La independencia judicial vuelve a quedar en el centro de una discusión que el Gobierno no puede minimizar. Se trata de definir qué Justicia tendrá la Argentina y cuánto margen tendrá frente al poder político.
El Gobierno de Javier Milei llegó al poder con la promesa de transformar estructuras que durante décadas funcionaron con privilegios e ineficiencias. Sin embargo, en materia judicial, algunas decisiones despiertan una preocupación: que la eficiencia termine subordinada a la conveniencia política.
La frustrada propuesta para integrar la Corte Suprema y el avance de numerosas candidaturas para cubrir vacantes alimentan ese interrogante. El problema aparece cuando la idoneidad, la trayectoria y la independencia parecen quedar detrás de otros criterios.
Las controversias alrededor de determinadas postulaciones refuerzan esa impresión. También generan dudas las decisiones sobre la continuidad de magistrados que alcanzaron los 75 años, cuando casos similares reciben respuestas diferentes. En una República, la vara no puede cambiar según el apellido del juez, su relación con funcionarios o la sensibilidad política de las causas.
El caso de la Cámara Federal porteña resulta particularmente delicado. Se trata de un tribunal estratégico, porque sus integrantes revisan decisiones de los juzgados federales de Comodoro Py y pueden intervenir en expedientes de impacto institucional. Por eso, cualquier designación debería atravesar un examen riguroso y quedar a salvo de sospechas de favoritismo.
No alcanza con cumplir formalmente el procedimiento. Un concurso, una terna del Consejo de la Magistratura y un acuerdo del Senado son indispensables, pero no garantizan una Justicia independiente. Las instituciones necesitan credibilidad, y esta se pierde cuando la sociedad percibe que los mecanismos para despolitizar nombramientos terminan siendo utilizados para distribuir poder.
La experiencia argentina demuestra que cada gobierno puede sentirse tentado a utilizar la Justicia para resolver sus propias urgencias políticas. Pero esa tentación siempre tiene costos institucionales.
El Consejo de la Magistratura nació con la reforma constitucional de 1994 para limitar esa lógica. Su composición debía procurar equilibrio entre representantes políticos, jueces y abogados. Sin embargo, las sucesivas reformas lo convirtieron en un terreno de disputa partidaria. La modificación que alteró aquel equilibrio terminó siendo declarada inconstitucional por la Corte Suprema.
El Gobierno tiene ahora la oportunidad de corregir esa historia, no de repetirla. Reducir el número de consejeros o modificar la relación entre los distintos estamentos puede presentarse como una reforma administrativa, pero tendría consecuencias institucionales si vuelve a concentrar poder político.
Tampoco parece razonable reducir magistrados en los tribunales superiores para ganar eficiencia. La Justicia argentina necesita rapidez, pero no a costa de concentrar facultades decisivas en menos manos. Si existen demoras, habrá que revisar procedimientos, distribuir mejor los recursos y aprovechar la estructura administrativa disponible.
Comodoro Py concentra desde hace años un poder considerable. Esa concentración ha generado críticas de distintos signos políticos. La respuesta no debería reemplazar una influencia por otra, sino construir reglas que hagan menos relevante quién ocupa cada despacho.
La independencia judicial no es un privilegio de los jueces ni una bandera de la oposición. Es una garantía para todos, también para quienes gobiernan. Los funcionarios pueden ser investigados, las decisiones políticas pueden ser revisadas y los ciudadanos necesitan saber que existe un ámbito capaz de actuar sin recibir instrucciones.
El Gobierno debería entender que una Justicia independiente no es un obstáculo para las reformas. Es la condición que permite que esas reformas sobrevivan a los gobiernos que las impulsan. Pretender asegurarse tribunales favorables puede ofrecer ventajas inmediatas, pero deteriora una institución cuyo valor se mide precisamente cuando el poder necesita que nadie lo contradiga.
La República necesita jueces probos, idóneos e independientes. Y necesita que sus nombramientos sean transparentes. No alcanza con declarar que la política no debe intervenir. Hay que demostrarlo en cada decisión. Esa es la verdadera reforma pendiente.
