Un reciente encuentro de dirigentes y militantes del peronismo bonaerense concluyó con una consigna tan reveladora como preocupante: «Vamos por Cristina libre y que sea la candidata». La expresión no constituye solamente una manifestación de respaldo político a la expresidenta, sino que vuelve a instalar un interrogante sobre la relación que algunos sectores del peronismo mantienen con las instituciones republicanas. Más aún cuando, en una entrevista concedida al diario *The Washington Post*, Cristina Kirchner no descartó la posibilidad de volver a competir por la Presidencia si recupera sus derechos políticos.
La cuestión merece una consideración que exceda las disputas partidarias y las estrategias electorales. Cristina Fernández de Kirchner fue condenada por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Su responsabilidad penal fue establecida por un tribunal oral, confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal y quedó firme después de la intervención de la Corte Suprema de Justicia. La sentencia contempla seis años de prisión, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso de una suma extraordinaria de dinero, cuyo pago deberán afrontar solidariamente los condenados.
No estamos, por lo tanto, frente a una denuncia periodística, una sospecha alimentada por adversarios políticos ni una acusación que todavía deba ser examinada por los tribunales. Se trata de una condena firme, dictada como resultado de un prolongado proceso judicial en el que intervinieron las distintas instancias previstas por el ordenamiento jurídico argentino.
Naturalmente, cualquier ciudadano tiene derecho a disentir con una decisión judicial, cuestionar sus fundamentos o manifestar solidaridad con una persona condenada. La libertad de expresión ampara esas posiciones, incluso cuando resultan profundamente críticas de los magistrados que intervinieron. Sin embargo, ese derecho no habilita a desconocer las consecuencias jurídicas de una sentencia ni a presentar su cumplimiento como una injusticia por el solo hecho de que la persona alcanzada tenga una trayectoria política relevante o conserve un importante respaldo electoral.
Una cosa es discutir una resolución judicial por los mecanismos institucionales disponibles y otra muy diferente es promover su desconocimiento porque afecta a una dirigente con la que se comparte una identidad política. La Justicia no puede funcionar bajo el condicionamiento de las simpatías, las lealtades partidarias o las conveniencias de una eventual candidatura.
La democracia no se agota en la posibilidad de elegir representantes mediante el voto. También requiere división de poderes, independencia judicial, igualdad ante la ley y respeto por las decisiones adoptadas por los tribunales competentes. Los jueces cumplen una función constitucional tan indispensable como la de los legisladores y los gobernantes surgidos de la voluntad popular. Ninguno de esos poderes puede pretender imponerse sobre los restantes.
La popularidad no extingue las condenas, la adhesión partidaria no levanta las inhabilitaciones y ninguna mayoría electoral puede otorgar a un dirigente una inmunidad que la Constitución no reconoce. Precisamente, el Estado de derecho adquiere su verdadera dimensión cuando sus reglas se aplican también a quienes ocuparon las más altas responsabilidades institucionales.
Por eso resulta especialmente inquietante que se reclame el regreso a la administración de los asuntos públicos de una persona condenada por defraudar al Estado durante el ejercicio del poder. No se trata de negar derechos políticos ni de impedir debates electorales, sino de comprender que la participación en la vida democrática también está sujeta a las condiciones que establece la ley.
La democracia no puede convertirse en un menú del que cada sector selecciona las instituciones que le convienen y descarta aquellas cuyas decisiones le resultan incómodas. Quienes aspiran a gobernar en su nombre, o invocan permanentemente su defensa, deberían comenzar por demostrar que están dispuestos a respetar sus reglas en toda circunstancia. También cuando las sentencias alcanzan a sus propios dirigentes.
