La economía argentina volvió a quedar expuesta a una combinación conocida: la turbulencia financiera externa y las debilidades propias. En una jornada el dólar oficial alcanzó los 1.600 pesos y el riesgo país trepó hasta los 1.070 puntos, con un incremento cercano al 15% respecto del día anterior. La caída de las compañías vinculadas con la inteligencia artificial golpeó a Wall Street y contagió a los mercados emergentes. Pero atribuir toda la tensión local a un movimiento externo sería una explicación incompleta.
Los mercados globales atraviesan períodos de euforia y corrección. Cuando los inversores revisan sus expectativas sobre las empresas tecnológicas, reducen posiciones, buscan activos considerados más seguros y castigan a las economías percibidas como frágiles. La Argentina, por su historial de crisis y su limitada capacidad de financiamiento, suele recibir esos impactos con una intensidad mayor. Es una condición que cualquier programa económico debe contemplar.
El problema aparece cuando el Gobierno responde a las señales de alarma con consignas antes que con explicaciones. Calificar la suba del riesgo país como “riesgo kuka” puede servir para ordenar el discurso propio y trasladar responsabilidades a la oposición, pero no alcanza para describir lo que está ocurriendo. El indicador de JP Morgan no mide simpatías partidarias. Refleja, entre otros factores, cuánto más exige el mercado para prestarle a la Argentina frente a la referencia considerada libre de riesgo. Su evolución expresa una evaluación financiera, no una encuesta electoral.
La incertidumbre política puede influir, desde luego. Las dudas sobre la continuidad de las reformas, la capacidad de construir acuerdos y la estabilidad de las reglas tienen consecuencias económicas. Pero también pesan la consistencia de las cuentas públicas, la disponibilidad de reservas, el acceso al crédito, la evolución de la actividad y la posibilidad de sostener el esquema cambiario. Reducir ese conjunto de variables a una etiqueta partidaria no elimina los problemas ni ofrece una hoja de ruta para resolverlos.
Que el dólar oficial llegue a 1.600 pesos tampoco debe analizarse como un dato aislado. La cotización importa por su efecto sobre los precios, los costos de producción, las decisiones de inversión y las expectativas de los hogares. En una economía donde la memoria inflacionaria permanece activa, cada movimiento cambiario puede alimentar temores y acelerar decisiones defensivas. El desafío consiste en evitar que la volatilidad financiera se traslade a la vida cotidiana y erosione los ingresos que intentan recuperarse.
El Gobierno tiene razones para señalar que el contexto internacional condiciona a todos los países. Sin embargo, gobernar implica administrar también aquello que no se controla. La respuesta no puede limitarse a esperar que Wall Street se estabilice ni a responsabilizar a adversarios políticos. Hace falta explicar qué instrumentos existen para amortiguar un shock, qué margen de intervención tiene la autoridad monetaria y qué señales se ofrecerán para preservar la previsibilidad.
Tampoco sería serio convertir una jornada adversa en un pronóstico inevitable de crisis. Un salto del riesgo país no determina por sí solo el desenlace de la economía, del mismo modo que una rueda favorable no garantiza solvencia. Lo relevante es observar la persistencia de la tendencia, la reacción de las variables locales y la capacidad oficial para corregir desequilibrios sin abandonar los objetivos de estabilidad.
La Argentina necesita recuperar crédito, inversión y una moneda confiable. Para eso requiere algo más que disciplina fiscal y mensajes de confrontación: necesita instituciones previsibles, datos transparentes, reglas estables y una estrategia que pueda resistir tanto los cambios del escenario mundial como las tensiones de la política doméstica. Los mercados pueden exagerar sus reacciones, pero no se los convence con apodos. Se los convence —y se convence a la sociedad— con resultados verificables. Cuando el dólar y el riesgo país vuelven a encender señales de alerta, la obligación del poder político es responder con responsabilidad, no con chicanas.