La estabilidad macroeconómica constituye un objetivo indispensable para cualquier país que aspire a crecer de manera sostenida, y reducir la inflación, ordenar las cuentas públicas y recuperar la confianza son condiciones necesarias pero que no alcanzan por sí solas cuando el endeudamiento externo adquiere una dimensión tal que comienza a condicionar todas las decisiones económicas. Sustituir la emisión monetaria por emisión de bonos puede parecer una solución técnicamente razonable, pero sin una estrategia de reducción genuina del stock de deuda se convierte en una bomba de tiempo, y ese es hoy uno de los principales desafíos de la Argentina.
La discusión pública suele concentrarse en el equilibrio fiscal como si fuera suficiente para garantizar la sustentabilidad económica, pero existe una variable que puede neutralizar incluso los mayores esfuerzos de disciplina presupuestaria: el peso de la deuda pública. Cuando esa deuda alcanza determinado volumen, deja de comportarse como una obligación financiera normal y comienza a crecer por su propia dinámica. Los intereses se capitalizan, los vencimientos se acumulan, los refinanciamientos se vuelven permanentes y el sistema entra en una lógica donde cada año exige nuevos préstamos para cancelar los anteriores, transformando la deuda en un problema autónomo que ya no depende del déficit para expandirse.
En la Argentina esta preocupación adquiere una dimensión particular que no puede disociarse de lo ocurrido en los meses previos a las últimas elecciones, cuando en apenas tres meses se produjo una salida cercana a los 24.000 millones de dólares, dejando en evidencia la fragilidad del programa económico y la insuficiencia de las herramientas disponibles para sostenerlo. El nuevo financiamiento internacional superior a los 20.000 millones de dólares, impulsado por organismos multilaterales con respaldo político de los Estados Unidos, permitió estabilizar transitoriamente la situación, pero no resolvió el problema estructural sino que incrementó el volumen de los compromisos futuros.
Aquí aparece una contradicción que merece discutirse con mayor profundidad y que el debate público todavía no ha abordado con la seriedad que requiere. Durante este año la Argentina deberá afrontar aproximadamente 20.000 millones de dólares en vencimientos y el próximo alrededor de 25.000 millones. Frente a semejantes obligaciones, buena parte del programa económico descansa sobre hipótesis todavía inciertas, nuevos préstamos de organismos internacionales, emisiones exitosas de bonos, renovación permanente de vencimientos (roll over) e ingreso sostenido de capitales. Ninguna de esas variables depende exclusivamente de la voluntad del Gobierno argentino, sino también de las condiciones financieras internacionales, de las tasas de interés, del contexto geopolítico y del apetito de los mercados. Cuando se presenta como una certeza lo que en realidad constituye una expectativa, se corre el riesgo de confundir una estrategia con una expresión de deseo.
Lo verdaderamente preocupante es que, alcanzado cierto umbral, la deuda comienza a expandirse de manera casi autónoma: cada refinanciación incorpora nuevos intereses, cada préstamo incrementa los vencimientos futuros y cada postergación traslada el problema hacia adelante con una carga mayor. El Estado puede dejar de generar déficit primario y, sin embargo, continuar atrapado por un stock de deuda cuyo crecimiento es impulsado por los intereses acumulados y la necesidad permanente de refinanciar vencimientos. En esas condiciones, el equilibrio fiscal sigue siendo indispensable, pero deja de ser suficiente.
La verdadera sustentabilidad exige construir una economía capaz de generar divisas genuinas mediante inversión productiva, exportaciones con mayor valor agregado e innovación tecnológica. Sin desarrollo económico, toda estabilización termina dependiendo del financiamiento externo, y cuando un país depende permanentemente del crédito para pagar el crédito anterior, deja de administrar la deuda y comienza a ser administrado por ella.
Por eso ha llegado el momento de abrir un debate institucional que el país viene postergando desde hace décadas y que no puede seguir difiriéndose bajo el argumento de la urgencia coyuntural(*). Así como el Congreso debate todos los años el Presupuesto Nacional, también debería debatir periódicamente una estrategia integral de administración y reducción de la deuda externa. Entre las herramientas posibles podría crearse un Fondo Fiduciario Nacional de Recompra de Deuda Pública, con administración profesional, control parlamentario y absoluta transparencia, orientado a recomprar bonos cuando coticen por debajo de su valor nominal y a destinar ingresos extraordinarios (provenientes de recursos naturales, superávits fiscales o concesiones) a reducir progresivamente el stock de pasivos. La lógica debe invertirse, en los períodos favorables, el Estado debe fortalecer su patrimonio en lugar de aumentar estructuralmente el gasto.
La deuda externa no puede seguir siendo un asunto exclusivo del Poder Ejecutivo ni de los mercados financieros, porque por su magnitud y por el impacto que proyecta sobre varias generaciones de argentinos debe convertirse en una política de Estado debatida democráticamente, sometida a controles institucionales y sostenida con continuidad más allá de los cambios de gobierno.
Porque una nación verdaderamente soberana no es la que nunca toma deuda, sino la que sabe administrarla con prudencia y evitar que condicione su destino. La verdadera independencia nacional solo comienza cuando la deuda deja de gobernar a la política y es la política (respaldada por instituciones sólidas y una visión de largo plazo) la que vuelve a gobernar la deuda.
Noel Eugenio Breard - Senador Provincial UCR.
