes pretenden representarlo.
Ahorrar recursos simplificando el sistema electoral puede ser razonable. Ahorrar participación democrática es otra cosa, genera desigualdades, conduce al autoritarismo y en ese sistema el costo se mide en vidas humanas.
