Finalmente inició el juicio por el misterio más grande que en los últimos tiempos atravesó como una puñalada a Corrientes y le hizo sangrar su herida en todo el país. La conmoción nacional por la sustracción y el ocultamiento de Loan Danilo Peña y el pasmo posterior que causó la uña que hurgó en la causa y se traduce ahora en la imputación de 10 forasteros, chocó de frente con el abandono por parte del Gobierno Nacional de un Poder Judicial que exhibe como en ningún otro caso sus propias carencias en una carrera contra el tiempo.
Loan no aparece y se cumplen este domingo 746 días desde que su paradero es una incógnita.
¿Se lo sigue buscando? La respuesta de las instancias que aún investigan sobre el tema es que sí.
Por un lado el Ministerio de Seguridad de la Nación mantiene vigente -aunque perdido en una página web del Gobierno- un ofrecimiento de 20 millones de pesos como recompensa a quien pueda aportar información fehaciente y comprobable sobre el destino que tuvo el nene de la localidad de 9 de Julio.
Y, aunque nada dice que se haya suspendido su vigencia, en los últimos días de junio de 2024 Interpol hizo circular entre las fuerzas de seguridad del mundo una Alerta Amarilla de búsqueda de Loan.
Además, el Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Goya, mantienen abierta una causa que de modo contínuo establece acciones de recolección de nueva información sobre el hecho, ocurrido el 13 de junio de 2024 en el paraje El Algarrobal. Es decir, se trata esa de la puerta oficial más importante a una salida para el laberinto en el que se convirtió el caso Loan.
Y quizá sea la que muestre el camino a responder con qué fin se lo llevaron y a dónde.
Mientras tanto, se abrió el debate para conocer el grado de responsabilidad que tuvo cada uno de los siete integrantes del elenco que participó en el hecho, según acusan la familia y el Ministerio Público Fiscal.
Es mérito del Tribunal Oral Federal y su equipo de trabajo, que este megajuicio inicie a dos años de que haya ocurrido el episodio. El personal de ese estrado, como lo han hecho otras oficinas e instancias, ha dedicado hasta días inhábiles a la arquitectura sobre la que se sostiene ahora este juicio.
Sin embargo, el Gobierno Nacional los largó a correr contra el tiempo en un camino embarrado, donde la falta de decisiones y de recursos se hacen notar nada menos que en un escenario que trasciende las fronteras de la provincia. Este juicio está ante los ojos de un país entero.
La falta de jueces
En la provincia de Corrientes son siete las oficinas del Poder Judicial de la Nación y de la Procuraduría General de la Nación que permanecen vacías. Entre ellas, dos de jueces del tribunal que ahora se ocupa del caso de 9 de Julio.
En el Tribunal Oral Federal de Corrientes siguen vacantes los asientos que habían dejado tras sus jubilaciones la jueza Lucrecia Rojas de Badaró -en 2021- y Víctor Antonio Alonso en 2025.
Por lo tanto, el único magistrado natural de ese estrado es Fermín Amado Ceroleni, de labor prolífica y extensa trayectoria en la Justicia.
Es por eso que el tribunal se completó con otros cuatro jueces: Eduardo Ariel Belforte, de Formosa; Simón Pedro Bracco, de General Roca; Enrique Bosch de Resistencia y Rubén Quiñónez, de Formosa.
Los dos primeros actúan como miembros titulares, Bosch como adjunto para el caso de que Ceroleni y Bracco no estén Y Quiñónez, como sustituto.
Visto así, no son enormes las posibilidades de que lo hagan todo de modo efectivo en los tiempos que reclama este asunto, habiendo llegado a Corrientes a ocuparse de un caso tan complejo desde jurisdicciones extrañas y con sus propias particularidades.
Y habrá que decir que Ceroleni también tiene iniciado su trámite jubilatorio, por lo tanto, su retiro puede ocurrir durante este proceso que se pronostica extenso en cantidad de meses. Máxime si se tiene en cuenta que no hay audiencias todos los días, sino que alternadamente de modo semanal se abren los días martes, miércoles y jueves o bien, miércoles y jueves.
Y asimismo, a poco de que inicen las testimoniales, se impondrá una pausa obligada por la feria administrativa de invierno, del 13 al 24 de julio próximos. Dos semanas en las que no se concretará un total de cinco audiencias.
Existió por parte de los fiscales Carlos Schaefer y Tamara Pourcel un pedido al Tribunal para que el debate se realice durante la feria, así como para que se aumente la frecuencia de días en los que se concreta el juicio semanalmente. Pero fue rechazado.
Según dijeron los magistrados, se debió a "la compleja superposición de compromisos procesales" que cada uno tiene en sus jurisdicciones. Es decir, se nota claramente que la falta de jueces en Corrientes por la indeterminación de la Casa Rosada y sus resortes institucionales afectó de modo directo al caso Loan.
Allí donde se retiró el Estado es que surgen la anemias institucionales, y lo sufre esta causa.
Es importante remarcar que los días de trabajo por los cuales se extienda esto representan una hornalla prendida todo el tiempo en el cronómetro judicial, porque se extiende la indefinición de la situación procesal de los imputados, en cuya nómina hay ocho que están detenidos en diversos presidios federales del país.
Pero principalmente, por que la ausencia de Loan se cuenta como gotas que caen de una canilla perdiendo y los días pasan generando una inundación.
Hay un delito que se sigue cometiendo y una respuesta que no llega hace 746 días.
