Cada cuatro años, el Mundial de Fútbol produce en la Argentina un fenómeno singular: la vida cotidiana parece reorganizarse alrededor de una pelota. Horarios laborales, actividades sociales, programación televisiva e incluso la agenda pública quedan subordinadas a los noventa minutos que dura un partido. Es una pasión legítima, profundamente arraigada en nuestra identidad colectiva. Sin embargo, conviene preguntarse si un país de casi cincuenta millones de habitantes puede permitirse detenerse por completo durante varias semanas cada vez que se disputa una Copa del Mundo.
La respuesta debería ser evidente: no. Ninguna nación seria puede paralizar sus instituciones, su economía o sus responsabilidades públicas por un acontecimiento deportivo, por más importante y movilizador que resulte. El fútbol es una celebración, una expresión cultural y una fuente de orgullo nacional. Pero no puede convertirse en una pausa de la vida democrática ni en una excusa para postergar decisiones que afectan el presente y el futuro de los argentinos.
En ese sentido, resulta razonable que desde el oficialismo se plantee la necesidad de que el Congreso continúe funcionando durante el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El Parlamento no puede cerrar simbólicamente sus puertas mientras la atención pública se concentra en los partidos. Los legisladores fueron elegidos para trabajar durante todo el año, no únicamente cuando los reflectores están puestos sobre la política.
Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre garantizar el funcionamiento institucional y aprovechar políticamente un momento de distracción colectiva. Esa línea es más delgada de lo que parece y merece una reflexión profunda.
Las declaraciones de dirigentes oficialistas que reconocen que durante el Mundial “el foco no está puesto” en el Congreso despiertan interrogantes legítimos. Si la intención es simplemente cumplir con las obligaciones legislativas y evitar que el calendario deportivo interfiera con la agenda institucional, difícilmente haya objeciones. Pero si el cálculo consiste en avanzar con iniciativas polémicas precisamente cuando la atención de la ciudadanía está concentrada en otro lado, entonces la cuestión adquiere una dimensión diferente.
La democracia no se limita al acto formal de votar leyes. También requiere debate público, escrutinio social y una ciudadanía informada sobre aquello que se discute en los recintos. Cuando un gobierno, cualquiera sea su signo político, interpreta que la menor atención mediática puede transformarse en una ventaja para impulsar determinadas medidas, corre el riesgo de debilitar la calidad del proceso democrático.
No se trata de cuestionar la legitimidad de las mayorías ni de negar las facultades del Poder Ejecutivo para impulsar su programa de gobierno. Se trata de recordar que la transparencia también implica respetar los tiempos políticos y garantizar que los ciudadanos puedan seguir, comprender y evaluar las decisiones que se toman en su nombre.
La Argentina enfrenta desafíos demasiado importantes como para caer en dos errores opuestos. El primero es creer que durante un Mundial todo debe detenerse. El segundo es considerar que ese contexto ofrece una oportunidad conveniente para avanzar con iniciativas que podrían encontrar mayor resistencia si la atención pública estuviera plenamente concentrada en la política nacional.
Las instituciones deben funcionar siempre, durante una Copa del Mundo, unas elecciones o cualquier otra circunstancia que capte el interés colectivo. Pero esa continuidad institucional debe estar guiada por la responsabilidad republicana y no por la especulación acerca de cuánto observa o deja de observar la sociedad en un momento determinado.
El Mundial pasará. Como ocurre cada cuatro años, dejará alegrías, decepciones y recuerdos imborrables. Lo que permanecerá será la calidad de nuestras instituciones y la confianza de los ciudadanos en ellas. Por eso, mientras la pelota ruede en Norteamérica, el Congreso debe seguir trabajando. Pero también debe hacerlo bajo la misma luz pública, con la misma transparencia y con el mismo respeto por el debate democrático que se exige en cualquier otro momento del calendario.
