El fracaso de la reunión del Consejo del Salario no es solamente una mala noticia para trabajadores y empleadores. Es también una señal preocupante sobre la forma en que la política argentina está procesando sus diferencias. Cuando una instancia creada para buscar acuerdos termina vaciada por las partes y el Gobierno queda en condiciones de fijar el salario mínimo por decreto, el problema excede la discusión sobre una cifra: revela la debilidad del diálogo como herramienta de la democracia.
La CGT y las CTA decidieron retirarse del encuentro con empresarios y funcionarios. Del otro lado, el Gobierno sostiene su propuesta de llevar el ingreso mínimo a 1.070.000 pesos, mediante bonos o sumas fijas no remunerativas que complementen los aumentos surgidos de las paritarias. Puede discutirse la eficacia de esa fórmula, su impacto sobre el poder adquisitivo o sus consecuencias sobre las relaciones laborales. Lo que resulta más difícil de defender es que la mesa de negociación pierda su sentido antes de encontrar un punto de entendimiento.
El Consejo del Salario debería ser, precisamente, el ámbito donde posiciones enfrentadas puedan acercarse. No necesariamente para que todos queden satisfechos, sino para que las diferencias sean procesadas mediante argumentos, propuestas y concesiones. Si los representantes de los trabajadores abandonan la discusión y el Poder Ejecutivo responde con una decisión unilateral, el mecanismo institucional queda reducido a una formalidad.
La Argentina necesita recuperar la capacidad de conversar incluso cuando las posiciones parecen incompatibles. El problema es que en los últimos años la política ha convertido con demasiada frecuencia la confrontación en una demostración de identidad. Cada sector parece necesitar mostrar que no cede, porque interpreta cualquier acuerdo como una derrota propia. Esa lógica puede servir para alimentar discursos y fortalecer liderazgos internos, pero difícilmente sirve para resolver problemas concretos.
El Gobierno tampoco debería sentirse cómodo con esta situación. Gobernar por decreto puede ser legal en determinadas circunstancias, pero no debería convertirse en el reemplazo habitual de la negociación. Un Ejecutivo que pretende transformar la economía y modificar estructuras necesita construir previsibilidad. Y la previsibilidad no se consigue solamente con normas: también requiere reglas compartidas y actores que reconozcan los acuerdos alcanzados.
Las centrales sindicales, por su parte, tienen una responsabilidad que no desaparece por cuestionar las políticas oficiales. Representar a los trabajadores implica defender salarios y condiciones laborales, pero también participar de los ámbitos institucionales donde esas demandas pueden ser planteadas. Retirarse de una mesa puede ser una herramienta de presión, pero cuando se transforma en una conducta recurrente termina debilitando el espacio que debería utilizarse para negociar.
El resultado es un círculo poco saludable: posiciones cada vez más duras producen menos diálogo; menos diálogo genera decisiones más unilaterales; y esas decisiones alimentan nuevas posiciones duras. Mientras tanto, trabajadores, pequeñas empresas y familias quedan atrapados en una disputa política que no pueden resolver.
El salario mínimo no es una cuestión menor ni un simple número. Es una referencia para millones de personas y un indicador de las condiciones sociales de un país. Por eso, su definición merece algo más que pulseadas políticas.
Argentina no necesita que Gobierno y sindicatos piensen igual. Necesita que puedan sentarse, discutir y eventualmente ceder. La democracia no se fortalece cuando una parte abandona la mesa y la otra decide sola. Se fortalece cuando existen instituciones capaces de obligar a todos a permanecer en la conversación. En tiempos de extremos, recuperar esa práctica sería un signo de madurez política. Y también una forma concreta de evitar que el desgaste de la confrontación termine pagando siempre la sociedad.
El desacuerdo es inevitable, pero la ruptura no lo es. Las instituciones pierden legitimidad cuando no producen acuerdos y son escenarios de exhibición de fuerza. El desafío es recuperar la negociación antes de que la confrontación se vuelva costumbre.
