El presente video corresponde a mi exposición realizada el 27 de septiembre de 2023 ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la Nación, en el marco del debate sobre la situación de la Isla Apipé y la defensa de la soberanía argentina.La discusión sobre la Isla Apipé suele presentarse como un conflicto local entre Corrientes y Paraguay, pero en realidad expone un debate mucho más profundo sobre soberanía, federalismo y respeto a la Constitución. Lo que está en juego no es solamente una cuestión geográfica, sino la forma en que la Argentina interpreta sus tratados internacionales y protege sus límites territoriales.Por eso sostengo que Apipé no es únicamente un problema correntino, es un problema argentino.
El Tratado de Límites de 1876, firmado luego de la Guerra de la Triple Alianza, reconoció expresamente que la Isla Apipé pertenece a la Argentina y estableció que el límite entre ambos países debía seguir el “canal principal” del río Paraná. Ese criterio era geográfico e histórico, vinculado al antiguo canal jesuítico ubicado al norte de la isla.Con el tiempo, las transformaciones derivadas de Yacyretá y las modificaciones en la navegación desplazaron el tránsito fluvial hacia el sur de Apipé y allí comenzó el conflicto, porque se terminó confundiendo “canal principal” con “canal de navegación”, cuando ambos conceptos no significan lo mismo.
La navegación puede modificarse por razones técnicas o hidráulicas, pero la soberanía no debería cambiar automáticamente con ella. Ese es el planteo que Corrientes viene sosteniendo desde hace décadas ante distintos gobiernos nacionales, desde la presidencia de Carlos Menem hasta la actualidad, mediante reclamos administrativos, debates legislativos y presentaciones ante Cancillería.Entiendo que, bajo la apariencia de una “demarcación técnica”, se produjeron efectos concretos sobre soberanía y accesibilidad territorial que nunca fueron debatidos ni aprobados por el Congreso de la Nación.
La idea es simple: una comisión técnica puede medir o demarcar, pero no reinterpretar un tratado internacional con consecuencias soberanas permanentes. Allí aparece el rol central del Congreso, porque la Constitución argentina reserva al Parlamento la aprobación y control de los acuerdos internacionales.Durante el gobierno del ex gobernador Gustavo Valdés se realizaron reclamos formales ante la Nación sobre los derechos argentinos en las aguas que rodean Apipé, durante la presidencia de Alberto Fernández. Incluso antes, durante el gobierno de Mauricio Macri, el entonces canciller Jorge Faurie recorrió la zona junto a Gustavo Valdés para observar el canal principal y respaldar la posición argentina.Todos los gobiernos correntinos sostuvieron reclamos permanentes sobre esta cuestión y el actual gobernador Juan Pablo Valdés continúa esa línea de defensa.
Existe además un antecedente importante en el caso de Hielos Continentales entre Argentina y Chile, donde una demarcación binacional fue remitida al Congreso argentino y posteriormente revisada tras el debate político y social.
Ese antecedente refuerza la posición correntina: cuando una decisión puede producir efectos soberanos, la última palabra debe tenerla el Parlamento.A eso se suma otro argumento central: el propio Tratado de Yacyretá establece que las obras de la represa no pueden modificar tratados anteriores ni alterar soberanía territorial entre ambos países. Por eso resulta inconsistente sostener que cambios en la navegación puedan generar consecuencias soberanas permanentes sobre espacios históricamente argentinos.La discusión, entonces, no es solamente técnica, es constitucional, institucional y federal.
Esa posición quedó reflejada en la audiencia pública realizada en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la Nación sobre el caso Apipé, donde expuso el entonces canciller Santiago Cafiero. La reunión fue coordinada por el senador correntino Eduardo Vischi y el senador José Mayans.
En representación del Gobierno de Corrientes participé defendiendo la posición provincial vinculada a la soberanía argentina y la necesidad de intervención del Congreso.
No se trata de generar conflictos con Paraguay ni de discursos nacionalistas vacíos. Lo que está en debate es preservar la coherencia jurídica del Estado argentino y evitar precedentes peligrosos, porque si obras de infraestructura o cambios en la navegación pudieran modificar indirectamente límites históricos, cualquier frontera fluvial podría quedar sometida a futuras reinterpretaciones.
La Argentina sostiene históricamente, incluso en el caso Malvinas, que los hechos consumados no generan derechos soberanos automáticos. Esa doctrina también debe sostenerse dentro del propio país.Por eso considero que el reclamo de Corrientes no puede ser minimizado.
Detrás de Apipé existe una discusión jurídica, constitucional y territorial de enorme importancia, junto con una dimensión humana concreta, porque miles de argentinos de la isla conviven desde hace años con dificultades vinculadas a conectividad, circulación y pertenencia territorial.
Defender Apipé no es rechazar la integración regional, es defender que las decisiones sobre soberanía no pueden surgir de interpretaciones ambiguas ni de hechos consumados alejados del control democrático.
Ese debate le pertenece a toda la Nación.
