La fuga de Leonardo Bertulazzi, un exintegrante de las Brigadas Rojas italianas de 74 años, constituye mucho más que un episodio policial de características cinematográficas. Es, fundamentalmente, una señal de alarma sobre la capacidad del Estado argentino para garantizar la seguridad, coordinar sus organismos de inteligencia y cumplir con las responsabilidades que asume ante la comunidad internacional.
El hombre, condenado en Italia a 27 años de prisión por delitos vinculados con el terrorismo, logró escapar del arresto domiciliario que cumplía en Buenos Aires mientras esperaba su extradición. Para hacerlo, utilizó un arnés y una cuerda con los que descendió desde un quinto piso, después de haber conseguido neutralizar el mecanismo de monitoreo electrónico que debía controlar sus movimientos. La tobillera quedó en el departamento y no generó una advertencia eficaz que impidiera su desaparición.
El episodio resulta todavía más preocupante por las características del dispositivo de seguridad que debía garantizar su custodia. No se trataba de un detenido común ni de una persona cuya situación judicial pudiera considerarse irrelevante. Bertulazzi tenía una orden de extradición respaldada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y estaba próximo a ser entregado a las autoridades italianas. Su permanencia bajo vigilancia exigía, por lo tanto, un nivel de control acorde con sus antecedentes y con la importancia institucional del procedimiento.
Sin embargo, el sistema falló en sus dos dimensiones esenciales: el control tecnológico y la vigilancia presencial. La tobillera no detectó a tiempo la manipulación y los efectivos apostados tampoco advirtieron que el hombre había abandonado el edificio. La fuga se descubrió cuando ya había ganado la calle. Fue la ruptura de una custodia estatal.
La pregunta inevitable es cómo pudo ocurrir. ¿Se evaluaron los riesgos de mantenerlo en un departamento? ¿Se verificaba su presencia con la frecuencia necesaria? ¿Qué protocolos regían ante una señal anómala? ¿Quién supervisaba su cumplimiento? Y, sobre todo, ¿qué intervención tuvo el sistema de inteligencia, incluida la SIDE, en el seguimiento de un caso que involucraba a un condenado por terrorismo? La intervención de ese organismo debe aclararse.
La gravedad aumenta porque, según trascendió, los investigadores habían pedido que Bertulazzi fuera trasladado a una cárcel mientras se concretaba la entrega a Italia. La prisión domiciliaria se mantuvo. Si existían advertencias previas sobre intentos de manipulación de la tobillera, la decisión requiere una explicación. La Justicia deberá determinar sus responsabilidades, pero el Poder Ejecutivo también debe responder por la eficacia de los recursos de seguridad bajo su órbita.
La Argentina no puede conformarse con anunciar una recompensa de 20 millones de pesos después de que el prófugo desapareció. Esa medida puede contribuir a la búsqueda, pero no reemplaza la prevención ni repara el fracaso de los controles. La ciudadanía necesita saber cómo alguien sometido a vigilancia estatal pudo preparar una fuga sin ser detectado.
El caso compromete la credibilidad internacional del país. Italia esperaba recibir a una persona cuya extradición había sido avalada por la Corte Suprema. La incapacidad de concretar esa entrega deja sin efecto, por ahora, una decisión judicial y proyecta debilidad ante otros Estados.
No se trata de reclamar vigilancia ilimitada ni de desconocer las garantías de cualquier detenido. Se trata de exigir que las medidas judiciales se cumplan y que el Estado tenga capacidad real para hacerlas cumplir. La edad, las condiciones de salud o la modalidad domiciliaria no eliminaban la obligación de diseñar una custodia eficaz.
La fuga deja una evidencia incómoda: el Estado puede disponer una detención, colocar una tobillera y asignar policías, pero nada garantiza seguridad sin coordinación, supervisión y responsabilidad. Pero, sobre todo, el Gobierno debe explicar cómo pudo ocurrir. Porque un Estado que no logra custodiar a una persona cuya extradición fue autorizada difícilmente pueda transmitir confianza cuando promete proteger a toda la sociedad y rendir cuentas ante todos.
