Por JORGE EDUARDO SIMONETTI
Jorgesimonetti.com
“La ley es como la serpiente: sólo muerde a los descalzos”
Anatole France
El 30 de enero de 2025, mientras Hayden Davis traspasaba el umbral de la Casa Rosada para reunirse con Javier Milei, según pudo reconstruir la justicia, el jubilado de 75 años, Orlando Mellino, recibió del propio Davis más de un millón de dólares en su cuenta.
Paralelamente, entre enero y febrero de 2025, Mauricio Novelli y su socio Terrones Godoy, recibieron, también de Davis, más de 730.000 dólares digitales.
¿Hayden Davis regalando dólares? No. Davis cumpliendo pactos con el poder.
A partir de allí, con el paso cansino del fiscal Taiano, la justicia se dispone a profundizar la investigación en la causa Libra#, solicitando la intervención del organismo técnico pertinente, para la identificación de más de 70 billeteras virtuales que tuvieron movimientos sospechosos el día de la gran estafa.
La UFECI, una unidad dedicada a investigar el ciber delito, dependiente del Ministerio Público, responde ocho meses después que “no contaba con las herramientas y las licencias tecnológicas correspondientes para avanzar y que, cuando las tuviera, avisaría” (¿?).
¿Por qué? Porque no tiene el software adecuado. Que tiene la versión gratuita. Que la versión completa cuesta dinero. Que no tienen el dinero.
“La causa Libra no avanza porque el Poder Judicial no tiene dinero para comprar el software que permitirá la trazabilidad del movimiento de 70 billeteras virtuales sospechadas”
La explicación parece salida de una sátira sobre el Estado argentino
Detengámonos un instante en la magnitud de lo que estamos diciendo. Estamos hablando de una investigación que apunta al entramado de 4.780.100 dólares en transferencias realizadas en momentos clave del lanzamiento de una criptomoneda que arruinó a miles de ahorristas.
Estamos hablando de 74 billeteras virtuales que compraron masivamente ese activo veintidós segundos antes de que el Presidente de la Nación publicara su promoción en X. Veintidós segundos. Y el organismo especializado del Estado argentino no tiene con qué seguir la pista del dinero porque le falta una licencia de software.
La escena orilla el ridículo: el destino de una investigación que roza las terminales más sensibles del poder político y económico congelado frente a una pantalla que exige los datos de una tarjeta de crédito corporativa que el Estado nacional no tiene o no quiere proveer.
Frente a delitos complejos, ramificados y ejecutados por profesionales que operan con presupuestos millonarios y tecnologías de punta, la Justicia argentina responde con el equivalente informático de un alambre y una pinza.
Desde luego, es cierto que el análisis forense de blockchain se ha sofisticado enormemente. Existen programas especializados que permiten reconstruir circuitos financieros, identificar patrones, vincular billeteras digitales y seguir con precisión la ruta del dinero.
También es cierto que esas plataformas tienen costos elevados y que muchos organismos públicos del mundo deben destinar recursos importantes para acceder a ellas.
Hasta allí, nada extraordinario. Lo extraordinario aparece cuando el propio Estado reconoce que no dispone de esos recursos para investigar una causa de semejante magnitud. Porque el problema deja de ser tecnológico y pasa a ser institucional.
Es más. Los especialistas en la materia, con llamativa oportunidad, salieron a decir que la trazabilidad de criptoactivos es posible también con herramientas gratuitas. Que las plataformas premium agilizan pero no son imprescindibles. Que un buen investigador puede trabajar con lo que tiene.
“La corrupción en Argentina es endémica. La sociedad, casi seguramente, interpretará la paralización de la causa Libra#, no como un problema presupuestario sino como protección al poder”
Todo eso puede ser cierto en abstracto. Pero en concreto, en esta causa, en este momento, el organismo oficial encargado de la tarea dijo que no puede. Y esa declaración formal de impotencia técnica, en una investigación que lleva meses, tiene el peso de una confesión.
Existe una ingenuidad peligrosa en atribuir este episodio a la simple desidia presupuestaria. En la alta política, las casualidades operan con una precisión quirúrgica. No se necesita dictar leyes de amnistía ni firmar decretos escandalosos para blindar a los propios; basta con asfixiar las herramientas de quienes deben investigarlos.
No corresponde formular acusaciones sin pruebas. La prudencia obliga a distinguir entre sospechas y evidencias. Hasta el momento, lo único objetivamente verificable es que los peritos alegan limitaciones tecnológicas y presupuestarias.
Pero también es cierto que las instituciones no viven solamente de pruebas judiciales. Viven de confianza. Y la confianza se erosiona cuando la explicación oficial para no poder avanzar en una investigación es que falta dinero para adquirir una herramienta esencial.
Cuando una causa de semejante sensibilidad queda condicionada por algo tan elemental, la pregunta deja de ser tecnológica. La pregunta pasa a ser política. Y también moral.
Porque una sociedad puede tolerar muchas deficiencias. Lo que difícilmente pueda aceptar es que la verdad tenga versión gratuita y versión premium.
