En los últimos días, coincidente con los 50 años del Golpe Militar genocida el pasado 24 de marzo, se instaló en los medios la existencia de una negociación que viene realizando el Gobierno de la Provincia con el Gobierno Nacional por el pago de una deuda que éste último mantiene con Corrientes. De dichas negociaciones poco se sabe, se menciona al ex Regimiento 9 y la zona del puerto como las compensaciones ambicionadas por el gobierno provincial. Se habla de repotenciar Corrientes turísticamente, de perspectivas inmobiliarias, de cambiar la cara de la ciudad, de montos millonarios de inversión, etc. De lo que no se habla, al menos públicamente, es del Espacio de Memoria y de la necesidad de su conservación.
Extraña este silencio a gran parte de la sociedad correntina que se siente como apartada por su gobierno en el tema específico. No alcanza con la ofrenda floral en el cementerio o el homenaje en el barrio Ponce. La Memoria es mucho más que eso: Hubo en nuestra provincia muchos desaparecidos, hay sobrevivientes de la dictadura, familiares y parejas de los desaparecidos, ex presos políticos, cesanteados y exiliados, tenemos también referentes de la generación de HIJOS y de nietos.
La historia reciente se construyó a partir del pacto democrático impulsado por el presidente Alfonsín que promovió el juicio a las Juntas, la CONADEP y su resultante, el NUNCA MAS. Es cierto que tuvo sus retrocesos por circunstancias ajenas a la política democrática, pero también lo es que, como resultante de la lucha y el diálogo constante de la sociedad a través de los organismos de DDHH y otras organizaciones especialmente Madres y Abuelas, fue la política democrática la que nuevamente se impuso y con Kirchner como Presidente se reabrieron los juicios, se participaba en debates públicos, se colaboró con la justicia, se impulsó la creación y el trabajo en sitios de memoria y la producción de materiales educativos aportando a la construcción y organización de archivos de la Memoria. El Pacto Democrático de 1985 en materia de DDHH Memoria, Verdad y Justicia se hacía política de Estado, era parte de un contrato social más profundo.
Corrientes no fue ajeno a ese compromiso, en nuestra provincia se realizó el primer juicio por delitos de lesa humanidad en el interior del país, justamente el conocido como Ex Regimiento de Infantería 9. Luego varios más y aún hay pendientes en vías de realizarse. Es por ello que se espera con ansias las palabras del poder político democrático de la Provincia que indique: “La Memoria no se toca y sus sitios se preservan”. Sin ello, a cualquier negociación le falta un ingrediente.
La batalla por la memoria, la verdad y la justicia es una batalla larga y sigue vigente porque la democracia que la sostiene, no puede todavía eliminar una parte importante de la herencia de aquellos años siniestros. Los actores de esa lucha sostenida en el tiempo se renuevan permanentemente, hay nuevas generaciones asumiendo el compromiso, como lo demostró la marcha del 24 de marzo.
El pasado nos interpela de manera constante con el desafío de trasmisión a las nuevas generaciones, la disputa sobre la significación de este pasado no ha caducado y nos impone mantener vivas preguntas todavía irresueltas. Para ello, se intenta la reconquista de caminos de dialogo con quienes desde el inicio sostienen discursos que, si bien pueden diferir en algunas apreciaciones, son valorativamente similares respecto a la dictadura y sus daños irreparables. Se procuran todas las vías posibles, formales e informales, por ejemplo, solicitud de audiencias, presentación de notas, visita a funcionarios y legisladores (con algunos de estos últimos hemos obtenido buena recepción y apoyos) sin embargo, con quienes tienen el poder de resolver, hasta ahora no tenemos resultados. Siempre conscientes de que el silencio o el desinterés nos lleva inexorablemente a la resistencia. Es un imperativo democrático.
El retorno a la agenda pública de temas que parecían saldados y el recrudecimiento de políticas y consecuencias de las mismas que inevitablemente recuerdan las de aquellos años, emergen como demandas sociales, cobran fuerza y retoman un espacio central en la política.
Para nuestra especificidad decimos que hay mucho que responder. La voz de los movimientos de derechos humanos, su innegable vigencia y centralidad en nuestra sociedad, sitúa en ese contexto a nuestro Espacio de Memoria y la labor que desde ahí se desarrolla.
La encrucijada del presente, con sus amenazas y desafíos, arroja también una enseñanza hacia el futuro: la experiencia argentina muestra que existe un círculo virtuoso entre justicia, investigación, universidad, derechos humanos y democracia. Su deterioro debilita la posibilidad de sostener el “Nunca Más” como una práctica efectiva. Corrientes no puede permitirse ceder sin sentir la culpa por la omisión. Esperemos que el poder político no claudique “impulsado por altas expectativas” y cumpla con el desafío que por su rol la historia le exige.
