La decisión del Gobierno nacional de retirar el pliego de María Verónica Michelli para un cargo judicial por su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon abre una discusión mucho más profunda que un simple movimiento administrativo. Lo que está en juego no es únicamente el destino profesional de una candidata, sino el criterio institucional con el que una democracia define quién puede —o no— acceder a la función pública.
Según trascendió, el retiro de la nominación habría sido impulsado directamente por Javier Milei y formalizado por Karina Milei debido a que Michelli es cuñada de Alconada Mon, uno de los periodistas más críticos de la actual gestión. El dato no es menor. Porque si el parentesco con un periodista opositor se convierte en causal implícita de exclusión, el problema deja de ser individual y pasa a ser político e institucional.
En una república moderna, las responsabilidades son personales. Nadie debería ser premiado ni castigado por los vínculos familiares que tenga. Ese principio elemental atraviesa todo el sistema jurídico y democrático. De lo contrario, entraríamos en una lógica peligrosa: la de las sospechas hereditarias, las afinidades prohibidas y las lealtades exigidas por sangre o matrimonio.
La pregunta es inevitable: ¿qué se evaluó realmente para vetar a Michelli? ¿Sus antecedentes profesionales o su árbol familiar? Si la candidata no reunía condiciones técnicas, éticas o jurídicas para ocupar el cargo, el Gobierno tenía todo el derecho de objetarla. Pero si el argumento decisivo fue su relación con un periodista incómodo para el poder, entonces el mensaje es inquietante.
Porque la señal que se envía excede ampliamente este caso. Se instala la idea de que la cercanía con voces críticas puede tener consecuencias personales y profesionales. Y eso erosiona uno de los pilares básicos de cualquier democracia liberal: la libertad de expresión sin represalias indirectas.
El periodismo crítico incomoda por definición. Y está bien que así sea. Los gobiernos democráticos deben convivir con investigaciones, denuncias, editoriales adversos y preguntas incómodas. Lo contrario conduce a una concepción patrimonial del poder, donde la crítica deja de ser un derecho para convertirse en una afrenta personal.
Más preocupante aún es que esta situación ocurra bajo una administración que hizo de la defensa de la libertad uno de sus principales estandartes discursivos. La libertad no consiste únicamente en bajar regulaciones económicas o cuestionar al Estado. También implica aceptar la existencia de disenso, tolerar la crítica y evitar cualquier mecanismo —explícito o implícito— de disciplinamiento.
La Argentina tiene una larga historia de gobiernos que confundieron adversarios con enemigos. En distintas épocas y bajo diferentes signos políticos, hubo intentos de presionar periodistas, condicionar medios o castigar voces incómodas. Justamente por eso debería existir hoy una sensibilidad institucional mucho más alerta frente a decisiones de este tipo.
Nadie propone que los cargos públicos deban quedar inmunes a la evaluación política. Toda designación importante implica criterios de confianza y afinidad con determinados valores institucionales. Pero una cosa es discutir perfiles profesionales y otra muy distinta es introducir mecanismos de exclusión por familias.
Aceptar esa lógica equivaldría a validar un criterio incompatible con cualquier estándar republicano serio. Mañana podría aplicarse no sólo a periodistas, sino también a jueces, académicos, sindicalistas o dirigentes opositores. El problema de los precedentes institucionales es que rara vez permanecen acotados al caso que los origina.
Además, hay una contradicción evidente en un gobierno que reivindica permanentemente el mérito individual y la responsabilidad personal, pero que en este caso parecería aplicar exactamente el principio contrario: atribuir consecuencias políticas por vínculos de parentesco.
La fortaleza de una democracia no se mide por cómo trata a quienes piensan igual, sino por cómo convive con quienes critican, investigan o cuestionan al poder. Y cuando una administración parece castigar indirectamente la disidencia mediante decisiones administrativas, hay una señal institucional preocupante.
