Cristina Fernández de Kirchner nunca deja librado un movimiento al azar. Aun cuando las posibilidades de éxito sean remotas, cada iniciativa responde a una lógica política que trasciende el expediente puntual. La reciente presentación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde pretende ser reconocida como víctima de la Justicia argentina, forma parte de esa estrategia. Sin embargo, como ocurre con frecuencia en política, los objetivos perseguidos no siempre coinciden con los resultados obtenidos.
Mientras intenta instalar internacionalmente la idea de una persecución judicial, Cristina enfrenta un desafío mucho más cercano y trascendente: la disputa por el liderazgo del peronismo bonaerense. Allí aparece Axel Kicillof, un dirigente cuya relación con la ex presidenta sintetiza como pocas las contradicciones del kirchnerismo.
Durante años fue el discípulo predilecto, el funcionario de máxima confianza y el heredero natural de un proyecto político. Hoy representa otra cosa. Sin romper completamente con Cristina, el gobernador dejó de reconocerla como conductora indiscutida. El gesto más evidente fue negarse incluso a visitarla en San José 1111, una actitud que en el universo kirchnerista tiene un peso político mucho mayor que el de una simple descortesía. Ese desaire es una herida abierta que Máximo Kirchner se ocupa de recordar cada vez que encuentra la oportunidad.
Kicillof, mientras tanto, construye poder propio. Reunió a un importante grupo de intendentes peronistas que ven en él una alternativa de conducción para la etapa que viene. Del otro lado permanece La Cámpora, la principal herramienta política de Cristina, conducida por su hijo, que conserva otro conjunto significativo de municipios y mantiene bloqueada la actividad legislativa bonaerense, donde el gobernador dispone de escasa influencia. La ofensiva incluye el permanente hostigamiento de Sergio Berni y Mario Ishii hacia la vicegobernadora Verónica Magario, en una disputa que tiene como objetivo inmediato desgastar a Kicillof y como meta estratégica disputar La Matanza, el distrito electoral más importante del país.
La paradoja es evidente. Cristina sigue siendo una figura de enorme gravitación, pero ya no expresa al conjunto del peronismo. Representa una parte de ese espacio político, concentrada principalmente en el Conurbano bonaerense. Conserva, eso sí, dos herramientas decisivas para cualquier negociación futura: el control del Partido Justicialista y de la Junta Electoral nacional. Es un poder considerable, aunque muy distinto del liderazgo indiscutido que ejerció durante años.
En ese contexto debe interpretarse también la presentación internacional de su caso judicial. La contratación del brasileño Rafael Valim, ex defensor de Luiz Inácio Lula da Silva, junto al español Javier Borrego, identificado con el partido Vox, revela que la prioridad es sostener el relato de una persecución política antes que la expectativa real de revertir la condena.
Las posibilidades de obtener un pronunciamiento favorable aparecen, objetivamente, muy reducidas. El Comité acumula miles de expedientes y suele demorar entre dos y tres años en resolverlos. Además, la denuncia llegó un año después de la condena y plantea argumentos difíciles de sostener, como cuestionar que la Corte Suprema estuviera integrada por tres miembros. Resulta llamativo que quien hoy presenta esa objeción no haya impulsado durante su propia vicepresidencia ninguna iniciativa concreta para completar el tribunal.
Pero el efecto político más inmediato tampoco parece favorecerla. Al reabrir la discusión sobre la integración de la Corte, Cristina termina ofreciendo argumentos que el presidente Javier Milei aprovecha para acelerar el nombramiento de nuevos jueces antes de que comience el calendario electoral de 2027. Al mismo tiempo, vuelve a ponerse en marcha el desfile de candidatos para ocupar esas vacantes, con nuevos nombres que empiezan a circular junto a los ya conocidos.
La política suele ofrecer estas ironías. Cristina busca reafirmar su liderazgo interno, consolidar el relato del *lawfare* y cuestionar la legitimidad de la Justicia que la condenó. Sin embargo, termina fortaleciendo la autonomía de Kicillof dentro del peronismo y aportando elementos que pueden facilitar la estrategia institucional del Gobierno nacional. En su intento por conservar centralidad, consigue mantener abierto el debate. Pero también acelera procesos que, lejos de devolverle el control, parecen profundizar la fragmentación del espacio político que alguna vez condujo sin discusión.
