La definición sobre el futuro de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) vuelve a instalarse en el centro del debate político argentino. A medida que se acerca un nuevo calendario electoral, crecen las voces que cuestionan la utilidad de un mecanismo que, concebido originalmente para democratizar la selección de candidaturas, ha terminado muchas veces convertido en una instancia costosa y de escasa competitividad real.
En ese contexto, la reciente afirmación del gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, resume una percepción que se expande más allá de las fronteras de su provincia. Al referirse a las PASO, sostuvo que “son un gasto innecesario”. La frase puede parecer sencilla, pero expresa una discusión más profunda: si el Estado debe seguir financiando una elección que en numerosos casos funciona apenas como una gran encuesta previa a los comicios generales.
Los defensores de las primarias argumentan que constituyen una herramienta de participación ciudadana y transparencia partidaria. Sin embargo, la experiencia acumulada en los últimos años muestra que la mayoría de las fuerzas políticas llegan a esa instancia con listas únicas o acuerdos previamente cerrados. Cuando la competencia interna desaparece, la razón de ser de las PASO pierde fuerza y el proceso se transforma en una obligación electoral cuyo beneficio resulta cada vez más difícil de justificar frente a los costos que implica para el Estado.
La discusión, sin embargo, no debe reducirse exclusivamente a una cuestión presupuestaria. El debate también involucra la calidad institucional y la eficacia de los mecanismos electorales. Un sistema político moderno debe evaluar permanentemente si las herramientas que utiliza cumplen los objetivos para los cuales fueron creadas. Si una reforma deja de producir los resultados esperados, revisarla no constituye un retroceso democrático sino una decisión razonable dentro del funcionamiento republicano.
En ese punto aparece una cuestión central: la eventual eliminación de las PASO no depende de la voluntad exclusiva del Gobierno nacional. Más allá del impulso que el oficialismo libertario pueda imprimirle a la iniciativa, la decisión final corresponde al Congreso de la Nación. Y allí es donde el debate adquiere una dimensión política mucho más compleja.
Las transformaciones institucionales de relevancia no se construyen únicamente desde la Casa Rosada. Requieren consensos, acuerdos y mayorías legislativas. En la Argentina actual, esos consensos tienen un componente federal ineludible. Los gobernadores continúan siendo actores determinantes en la conformación de las mayorías parlamentarias, tanto por su influencia sobre legisladores nacionales como por su capacidad para ordenar intereses territoriales.
Por eso, las expresiones de mandatarios provinciales como Juan Pablo Valdés adquieren un valor político que trasciende la opinión individual. Cuando un gobernador plantea que las PASO representan un gasto innecesario, no solo fija una posición sobre una herramienta electoral; también contribuye a moldear el clima político que rodea una eventual reforma.
La administración de Javier Milei podrá promover cambios, pero quienes completan el rompecabezas institucional son los gobernadores. Son ellos quienes, en muchos casos, facilitan (o dificultan) la construcción de acuerdos legislativos. En un sistema federal, las provincias no son espectadores de las decisiones nacionales, sino protagonistas de su viabilidad política.
La discusión sobre las PASO ofrece, en definitiva, una enseñanza más amplia. Las reformas importantes no prosperan únicamente por la convicción de un gobierno ni por la fuerza de una mayoría circunstancial. Avanzan cuando distintos actores comprenden que existe una necesidad compartida y deciden acompañarla. Si la eliminación de las primarias termina concretándose, será el resultado de ese entramado de voluntades. Y entre esas piezas, los gobernadores tendrán un papel tan decisivo como el propio oficialismo.
