El Gobierno acaba de dar un giro que merece ser discutido mucho más allá del anuncio de nuevos créditos hipotecarios. Luis Caputo anunció que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES destinará hasta 2 billones de pesos para fondear a los bancos y facilitar préstamos para primera vivienda. El programa busca alcanzar a unas 18.000 familias y ofrecer créditos de hasta 30 años, con una tasa máxima de UVA más 7,5 por ciento. La primera licitación será por 200.000 millones de pesos.
La medida tiene una lógica económica atendible. El crédito hipotecario argentino sigue siendo reducido y el sistema bancario enfrenta un problema concreto: capta depósitos a plazos relativamente cortos, mientras debe financiar préstamos que pueden extenderse durante décadas. El nuevo esquema procura resolver ese descalce mediante recursos de mayor plazo y, al mismo tiempo, estimular la construcción, el empleo y el movimiento de la construcción.
Hasta allí, resulta difícil cuestionar el objetivo. Una economía que pretende crecer necesita crédito, inversión y un mercado inmobiliario capaz de generar actividad.
Pero precisamente aquí aparece el aspecto más llamativo del anuncio: para hacerlo, el Gobierno recurre al FGS.
Durante buena parte de su gestión, el oficialismo sostuvo una concepción según la cual el Estado debía intervenir menos, reducir al mínimo la asignación discrecional de recursos y permitir que los precios y las decisiones privadas determinaran dónde debía dirigirse el capital. Ahora, ante la necesidad de reactivar el crédito hipotecario, el Estado vuelve a intervenir y utiliza un activo público.
No es necesariamente un problema que una administración cambie de criterio. Lo problemático es que el cambio expone una tensión entre el discurso y la práctica: cuando aparece un sector considerado estratégico, el Estado deja de ser un espectador y pasa a actuar como financiador indirecto.
Y hay una diferencia fundamental respecto de cualquier otro fondo público. El FGS no es simplemente una caja disponible para impulsar una actividad económica. Su función está vinculada con la sustentabilidad del sistema previsional y fue concebido como un respaldo para afrontar situaciones económicas adversas. En junio, el fondo tenía activos por 123,4 billones de pesos.
El Gobierno sostiene que no está regalando ese dinero: el FGS colocará depósitos a plazo en los bancos y recibirá una remuneración. No corresponde afirmar que los 2 billones serán gastados o que desaparecerán de las cuentas previsionales.
Pero tampoco corresponde presentar la operación como si careciera de riesgo. El patrimonio previsional será utilizado para financiar una política de crédito de largo plazo. Si la inversión obtiene la rentabilidad esperada, el Estado habrá conseguido movilizar recursos sin deteriorar el fondo. El riesgo, sin embargo, debe ser asumido y medido.
Esa pregunta importa porque detrás del FGS están las jubilaciones actuales y futuras. Cada decisión sobre sus activos debería tener como prioridad preservar su valor. Convertirlo en una herramienta de política económica puede ser justificable, pero exige controles, transparencia y una evaluación del riesgo.
La Argentina necesita crédito hipotecario. Necesita construcción y empleo. Necesita que una familia pueda imaginar la posibilidad concreta de comprar una vivienda. Pero esa necesidad no debería convertir los recursos previsionales en una fuente de financiamiento cuyo riesgo quede naturalizado.
El dato central no es menor: se está tomando un patrimonio previsional para resolver una dificultad de financiamiento en la Argentina que hoy afecta a los bancos y al mercado inmobiliario.
El verdadero giro del Gobierno no está solamente en haber anunciado una línea hipotecaria. Está en haber reconocido, implícitamente, que para reactivar determinados sectores el mercado necesita del Estado.
Eso puede ser sensato. Lo que no puede ser sensato es que el costo de esa intervención quede sobre quienes menos margen tienen para absorberlo: los jubilados de hoy y los trabajadores que esperan serlo mañana.
