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El interés superior

Por El Litoral

Domingo, 08 de noviembre de 2026 a las 00:00

La situación de los niños que quedan atrapados en los enfrentamientos judiciales de sus padres constituye un problema que exige mayor atención y respuestas concretas. Las disputas familiares, tanto en el ámbito civil como en el penal, suelen involucrar a los hijos, que terminan expuestos a conflictos que no provocaron y cuyas consecuencias pueden acompañarlos durante buena parte de sus vidas. Cuando los procesos se prolongan, los daños emocionales se profundizan y las posibilidades de recomponer los vínculos familiares se vuelven cada vez más difíciles.

En cualquier controversia judicial, los menores deben ocupar un lugar prioritario. No pueden convertirse en instrumentos de presión ni quedar sometidos a las consecuencias de las diferencias entre sus progenitores. Las discusiones por la tenencia, los regímenes de comunicación, las cuotas alimentarias o las cuestiones patrimoniales deben resolverse sin trasladarles responsabilidades que corresponden exclusivamente a los adultos. Tampoco pueden ser utilizados como rehenes en situaciones de sustracción o retención de menores.

Cuando los padres no consiguen anteponer las necesidades de sus hijos a sus propios intereses, corresponde que abogados, peritos y magistrados asuman un papel decisivo. La protección del interés superior del niño no debe quedar reducida a una fórmula jurídica, sino traducirse en decisiones responsables, oportunas y fundamentadas, que contemplen las consecuencias de cada medida sobre su desarrollo y sus relaciones familiares.

El problema adquiere especial complejidad frente a las denuncias de violencia familiar y abuso sexual, situaciones que requieren una intervención inmediata y rigurosa. La obligación de proteger a las posibles víctimas no admite demoras, pero tampoco justifica que se prescinda de las garantías y de una investigación exhaustiva. Las denuncias falsas, cuando se comprueban, pueden ocasionar daños irreparables y comprometer la credibilidad de quienes realmente necesitan protección.

En estos escenarios, las medidas cautelares de exclusión o restricción de contacto pueden resultar indispensables. Sin embargo, cuando se dictan y permanecen vigentes durante largos períodos sin una resolución definitiva, pueden provocar el aislamiento de los niños respecto de uno de sus padres o de integrantes de su familia extendida. La urgencia inicial no debería convertirse en una situación permanente por efecto de la lentitud judicial.

En el Congreso aguardan tratamiento dos iniciativas que proponen establecer un régimen integral de prevención, protección y reparación frente a la denominada violencia vicaria, entendida como aquella que utiliza a los hijos para provocar sufrimiento o ejercer control sobre uno de los progenitores. Su discusión merece atención, porque apunta a reconocer una modalidad de violencia cuyas principales víctimas suelen ser los menores.

El caso del médico Pablo Ghisoni constituye un antecedente que expone la gravedad de estas situaciones. Permaneció privado de su libertad durante tres años en un proceso que incluyó denuncias de abuso sexual formuladas por su hijo, quien posteriormente reconoció haber sido manipulado por su madre para mentir. Episodios de esta naturaleza muestran cómo una acusación falsa puede destruir vínculos, afectar reputaciones y comprometer años de vida de personas involucradas.

También resulta fundamental garantizar la participación de los niños en los procesos que los afectan. La ONG Infancia Compartida señaló que el 54% de los casos judicializados en la provincia de Buenos Aires no contó con la figura del abogado del niño. Su intervención permite que la voluntad y las necesidades de los menores tengan representación propia, una función diferente de la que cumple el asesor de menores, que actúa desde la perspectiva de lo que considera más conveniente para ellos.

La Justicia debe actuar con celeridad, prudencia y responsabilidad. Ninguna disputa entre adultos puede justificar que la infancia quede subordinada a intereses particulares. Los niños no eligieron esos conflictos y tampoco deberían pagar sus consecuencias.

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