Hay datos económicos que no necesitan de grandes explicaciones para generar preocupación. El registro de 72.525 nuevas demandas contra el sistema de riesgos del trabajo durante los primeros siete meses de 2026 pertenece a esa categoría. Si el ritmo se mantiene, el año podría terminar con unas 137.800 demandas, por encima incluso del récord de 134.141 registrado en 2025.
El problema no está solamente en la cantidad de expedientes. Lo verdaderamente inquietante es lo que esos números representan para quienes deben decidir si invertir, ampliar una planta, incorporar personal o poner en marcha un emprendimiento. Para una gran empresa, la litigiosidad laboral constituye un costo que puede ser cuantificado y administrado. Para una pequeña empresa, en cambio, un conflicto judicial de consecuencias inciertas puede convertirse en una amenaza mucho más difícil de absorber.
La reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei había generado precisamente la expectativa contraria: que un nuevo marco normativo contribuyera a reducir la judicialización y a otorgar mayor previsibilidad al sistema. Sin embargo, los primeros datos disponibles con la reforma vigente no muestran esa disminución. La litigiosidad permanece en niveles extraordinariamente elevados y ronda los 400 juicios diarios si se considera la evolución de los últimos doce meses.
La discusión no debería reducirse, entonces, a determinar quién tiene la culpa. La protección de los trabajadores frente a accidentes y enfermedades laborales es indispensable y forma parte de cualquier sistema económico que pretenda ser razonable. Pero también debería ser indiscutible que un régimen laboral necesita reglas previsibles, criterios homogéneos y decisiones judiciales que permitan conocer de antemano, con un margen razonable, cuáles serán las consecuencias económicas de contratar a una persona.
Cuando esa previsibilidad desaparece, la incertidumbre modifica conductas. El inversor grande puede postergar una ampliación. El empresario mediano puede descartar una nueva contratación. El pequeño comerciante puede decidir continuar con la estructura mínima que ya tiene. En todos los casos, el resultado es parecido: menos disposición a asumir el riesgo que implica generar empleo.
Ese es el punto que debería ocupar el centro de la discusión. La creación de puestos de trabajo no depende únicamente del nivel de actividad, de los impuestos o del acceso al crédito. También requiere que quien contrata pueda proyectar sus costos y conocer las reglas bajo las cuales deberá desenvolverse. Si cada incorporación supone una contingencia difícil de calcular, el empleo formal pierde atractivo precisamente cuando más se necesita ampliarlo.
El dato adquiere todavía mayor relevancia porque la tendencia no parece circunstancial. En 2024 se habían iniciado 126.055 demandas y en 2025 la cifra trepó a 134.141, un incremento del 6,4 por ciento. Ahora, la proyección para 2026 amenaza con establecer un nuevo máximo.
Frente a esta realidad, tampoco alcanza con sancionar nuevas leyes. Si el objetivo de una reforma era reducir la litigiosidad, habrá que evaluar por qué no está produciendo el efecto esperado. Desde el sector asegurador reclamaron una respuesta de la Justicia laboral y señalaron la necesidad de aplicar los criterios establecidos por la Corte Suprema.
Argentina necesita inversiones grandes, pero también necesita miles de pequeñas decisiones cotidianas de empresarios que se animen a contratar. Cada una de ellas depende de una expectativa básica: que trabajar, producir y emplear no se convierta en una apuesta de resultado imprevisible. Mientras los juicios sigan creciendo después de una reforma destinada a reducirlos, esa confianza seguirá pendiente de una respuesta.
